Martes 22 de marzo de 2011
José Luis de la Cruz Gallegos*
El Universal
Como anticipamos, la propuesta de reforma fiscal del PRI ha generado más dudas que certezas sobre la capacidad que tendrá para generar mayores ingresos al sector público. De acuerdo con la estimación realizada por el gobierno, su implementación representaría una reducción de la recaudación por 220 mil millones de pesos, de los cuales 126 mil millones serían atribuibles a una menor captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En los días por venir veremos un fuerte debate, en donde los reformistas deberán demostrar, con datos más precisos, el por qué a ellos las cuentas les dan números diferentes. La cuestión no es algo menor. De acuerdo con la propuesta, los nuevos ingresos deberían ser positivos y en una cantidad que supere el 1.5% como proporción del PIB.
La discrepancia entre las cuentas de Hacienda y las del PRI es por casi 450 mil millones de pesos, una cantidad que bien vale la pena aclarar.
La primera debilidad de la reforma puede verse en su propia génesis. Su presentación se dio de manera informal, más en un terreno político que en uno económico.
Con un ánimo de conducir el debate se adelantaron los tiempos, anunciándose una propuesta que todavía tardó semanas en ver la luz, muy probablemente porque no estaba definida. Lo anterior generó expectativas que no se cumplieron cuando finalmente se conoció completa.
Otra falla
Una segunda falla se tiene en su orientación. Se mencionó que era recaudatoria, y que para ello se bajarían los impuestos, tanto el ISR como el IVA. Sin lugar a dudas que lo anterior tiene una contradicción inicial, y es la que versa en cómo con tasas menores se puede alcanzar una mayor captación de recursos. La tarea de Hacienda fue fácil, con un escenario básico y seguramente estático, es decir sin contemplar modificaciones en el crecimiento económico, en la inversión, en la generación de empleo, en el aumento del consumo u otros posibles beneficios de menores impuestos, la dependencia realizó una proyección de qué pasaría con la recaudación si se bajan los impuestos, los resultados evidentemente son negativos.
La falla de la propuesta es no haber incluido un escenario macroeconómico de cómo su planteamiento podría aumentar los ingresos fiscales vía el crecimiento y el desarrollo del mercado interno. Al no realizarlo dejan un flanco que es difícil de cubrir. La duda que de manera natural surge es sobre sí realmente tienen alguna simulación de lo que pasaría con la economía mexicana al aplicarse los cambios.
El tercer yerro versa justamente en que al final se buscó cuadrar una reforma que sea recaudatoria con una disminución de impuestos sin que se tuviera una presentación integral de un nuevo modelo de desarrollo económico, en donde el gasto de gobierno debe de reducirse y la generación de empresas con empleos bien remunerados debe impulsarse. La creación de empleo depende de las empresas, sin su existencia no hay forma de que las personas se beneficien del crecimiento económico, y que a partir de ello se consuma más. Lo descrito implica nuevas inversiones, creación de nuevos negocios y mayores contribuciones fiscales. Todo ello quedo fuera de la lógica de la propuesta, básicamente porque tiene una visión recaudatoria y no de desarrollo.
Lo anterior lleva a la reforma laboral. Su orientación es la misma que en campaña presentó el actual titular de del Poder Ejecutivo: flexibilizar el mercado laboral. Esto significa poder contratar y despedir a los trabajadores en base a las necesidades de las empresas. En realidad la propuesta lo único que hace es formalizar algo que ya se da en México: empleo con pocas o nulas prestaciones, informal, que no es de tiempo completo y con bajos salarios. En otras palabras se busca legalizar el empleo precario, algo de lo que más daña a la economía nacional, y que próximamente abordaremos.
*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México
