jueves, 4 de agosto de 2011
miércoles, 3 de agosto de 2011
martes, 2 de agosto de 2011
AVISO
LES INFORMAMOS QUE EL DIA DE MAÑANA 3 DE AGOSTO DEL 2011 SERÁ LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS PARA LA ELECCIÓN DEL SUBCOMITE DIV. TOLUCA A LAS 5 P.M. DE LA TARDE EN NUESTRO RECINTO SINDICAL.
EN CUMPLIMIENTO CON NUESTROS ESTATUTOS Y CONTINUAR CON LA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE NUESTRO EMPLEO , ES IMPORTANTE PLASMAR NUESTRA FIRMA PARA EL REGISTRO DE LAS MISMAS Y DEMOSTRAR NUESTRA UNIDAD COMBATIVA.
FRATERNALMENTE
" POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR"
SME DIV. TOLUCA
Servicio deficiente de CFE y la creacion de la nueva empresa.
Política Nacional - Mini comentarios
Lic. L. René Martínez Souvervielle Rivera
Lic. L. René Martínez Souvervielle Rivera
Un grupo de Diputados Federales, la mayoría del PRI y otros del PRD, publicaron recientemente en periódico nacional, su oposición a la forma imperativa y arbitraria, en que la CFE estipula, modifica y cobra el consumo domestico de la electricidad, nadie dando la cara para explicar, con un servicio deficiente y sujeto a corruptelas.
El Congreso de la Unión, puede resolver la situación monopólica que ejerce la CFE, en toda la República, con facultades omnímodas, en perjuicio de las clases económicamente más necesitadas, con efectos desastrosos para su exigua economía.
Tenemos conocimiento, que el sindicato mexicano de electricistas, SME, esta buscando el apoyo del Congreso de la Unión para instrumentar otra empresa estatal para la generación y distribución de la energía eléctrica.
El SME, aguerrido, que se resiste a morir, está dando margen a que puedan contemplarse otros horizontes y otras alternativas.
Quizá fuera éste el momento, para que el Congreso de la Unión, de inicio, el crear otra empresa estatal para generar y distribuir energía eléctrica, para romper la exclusividad de la CFE. Y la posibilidad además de crear otras sendas empresas de estado para generar energía con fuentes limpias, como es la solar y la eólica. Se incrementaría la competencia, en su conjunto, la eficiencia en su operación individual, se generarían empleos y el suministro a la población a un menos costo.
El segundo diálogo del Castillo de Chapultepec
La JornadaLuis Hernández Navarro
Martes 2 de agosto de 2011
Martes 2 de agosto de 2011
En muy poco ayuda al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) el balance injustificadamente optimista que algunos dirigentes hacen del diálogo que sostuvieron con el Poder Legislativo en el Castillo de Chapultepec. Es comprensible que quienes conducen una movilización social quieran magnificar sus conquistas. No lo es que fuercen la realidad hasta extremos caricaturescos.
En un desplante verbal sin sustento alguno, un día después del diálogo, Emilio Álvarez Icaza publicó en El Universal una reflexión en la que aseguró: “Hay elementos para pensar que la gente recuperó al Congreso de la Unión y que éste puede recuperar la confianza de la ciudadanía”.
¿De verdad la gente ya recuperó al Congreso? ¿Será que ahora sí el Legislativo puede recuperar la confianza de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Porque el MPJD se reunió con ese poder y algunos legisladores accedieron de palabra a algunas de sus demandas? ¡Por favor!
Apenas un día después del escrito de Álvarez Icaza, José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo desmintió y dijo que será en septiembre cuando el Congreso de la Unión ofrezca una respuesta concreta a los compromisos adquiridos.
Por lo pronto, no hay ninguna garantía de que el Congreso vaya a cumplir con los puntos verbalmente aceptados por algunos legisladores. En la reunión se negaron a firmar cualquier compromiso, argumentando que el verdadero capital de un representante popular es su palabra. ¿Acaso ya se olvidó lo que sucedió con los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde quedó la iniciativa de la Cocopa –avalada por los legisladores– a la hora de la verdad?
Álvarez Icaza ha amenazado que, en caso de incumplimiento, el MPJD se cobrará la afrenta en las urnas. ¿De verdad? El MPJD es una movilización social ejemplar. Ha logrado en muy poco tiempo grandes conquistas, visibilizando el costo humano de una guerra absurda y fallida. Ha sentado a dialogar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión. Ha impactado a la opinión pública, pero no la ha organizado. El MPJD no tiene, por lo pronto, ni la capacidad organizativa ni la convocatoria para presionar electoralmente a los partidos. ¡Ojalá y la tuviera!, pero no es así. El que diga lo contrario está blofeando. Y la clase política política lo sabe.
Buen ejemplo de la inutilidad de este tipo de chantajes es la movilización en favor del voto en blanco de los pasados comicios federales. ¿Dónde quedó? En ningún lado. La protesta, legítima como fue, no pudo transformarse en un movimiento sino, apenas, en una explosión de malestar sin continuidad. Desapareció una semana después de las elecciones.
Unos días antes del segundo diálogo del Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia y un grupo de tuiteros se presentaron en el Congreso para presionar por la aprobación de la reforma electoral. Los medios registraron la iniciativa. El número de asistentes fue muy reducido. Quedó demostrado que una cosa es circular mensajes en las redes sociales y otra convocar ciudadanos a la acción, y que las redes sociales son utilizadas por todo mundo. Nadie representa a los tuiteros. Los políticos profesionales tienen tuiteros contratados para hacer labor en favor suyo en la red. La fuerza de Twitter en la política en México hoy en día está, en parte, en el enigma de quiénes son sus integrantes. Cuando algunos de ellos llaman a la ciudadanía a salir a las calles y su convocatoria fracasa, les sucede lo que a los enmascarados en la lucha libre: una vez descubierto su rostro pierden su magia y su encanto.
Más allá del impulso social que lo anima, el gran mérito del MPJD en el encuentro con el Congreso de la Unión fue aprovechar las contradicciones internas de los partidos en el Congreso. Manlio Fabio Beltrones tiene interés en que la reforma política aprobada por el Senado camine, pero la Cámara de Diputados, controlada por los legisladores afines a Enrique Peña Nieto, se opone. Josefina Vázquez Mota está en plena carrera por la postulación presidencial de su partido. Armando Ríos Piter, el coordinador de los diputados del PRD, que antes de desembarcar en el sol azteca perteneció al PRI y luego al PAN, necesita construirse un capital político propio y apoyar a su candidato Marcelo Ebrard. Todas esas contradicciones fueron adecuadamente utilizadas por el movimiento. Pero no van a durar. Los síes de los legisladores el 28 de julio tienen fecha de caducidad.
En septiembre deberá discutirse el informe presidencial y, más adelante, se tendrá que aprobar el presupuesto para 2012. La sucesión presidencial entrará a una fase definitiva. Personajes claves del actual Congreso estarán ya en otra cosa y en otro lado. El Legislativo podrá aprobar, sin demasiados problemas, algunas de las demandas del movimiento que no cuestionan mayormente la actual guerra contra el narcotráfico, pero lo más probable es que dejará de lado las centrales.
El segundo diálogo del Castillo de Chapultepec permitió dar al movimiento de las víctimas un gran paso adelante. El discurso inicial de Javier Sicilia puso las cartas sobre la mesa y señaló culpables y responsabilidades sin ninguna ambigüedad. Nuevamente, la voz de los afectados sonó fuerte. Sin embargo, todas esas conquistas se empequeñecen con el discurso triunfalista sin sustento de algunos de los dirigentes del movimiento.
El que algunas personas digan haber recuperado la confianza en diputados y senadores no significa, ni mucho menos, que la ciudadanía lo haya hecho. No hay una sola evidencia de que así sea. Y una valoración así no es un asunto de anteojeras ideológicas.
El investigador Javier Zúñiga advierte que el país está al borde de la “represión sistematizada”
Desapariciones forzadas en México, al nivel de las cometidas en dictaduras: AI
Añade que ese delito se convierte poco a poco en el crimen perfecto, pues ninguna autoridad lo investiga
La sociedad es obligada a “tolerarlas”, con el argumento del combate al crimen
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de agosto de 2011, p. 5
El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una “situación similar” en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.
El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.
También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.
Medio siglo de Amnistía Internacional
Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.
En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los “avances” en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un “principio incuestionable”.
Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un “reto” de cara al futuro: luchar contra la “desaparición forzada” de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe “la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto”, pues la mayoría de los casos quedan “impunes” y ni siquiera se abren diligencias.
De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde “al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80”.
El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de “tolerar” esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que “esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur”.
En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.
“Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo”, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. “Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días”, añadió.
En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.
Añade que ese delito se convierte poco a poco en el crimen perfecto, pues ninguna autoridad lo investiga
La sociedad es obligada a “tolerarlas”, con el argumento del combate al crimen
Armando G. Tejeda Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 2 de agosto de 2011, p. 5
El director de investigación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), el mexicano Javier Zúñiga, advirtió hoy que el país podría vivir una “situación similar” en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas. El prestigioso defensor también declaró que el país está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con especial gravedad en los hechos probados por desaparecidos a manos de militares.
El mexicano Javier Zúñiga ha investigado y documentado las violaciones a los derechos humanos en el mundo por más de 30 años, en este caso para Amnistía Internacional (AI). En ese periodo ha vivido de primera mano las experiencias dramáticas de las guerras civiles de Centroamérica, Colombia y varios países del llamado cuerno de África.
También ha sido un observador de México, con los históricos problemas de impunidad, corrupción y abusos de las autoridades desde la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.
Medio siglo de Amnistía Internacional
Zúñiga participa en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, en el que se analizan los 50 años de vida de AI, titulado El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.
En el contexto de su conferencia 1961-2011. 50 años de Amnistía Internacional, Zúñiga expuso una cruda situación general en el mundo, en el que prevalecen una serie de prácticas recurrentes a pesar de los “avances” en materia de defensa de los derechos humanos, convertido hoy día en un “principio incuestionable”.
Javier Zúñiga se mostró especialmente preocupado por un “reto” de cara al futuro: luchar contra la “desaparición forzada” de personas en América Latina, sobre todo en México, donde existe “la tentativa de los gobiernos de cometer el crimen perfecto”, pues la mayoría de los casos quedan “impunes” y ni siquiera se abren diligencias.
De hecho, el investigador de AI citó varios casos concretos ocurrido en el país en los que las fuerzas armadas fueron las presuntas autoras de uno de los crímenes considerados de lesa humanidad por la jurisdicción internacional. Como lo que se documentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde “al parecer, y esto es muy grave, ha habido una política que no necesariamente está sancionada a los más altos niveles y que consiste en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur en los años 80”.
El relator del prestigioso organismo reconoció que en una situación de enfrentamiento y encono como la que vive México, la sociedad es susceptible de “tolerar” esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero advirtió que “esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de derechos humanos en el cono sur”.
En México existe el peligro de que haya esa reacción de la población en demanda de seguridad y que, paradójicamente, esté en favor de la inseguridad creada por el Ejército, lo que “nos puede llevar en una espiral descendente a un escenario muy preocupante.
“Hay fotografías, pruebas, que ponen en evidencia la llegada de personas desaparecidas a bases militares, al menos en Nuevo Laredo”, explicó Zúñiga, quien reclamó de nuevo al gobierno de Felipe Calderón, como ya hizo hace apenas dos meses en una entrevista con La Jornada, que aplique políticas públicas de lucha efectiva contra este tipo de delitos. “Las macropolíticas sobre derechos humanos son efectivas, pero no hay que olvidar que son los individuos los que sufren, a los que hay que prestar atención, y la lucha por sus derechos es una batalla que se libra todos los días”, añadió.
En este encuentro participan otros ponentes, como Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional y de dicho seminario; José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, o los profesores Hernando Valencia y María Cristina Corredor, también expertos en defensa de los derechos humanos.
lunes, 1 de agosto de 2011
RAYUELA
Qué triste. En la medida en la que crecen las utilidades de las empresas contratistas, crece la pobreza extrema, aun lo niegue cuanto lo niegue el señor Calderón.
Gravísima responsabilidad
La jornada
Jorge Carrillo Olea
Lunes 1º de agosto de 2011
Entre las negras cosechas que la guerra calderoniana heredará está la depreciación de las instituciones. La procuración de justicia y la seguridad pública están en el fondo del pozo de lo impresentable, por más alegatos siempre inteligentes pero nunca sustentables de Alejandro Poiré.
De acuerdo con el todavía proyecto de ley de seguridad nacional, las fuerzas armadas seguirían el mismo rumbo. Se les pretende dotar de tal cauda de atribuciones claramente inconstitucionales que las pone al borde del delito en cada comisión que su comandante supremo en su creciente vesania les endose, y al país dicha ley lo ubica muy próximo al estado de sitio.
Un país nunca estará más cerca de la barbarie que cuando sus órganos de justicia, de seguridad y sus fuerzas armadas están al capricho de un absolutista. De esto dan prueba el michoacanazo y el tema Jorge Hank. De ambos pagó pesada factura el buen nombre del Ejército. Inventar delitos, testigos y sentencias se antojaba propio del África de Idi Amín o de los pasados tiranos latinoamericanos, sostenidos por sus envilecidas fuerzas armadas.
Ahora parece que tales leyendas pueden ser una realidad mexicana, de aprobarse como está el proyecto de esa ley. El Presidente está dispuesto a llegar a lo que sea para bloquear al PRI; ello es gravísimo, pues entrañará violencia contra movimientos políticos y sociales que la endosará a las fuerzas armadas. Con ello, Calderón terminará su tarea de destructor de las fortalezas nacionales.
Es innegable que en el pasado ya casi remoto las fuerzas armadas han sido usadas para la represión de movimientos políticos y sociales, eso no puede ser soslayado. Pero a partir de ese reconocimiento debe decidirse que tales excesos no volverán. Venturosamente ya habían pasado sexenios en que las acciones militares para enfrentar descontentos sociales habían ido a la baja y eso reconociendo ese peculiar brote que fue Chiapas.
Tal tendencia, tan de acuerdo con la democracia anhelada y buscada, era una satisfacción. Ahora vamos marcha atrás. México desea unas fuerzas armadas acordes a su democracia en construcción. Las grandes democracias tienen en su ejército timbres de honor, de orgullo, de confianza y simpatía. Nosotros vamos exactamente contrario sensu.
No se trata de que las decisiones militares sean sometidas a votación; sería tonto. Democratizar las fuerzas armadas significa darles un marco legal claro, actual e insertado en la ética política. Significa que tengan una feliz relación con la sociedad, producto de su transparencia, de su fidedigna y auténtica relación con el Poder Legislativo, recordando el papel de éste como controlador del Ejecutivo. Unas fuerzas armadas democráticas son las que están abiertas a la sociedad, que no engendran misterios y menos dudas o temores. Que saben que el deber de obediencia no es ciego, que no debe reñir con la legalidad.
La Ley de Disciplina previene cómo deberá ser la conducta del militar. Particularmente el artículo 14 dispone: “Queda prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Ante esto y mucho más, su comandante supremo, el presidente Calderón, no sólo hace caso omiso, sino que pareciera que ha recibido el mandato de que hay que usar a las fuerzas armadas cómo para lo que sea, sin ver que el mal estructural que les produce será dificilísimo de revertir.
Me consta cómo personal de menores jerarquías habla despectivamente de su comandante supremo; cómo encuentran inexplicable aquello a lo que se les obliga. Cierto es también que abundan los que, con pagas ya satisfactorias y cierto sentido belicoso, ven en su posible entrada en combate una íntima realización. Malo que quienes por su mayor antigüedad, jerarquía y estudios pensaran igual.
Qué falta ha hecho un programa –en todos los ejércitos en operación existe– para convencer, justificar y exaltar en las tropas la razón patriótica de las tareas de cada día, aun la posibilidad de morir. Es inexplicable la omisión, porque ese recurso del ejercicio de mando, como fortalecer la autoestima individual y colectiva, se estudia en las escuelas superiores.
Así nos encontramos con que algunas de las instituciones más preciadas en toda sociedad civilizada y democrática, en México están en riesgo de ser desdeñadas. Antes de proseguir con el proyecto de ley de seguridad nacional, ¿por qué no se ha reflexionado en esto? Habría respuestas: El Presidente no tiene un deber formal por el que entender el fondo de tales situaciones, no es su profesión. Sus secretarios de Estado, de Defensa y Marina, sí.
Ellos tienen el deber de valorar y resolver cómo se manejan las tropas. Dentro hay una propensión preocupante al deterioro moral, profesional y la creciente percepción de rechazo social a su presencia. Una depresión colectiva ya endémica, que en el medio se llama “fatiga de combate”, trastorno que se evidencia como un síndrome de estrés y repulsión al combate. ¿Qué explicaría el creciente número de suicidios?
Hoy sucede como en aquella funesta reunión de principios de esta administración en que se ordenó desatar la guerra. Quienes debían llamar a una reflexión, a pedir un brevísimo tiempo para calcular el cómo y los alcances de la orden, callaron. Un día asumirán saber qué es connivencia. Cada vez se habla más de una “comisión de la verdad” en el próximo sexenio y los presuntos involucrados ya se sienten indiciados.
Ellos conocen el peso del término “estrategia”, que nunca ellos ni nadie han conocido expresada en un documento comprensible. Tal estrategia por sus alcances debería ser un documento que mañana sería público, pues de existir sería histórico. Imposible, pues la estrategia fueron sólo palabras. Mañana se justificará con que es información de seguridad nacional. Así seguiremos yéndonos a pique. Es por esta actitud anticipada que el tema de la comisión de la verdad toma relevancia. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países han sabido llamar a cuentas a sus violadores de derechos humanos. México no puede ser la excepción.
Con esos silencios abyectos de quienes sí saben lo que pasa y sus consecuencias se concreta la culpabilidad. Los errores de la “estrategia” por nadie conocida en lo concreto son carga del Presidente, pero la distorsión institucional e histórica de los cuerpos militares y policiacos es responsabilidad ética y técnica de sus jefes; ellos saben muy bien lo que pasa y hacia dónde vamos como país de seguir por el camino de la transgresión de la ética política, de la ley y del bien hacer a que las fuerzas armadas estaban acostumbradas.
Hoy, los movimientos sociales en México
La Jornada
Víctor Flores Olea
Lunes 1º de agosto de 2011
A estas alturas se discute a fondo lo que parecía una verdad indudable: que el proletariado era el sujeto por excelencia de la revolución, sin desconocer que la clase obrera sigue siendo (entre otros) uno de los motores” fundamentales del cambio revolucionario.
Pero en los últimos años (hace un par de décadas) ha surgido un hecho nuevo que se sitúa en buena medida en las antípodas de la tesis anterior y que es la aparición de los movimientos sociales que incluso se afirman hoy, potencialmente, como la amenaza más grave al sistema capitalista. Los movimientos sociales involucran directamente a la comunidad general en los procesos políticos, insistiendo en que la democracia efectiva sólo existe donde la sociedad está presente, es decir, cuando el gobierno está realmente en manos del pueblo, es por el pueblo y para el pueblo. Los movimientos hacen ver públicamente que los poderosos transgreden con demasiada frecuencia los valores, las tradiciones e intereses de la comunidad, lo cual “revela” la distancia entre los discursos oficiales (la publicidad y la propaganda) y los reales intereses del pueblo.
De ahí que un aspecto esencial de los movimientos sociales sea denunciar las mentiras y mitologías del poder. Cuando eso ocurre, y se hace posible la movilización de la opinión pública (como en el caso de Javier Sicilia), disminuye la resistencia de quienes sostienen el orden establecido, que con frecuencia se sitúan en la fila de las concesiones (el orden de la represión en México hoy llevaría a situaciones inconcebibles). En realidad, los movimientos sociales aparecen cuando los miembros de una comunidad deciden que es indispensable cambiar ciertos aspectos de la misma y convocan al resto de la sociedad a lograr solidariamente tales cambios. Tal fue el caso de la lucha feminista, por ejemplo. Todos los movimientos sociales se proponen lograr un cambio en la sociedad, una modificación en sus relaciones de fuerza y una alteración del destino del grupo. Ningún movimiento social es políticamente ingenuo.
También es importante recordar que en los últimos 15 o 20 años, sobre todo en América Latina, los movimientos sociales democráticos y antisistema ayudaron definitivamente a derrotar a las tiranías militares implantadas y a sus sostenedores económicos y políticos (incluso Estados Unidos). Al tiempo que han aparecido nuevas fuerzas sociales en favor de la democracia que profundizan los cambios (movimientos de los barrios pobres, de las mujeres, de los campesinos sin tierra, de los desempleados y, desde luego, los movimientos indígenas).
Aquí surge una pregunta central: ¿los movimientos sociales pueden cambiar las sociedades sin la “toma del poder”, como sostiene John Holloway en su libro Change de world without taking power (2002), quien afirma que los movimientos sociales pueden significar cambios profundos en el sistema y condicionar el uso y dirección del poder? Algunos opinan que esta idea de “cambiar el mundo sin tomar el poder” sería sobre todo una versión libertaria del marxismo autoritario.
En su libro, Holloway examina las características y efectos sobresalientes de los movimientos sociales de los años noventa y primeros del nuevo milenio, tomando la rebelión zapatista de 1994 y la movilización de Seattle de 1999 como puntos de referencia. Comienza por reconocer que tales movimientos lucharon por un cambio radical, pero en términos y por vías diferentes a los de las luchas revolucionarias anteriores que se proponían inmediatamente la toma del poder. Cita, por ejemplo, Holloway a los zapatistas, diciendo que la gran cuestión para los revolucionarios del EZLN ha sido la transformación continua del mundo que los rodea, “y en cierta forma haber perdido la certeza de que el camino está predeterminado”. Lo que significa, en otros términos, que la revolución es un cuestionamiento sin fin y no una respuesta. “Repensar la revolución significa cuestionar durante la marcha misma, durante el proceso, acerca del significado y pertinencia de nuestros actos, sin pretender contar de antemano con respuestas ya acabadas.”
Nunca fue tan obvio, agrega Holloway, “que el capitalismo es un desastre y que no es disparatado pensar que podría llevarnos a la aniquilación humana. Todos los intentos de cambiar la sociedad mediante el Estado o de la toma del poder han fracasado hasta hoy… Entonces piensa que la única opción para replantear el cambio social radical de otra manera es por conducto de una forma que no vincule la revolución con la toma del aparato estatal, sino que plantee, precisamente, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esto implica replantear el significado del poder, el significado del pensamiento revolucionario y de la tradición marxista”.
Lo anterior, naturalmente, a propósito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, que ya en dos ocasiones ha abierto el Castillo de Chapultepec, primero para hablar con el Presidente y después con los jefes de los sectores partidarios del Congreso. Y que ha logrado que lo escuchen sectores importantes de la ciudadanía. Pero ahora la pregunta es: ¿se propone realmente su movimiento cambiar, o modificar de manera importante, la estructura de los poderes en México? ¿O se limita simplemente a que la nación reciba “un nuevo trato” en el terreno de la confrontación antinarco y anexos? Conste que esto sería ya extraordinariamente importante, pero ¿el prestigio logrado no conduce necesariamente a ese movimiento, en alianza con lo mejor de la sociedad mexicana y de los partidos, a ensanchar sus miras hasta considerar un cambio mexicano profundo y de verdad histórico?
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