¿Qué hacer con los recibos “locos” de consumo?

La Jornada.
Antonio Gershenson
Miércoles 28 de diciembre de 2011

Las tarifas de energía eléctrica no se resuelven sólo modificando el montón de tarifas existente. Hay cambios, de un bimestre a otro, que pueden aumentar cinco o 10 veces. La cantidad de personas afectadas por este problema es enorme. Va más allá de lo racional.

La persona que atiende al público, simplemente exige que se pague (tenga el consumidor ese dinero, o no), y si no, se corta la luz. También es irracional. Ya ha habido colonias enteras que se sublevan contra del intento de cortar.

Mientras no haya de plano un cambio de gobierno, la solución racional (en tiempo de Luz y Fuerza del Centro había que hacer colas y demás, pero se iba armando una solución a los recibos “locos”) debe incluir personal externo a esas “órdenes de arriba” y con instrucciones muy diferentes de las actuales. Este personal diferente del actual debe tener los conocimientos necesarios.

En primer lugar, se deben analizar los recibos sucesivos, a ver si tenían un secuela lógica de un bimestre al otro. Por supuesto que si ahí está la solución, se resuelve.

En segundo lugar, se rastrean los recibos y se ve de dónde vino el error, para corregirlo de raíz. El sistema de cómputo también puede tener errores.

Hay que liquidar el sistema “automático” operado por una empresa privada, y donde ya se haya instalado, retirarlo e instalar un medidor nuevo, pero no “automático”. Este tipo de medidor hace mucho más difícil, si no es que imposible, lograr soluciones como las que proponemos.

Se deben ir registrando todos los errores registrados. A partir de esto, se deben identificar los errores de gran escala, para eliminarlos.

Es posible que los “errores” sean deliberados, pues no ocurren a favor del consumidor, sino siempre en su contra.

Una vez que se vayan detectando los “errores”, hay que identificar de quién o de quiénes vinieron, pues es muy posible que el dinero extra vaya a bolsillos selectos.

Además del problema de los recibos “locos”, se debe cambiar la estructura de las tarifas. En primer lugar, está la DAC, Doméstica de Alto Consumo. El cobro, ya con IVA, es de más de 4 pesos por kilovatio hora (kWh en el recibo). La tarifa doméstica normal cambia mucho, pero un caso intermedio costará poco más de un peso por kWh, así que la diferencia es enorme. Esto facilita el que haya saltos en los recibos, de un bimestre a otro.

No se trata sólo de que sea cara. Es fija, o sea que una residencia de superlujo paga lo mismo por kWh que alguien a quien le colaron, o se le coló, la DAC. Esta tarifa debe ser eliminada, y usar otra forma, escalonada y no fija, de cobrar a los de verdaderamente alto consumo.

Además de este caso, se debe simplificar la estructura de tarifas en general. Y revisar posibles tarifas de privilegio.

Las tarifas también deben cumplir la función de garantizar un importante ingreso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y para que alcance, es preciso que se vayan eliminando, o se eliminen, los gigantescos pagos que esta entidad hace a empresas privadas a cambio de la electricidad generada con gas.

También se debe ir eliminando el contratismo para todo, que es muchísimo más caro que cuando la CFE llevaba a cabo las obras y otros trabajos con su propio personal. El costo de los contratos y de las obras será más caro aquí que en otro país, porque aquí incluye mordidas y similares.

La corrupción ha, también, propiciado que se compre a las trasnacionales electricidad a costa del uso racional del agua de las presas para generar electricidad, y a costa de generar inundaciones.

Es mucho lo que hay que cambiar, pero por lo pronto señalamos elementos muy nocivos que no deben permanecer.

antonio.gershenson@gmail.com

Hasta la victoria Compeñeros !!!!!!!!

Mensaje de Martín Esparza Flores, Secretario General del SME. 23 diciembre 2011

Más de 13 mil quejas contra la CFE

Siguen los cobros locos en recibos de la Comisión Federal de Electricidad. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la mayoría de inconformidades se refieren a la negativa de la paraestatal a corregir errores de cálculo. Por ejemplo, el consumo mensual de Lourdes Guillén Flor pasó de 250 a 3 mil pesos. A Sara Sánchez Galván (en la imagen) le exigen cubrir 36 mil pesos por cuatro meses .

José Antonio López

Represión: fracaso del Estado

La Jornada.
Adolfo Sánchez Rebolledo
Jueves 15 de diciembre de 2011

Cuando un gobierno es incapaz de atender las demandas de un pequeño sector de la población sin recurrir a la represión, estamos en el deber y en la obligación de señalar el fracaso del Estado para cumplir con el cometido que el siglo XXI le asigna. Cada vez que la fuerza pública sacrifica la vida de un ciudadano cuyo delito no es sino el de requerir, con tino o sin él, el cumplimiento de sus derechos, México retrocede al abismo y algo muy importante se quebranta en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Hubo un tiempo en que, para imponerse como poder autónomo, el Estado ejerció sin contemplaciones la violencia legítima” con el objetivo inmediato de suprimir las oposiciones, es decir, todos aquellos conflictos que a juicio de los gobernantes ponían en riesgo la estabilidad nacional. Mientras, la autoridad fomentaba las reformas que, en teoría, debían mejorar la situación de las clases desposeídas y repartir los manes del desarrollo. Esa era la esencia del viejo presidencialismo revolucionario, la raíz de su condición a la vez paternalista y autoritaria que, dicho sea de paso, impidió crear una sociedad y una cultura más igualitaria.

El movimiento estudiantil de 1968 puso a prueba el principio de autoridad y la validez de ese arreglo, y por ello fue aplastado sin misericordia, pero ya nada sería igual para el Estado de la Revolución institucional. El movimiento actualizó el tema de la democracia y si bien se iniciaba un nuevo ciclo histórico, tuvieron que pasar años y grandes sacrificios para alcanzar algunas metas democráticas, logradas tan despacio –y tan a modo de los intereses privilegiados– que la transición se pierde en el tiempo, como algo inacabable, que se despliega al modo larvario, dentro del cascarón autoritario donde se incuba y a veces es devorada.

La constitución de un nuevo sujeto, es decir de ciudadanos, partidos, instituciones, aunados por una misma cultura política fundada en el respeto mutuo y la tolerancia sin desmedro de la pluralidad, se llevó a cabo sin un gran acuerdo nacional, arrancando paso a paso los pequeños avances legales y dejando islotes intocados del viejo autoritarismo. Poco a poco se acepta la igualdad en las formas, pero a cambio se profundiza la desigualdad real en la sociedad. En vez de la vieja ideología en crisis, se construye una visión donde se sacraliza la ilusión modernizante, las fantasías de una clase dirigente volcada a servir como peón de brega en el tablero general de la globalización.

A la naciente democracia se le recortan las alas populares; se le impone la camisa de fuerza de una reforma del Estado excluyente que cede la iniciativa a las elites, se observa como un contrasentido la expresión directa de las mayorías, cuyos intereses quedan a la deriva, sin representación directa, mientras se estigmatiza el conflicto entre “la calle” y el Congreso, pero a pesar de todo ya no se puede matar estudiantes impunemente en nombre de la paz pública: casi no queda espacio político y moral para la coartada que suele lanzar contra las víctimas el peso de la prueba, la asunción de la responsabilidad final resumida en el inmisericorde “ellos se lo buscaron” que puebla la mente estrecha de una franja que, en nombre de la seudomodernidad, demuestra su cínica sensibilidad y pide mano dura.

Al colapsarse los instrumentos de la mediación y la ley para resolver los problemas entramos –o no dejamos de estar– en los territorios próximos a la barbarie. Tal vez en otro país tal afirmación pudiera parecer aventurada, pero en México, con 50 mil muertos sin rostro y sin nombre, no podemos darnos el lujo de hacer como si el asesinato de estudiantes a manos de policías fuese un dato más en la ignominiosa estadística de la vergüenza. Si es insostenible la represión como recurso para “solucionar” un conflicto educativo como el planteado por los normalistas de Ayotzinapa, más lo es cuando la autoridad confunde la protesta social con los hechos delictivos y, por tanto, merece un trato semejante o peor al que se le da a la delincuencia. Podrán decir lo que quieran; que si hubo una provocación, que si la responsabilidad directa es de esta o aquella policía, pero lo cierto es que hubo ineptitud para controlar la situación. Y ahora, no obstante la ausencia de profesionalismo demostrada, lo estamos viendo, habría que añadir el oportunismo ilimitado que ya busca hacer de la tragedia un elemento activo de la campaña presidencial, sin respeto alguno por las víctimas.

El fracaso del Estado mexicano (no de un gobierno o de un partido) en este punto se puede medir también por la incapacidad que se ha probado con creces para enfrentar la cuestión de fondo que subyace en esta tragedia: la pobreza, el atraso secular de una región que ve pasar programas de ayuda sin que se produzca el cambio estructural que los aleje de la violencia en cualquiera de sus formas. En lugar de ajustar a las necesidades del desarrollo humano actual las normales rurales, creadas por Cárdenas para servir de palancas del progreso social en regiones rurales olvidadas, la autoridad, alentada por la indigna dirigente del magisterio, procura asfixiarlas. ¿Porqué en lugar de gastar ingentes recursos en ayudas focalizadas no se ha desplegado en La Montaña el plan integral con el que soñaron Othón Salazar y otros luchadores sociales guerrerenses, es decir, un proyecto que de veras multiplique y potencie los esfuerzos de las comunidades para mejorar productiva y socialmente, dándole a la educación el sitio que merece y hoy, por desgracia, no tiene? ¿Por qué, pese a la atención federal Guerrero no se transforma y, por el contrario, se convierte en botín de los productores de amapola y otros cultivos ilícitos? ¿Por qué satanizar en ese contexto la abandonada enseñanza normalista rural sin ofrecerle la oportunidad de servir aprovechando lo que les queda de la tradición originaria: la fidelidad al pueblo del que surgen? Detrás de las balas asesinas está el desprecio clasista, la inquina discriminatoria, la cultura autoritaria que subyace bajo la máscara democrática. Eso es lo que debe cambiar. Pero se olvidan de la historia.

Marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas ¡ HASTA LA VICTORIA COMPAÑEROS !

INFORME DEL SRIO. GRAL MARTÍN ESPARZA FLORES EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN 14-12-2011.

SME Marcha 97 aniversario 14dic11

¡¡¡ 97 AÑOS DE LUCHA !!!

Luto en la Normal Rural de Ayotzinapa

Alumnos normalistas, líderes magisteriales y miembros de organizaciones de derechos humanos de Guerrero realizaron una marcha silenciosa por Chilpancingo, que incluyó una parada en el palacio de gobierno, en repudio del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes. Los manifestantes demandaron castigo para los responsables.

Foto Pedro Pardo

¡¡NO FALTES!!

“Muchachos acusadores...”

La jornada
Jorge Camil
 Diciembre de 2011

Así les llamó Gerardo Laveaga, defensor de Felipe Calderón en la demanda entablada por 23 mil 700 personas (hoy 27 mil) ante la Corte Penal Internacional. Reconoció que si Calderón quisiera llevar su infundada reconvención a los tribunales mexicanos el tema no sería penal sino civil. Con eso descartó a la PGR, el espantapájaros utilizado para amedrentar a los denunciantes, como en los mejores tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. (Surgieron en esa amenaza reminiscencias de Lecumberri” y del “Campo Militar Número Uno”: subterráneos de terror donde confinaban a los “muchachos” del 68, aunque algunos, como Heberto Castillo, ya no fuesen tan “muchachos”. Ese es el caso de los 23 mil denunciantes, menospreciados por Javier Lozano como “abajo firmantes”, aunque incluyan a un ex procurador general de la República y a un ex ministro de la Suprema Corte.)

Laveaga, abogado del establishment, califica a los activistas sociales como “muchachos”. Más comedido que el monstruo de Tlatelolco, que se refería a ellos en privado como “hijos de la chingada, parásitos chupasangre, pedigüeños, cínicos, ¡carroña!”. Con igual vehemencia Lozano calificó a quienes ejercieron un legítimo derecho como “ruines, ignorantes y oportunistas”. Se incorporó sin más a la defensa como abogado oficioso de Calderón, promoviéndose como “buen abogado... para responderles como merecen”. Es escalofriante comprobar que en esta desahuciada administración se están reviviendo fantasmas autoritarios del pasado.

Lo inaudito vendría después. Durante una reunión de las comisiones que dictaminan la miscelánea penal, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, propuso un nuevo capítulo sobre terrorismo que se le escapó a Díaz Ordaz. Su proyecto pretende castigar con penas de 40 años a quienes “presionen a la autoridad (…) para tomar una determinación” (bit.ly/vwcq65). Con esa indignante y burda medida convertía a los “muchachos acusadores” en “terroristas”. Algunos analistas salieron en defensa de Calderón. Afirmaron que no era asesino ni violador de derechos humanos. Él no mató ni torturó; no ordenó secuestros, ni violaciones, ni desapariciones. Afectados de memoria selectiva olvidaron que es comandante en jefe del Ejército, y pretendieron aliviarlo totalmente de culpa afirmando que los militares intervinieron “a petición de las autoridades locales”. Eso coincide curiosamente con la defensa que había comenzado a montar Alejandro Poiré: ¡ustedes pidieron al Ejército!

En aras de una campaña “amistosa”, Enrique Peña Nieto, hoy contrito lector de la Biblia, opinó que la denuncia no tenía “sustento” alguno, porque el mandatario tiene obligación “irrenunciable” de enfrentar al crimen organizado, y ésta “no se puede inhibir o coartar con denuncias” (bit.ly/vqvWoP).

En este galimatías de memoria selectiva todos olvidan que se le advirtió a Calderón oportunamente el peligro de sacar a los militares a la calle. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch explicaron el riesgo que corrían los derechos humanos, y mencionaron ejemplos palpables de otros países. Algunos analistas, como el que escribe, definimos la guerra de Calderón en 2010 como “guerra civil”, cuando se contaban únicamente 15 mil muertos: bit.ly/nU9aAy. Hoy llevamos 50 mil. Alguien debe detener la barbarie.

El lamentable percance en el que perdió la vida José Francisco Blake Mora impidió comentar con detalle el devastador reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado dos días antes. El título mismo es una acusación inequívoca contra la estrategia de Calderón. No deja lugar a dudas: “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Dibuja el desaliento que se ha adueñado del país. Después de los 50 mil muertos, y de la entrega a pedazos de nuestra soberanía, uno de los más prestigiados organismos internacionales nos viene a recordar lo que nos negábamos a reconocer. Que nos hemos quedado sin nada: sin seguridad y sin protección a los derechos humanos.

No logramos detener la violencia, ni el trasiego de drogas, ni la importación de armas de alto poder. Se fomentó la militarización. Tampoco detuvimos el narcomenudeo, así que las drogas llegaron a nuestros hijos. El ominoso subtítulo del reporte, “Ejecuciones, desapariciones y tortura”, nos recuerda que ese es el legado de la “guerra de Calderón”, como HRW la llama invariablemente entre comillas.

Una de las conclusiones es alarmante: reconoce que existe una política de seguridad pública, pero que fracasa seriamente en dos aspectos. No ha logrado reducir la violencia y ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos. La consecuencia es inevitable: “en vez de fortalecer la seguridad pública, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

Las instrucciones en 2006 parecen haber sido: “fuego a discreción”. Sin objetivos, sin control de las fuerzas federales y sin clara estrategia de salida.

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Misa en el Auditorio del SME 12 Diciembre 2011