lunes, 28 de noviembre de 2011
El enjuiciamiento que viene
PROCESOJulio Scherer Ibarra
26 de noviembre de 2011
26 de noviembre de 2011
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Octavio Gómez
La cauda de víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado arrastra innegables responsabilidades. La decisión unilateral de iniciar una espiral de violencia tiene consecuencias para quien la tomó y para quienes la ejecutaron. En el ordenamiento jurídico nacional están claramente identificadas las de carácter administrativo, civil y penal. Esta es, en resumen, la tesis que expone Julio Scherer Ibarra en su libro de reciente aparición El dolor de los inocentes (Grijalbo, 2011), obra de la que –con autorización del autor y de la editorial– se reproducen aquí fragmentos de la Introducción y del Capítulo 4: “Las responsabilidades”
Los inocentes (sobre todo las madres, las embarazadas y los niños) ya hacen sentir su presencia en el trasfondo de la guerra iniciada por Felipe Calderón hace cuatro años y medio. A decir de algunos, murieron a consecuencia del azar; pero ocurre que el azar es un presente cargado de historia. Ciertamente no fueron casuales la presencia de las Fuerzas Armadas de México en la batida contra el crimen organizado ni la respuesta de los delincuentes a la movilización en su contra. Las personas que han muerto o desaparecido desde el comienzo del conflicto son la cifra incierta de una guerra que ha traído zozobra e incertidumbre al país.
Hoy nadie es capaz de predecir si la guerra se prolongará en el fragor de la refriega terrible o si se apaciguará, poco a poco o de manera súbita. Este libro, en su simple descripción de los hechos, lleva, sin embargo, a una conclusión: la de que tarde o temprano, antes o después, la voz acusadora de los muertos del “azar” y los desaparecidos que no reaparecen habrá de resonar en la República con el clamor de que se haga justicia y se actúe contra los responsables de su tragedia.
Los antecedentes los conocemos todos: después de los comicios del año 2006 y la llamada “guerra sucia” que los caracterizó, plagada de abusos y francos desacatos a las leyes electorales,1 Felipe Calderón Hinojosa se lanzó contra el crimen organizado, y, especialmente, contra el narcotráfico. En esta guerra vio la oportunidad de acreditarse como un patriota que, desde la Presidencia de la República, velaría como nadie por la seguridad del país. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, recurrió al Ejército y la Marina para luchar contra los cárteles de la droga.
Sin embargo, el tiempo demostraría que el presidente, al comenzar su mandato, no tenía noción del conflicto descomunal que desataría en la República. De los cárteles nada sabía; del narcotráfico enquistado en las altas y bajas esferas del país tampoco tenía noticia. Pronto ofrecería el espectáculo lamentable del hombre que camina entre la bruma y regiría su actuación como gobernante en principios distantes de la descarnada política. En los hechos, afirmaría que la violencia se combate con la violencia y que a la postre habría de ganar el más fuerte, en este caso, el Estado. (Extracto del texto que se publica esta semana en la edición 1830 de la revista Proceso, que ya está en circulación)
La pobreza entre los pobres
La Jornada.
Arturo Balderas Rodríguez
Lunes 28 de noviembre de 2011
De acuerdo con el censo más reciente en Estados Unidos, la pobreza continúa en ascenso y con ella la desigualdad en el país cuya economía es con mucho la más poderosa en el planeta. En los albores del siglo XXI, al mismo tiempo que la poderosa maquinaria de producción estadunidense genera riqueza también crea cada vez más pobres.
Dieciseis por ciento de la población total del país está en niveles de pobreza. Quiere decir que aproximadamente 49 millones de personas viven en una clara situación de desventaja económica con relación a sus conciudadanos. Por extensión, y por desgracia, según un estudio de la organización PEW, aproximadamente 29 por ciento de las personas que viven en la pobreza son de origen latino, de los cuales la mayoría son de procedencia mexicana. Las razones son diversas. Según un estudio presentado en la reunión de la Asociación Americana de Sociología, en 2002, la pobreza afecta más a este sector porque tiene que emplear una parte sustancial de su salario para pagar los servicios médicos y medicinas, y también porque la mayoría de ellos vive en California, uno de los estados del país en donde la vivienda es más cara.
El número de pobres entre quienes son originarios de México seguramente es mayor debido a que muchos de ellos no son incluidos en el censo. En un caso porque carecen de domicilio fijo y no hay forma que los encuestadores los incluyan en las estadísticas. En el otro, porque, en su calidad de indocumentados, no quieren que el gobierno sepa de su existencia. Algo de lo que tampoco dan cuenta las estadísticas son los niveles de pobreza entre los pobres. Uno de los indicadores que se toma en consideración para determinar el nivel de pobreza es el ingreso familiar. Como es sabido, los trabajadores indocumentados perciben salarios invariablemente menores al mínimo estipulado en la ley. Esto quiere decir que esas familias tienen un nivel aún más bajo que la mayoría de las que forman parte del estrato de los pobres.
El efecto de la crisis económica y el desempleo en Estados Unidos ha sido el empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, pero más aún de quienes están en la base de la pirámide. No hay que ser muy perspicaz para imaginar que esta situación afecta aún más a los pobres más pobres. En este caso está buena parte de los indocumentados que proceden del sur del río Bravo. Tal vez lo más dramático es que en países como México las estadísticas demuestran que la pobreza es aún más terrible; en otras palabras, se habla de miseria. Cuando los responsables de la conducción económica del país dicen que México “está blindado” contra la crisis, seguramente lo hacen desde los reductos en los que vive el estrato privilegiado de quienes reciben la parte del león de la riqueza y organizan maratones de caridad para poder comulgar sin dejo de culpa. Por ello, no sería extraño que protestas como la Primavera Árabe y la ocupación de Wall Street se repitan en nuestro país. Habrá que preguntar si serán también pacíficas.
Inseguridad e ineficiencia: hartazgo de la sociedad
La Jornada.
Simón Vargas Aguilar
Lunes 28 de noviembre de 2011
El pasado 24 de noviembre se dio a conocer a la opinión pública la novena Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, ejercicio estadístico realizado de manera conjunta por la asociación México Unido Contra la Delincuencia y la empresa especializada en estudios de mercado y opinión pública Consulta Mitofsky. Desde 2007, las citadas instituciones han presentado una serie de encuestas trimestrales con el propósito de mostrar cuál es la percepción de los mexicanos respecto de la seguridad, el combate al crimen organizado y la cultura de la legalidad, entre otros temas.
La encuesta, realizada durante octubre, señala en lo referente al apartado “percepción de inseguridad” que ocho de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad hoy es peor a la que se vivía un año; que el principal problema del país es la inseguridad, con 35 por ciento de las menciones, frecuencia que es mayor a la obtenida en este aspecto desde 2007.
En el apartado denominado “cercanía con el delito”, tres de cada 10 consultados afirman que ellos o algún familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses, mientras uno de cada cuatro ciudadanos indicó haber conocido a alguna de las personas que han fallecido por la guerra contra el narcotráfico.
En el renglón “cambio de hábitos”, 65 por ciento de los encuestados ha reducido el monto de dinero en efectivo que trae consigo; 57 por ciento prefiere no usar joyas; 45 por ciento ha decidido no salir de noche; 43 por ciento ha prohibido a sus hijos salir a la calle; 30 por ciento ha decidido no usar taxis, y 27 por ciento, dejar de hacer visitas a amigos o parientes.
En el capítulo “combate a la inseguridad” llama la atención que 44 por ciento de los mexicanos consideran que los operativos emprendidos por el gobierno federal han sido un fracaso. En ese sentido, 70 por ciento está de acuerdo en que el Ejército sea la institución que combata al crimen organizado; sin embargo, este porcentaje ha disminuido con respecto al de 2007, el cual se ubicó en 84 por ciento.
Al preguntar a los ciudadanos sobre si al final del sexenio el presidente Felipe Calderón ganará la guerra contra el crimen organizado, sólo 14 por ciento piensa que ello ocurrirá, mientras 44 por ciento de los encuestados se inclinan a pensar que las cosas seguirán igual y 30 por ciento que la situación incluso empeorará.
Sin embargo, llama la atención que sobre las propuestas para acabar con la violencia generada por el narcotráfico, 86.3 por ciento está de acuerdo con incrementar la presencia militar, 37.4 por ciento con permitir la presencia de agentes estadunidenses trabajando en México, 33.5 por ciento con legalizar las drogas y 32.6 por ciento considera como solución negociar o hacer pactos con las bandas del crimen organizado; de ese porcentaje 34.2 por ciento correspondió a la zona norte del país, 29.6 al Bajío, 35.2 a la zona centro y 29.5 al sureste.
Las cifras que arrojó la citada encuesta reflejan la dimensión real de la problemática de la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico; representa elementos que pueden ser entendibles en el contexto de una sociedad harta, que hasta la década pasada vivía en mejores condiciones; no obstante hoy, bajo la perspectiva de inseguridad, considera optar por soluciones como la negociación o el pacto con los criminales, lo cual significaría la capitulación del gobierno y de la sociedad misma, al reconocer que es imposible ganar la lucha contra el narcotráfico.
En los últimos años se han llevado a cabo diversos ejercicios de diálogo y consultas entre el gobierno y la sociedad organizada, mediante los cuales se han planteado diversas soluciones a esa problemática del país; no obstante, solamente el crimen organizado ha logrado desarrollarse, generando un mayor nivel de violencia e incrementando el tráfico de estupefacientes, lo que en consecuencia ha intensificado la incertidumbre y la zozobra en la sociedad, con mayor incidencia en los estados fronterizos.
Hoy el crimen organizado amenaza también a la clase política, incluso a sus familias. Por ello, algunos gobernadores, como los de Sinaloa y Nuevo León, han optado por enviar a sus familias a Estados Unidos. Si los funcionarios prefieren exiliar a su primer círculo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Las consecuencias de no actuar a tiempo y de manera eficaz están teniendo un costo muy alto para el país.
*Analista en temas de seguridad y justicia
El “buen engaño”
La Jornada.John M. Ackerman
Lunes 28 de noviembre de 2011
Lunes 28 de noviembre de 2011
La semana pasada Felipe Calderón convirtió la fiesta cívica de reconocimiento a la gran valentía del pueblo mexicano de 1910 en otro pretexto para enaltecer el militarismo y el consumismo. El 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue marcado por un ostentoso desfile militar y opacado por el abusivo despliegue mediático del llamado buen fin. Una vez más, los ciudadanos y el interés público fueron relegados a segundo plano.
El buen fin no fue diseñado para “mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas”, como señaló de manera engañosa la propaganda, sino para ayudar a los grandes empresarios a deshacerse de sus inventarios y apoyar políticamente a Calderón. Los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (http://bit.ly/sBOkVB) son elocuentes: solamente 60 por ciento de los que acudieron a tiendas en el Distrito Federal se beneficiaron de alguna oferta o promoción y, entre ellos, 30 por ciento manifestó que el buen fin “no cumplió con sus expectativas”. Es decir, únicamente 40 por ciento de los consumidores estuvieron satisfechos, y la insatisfacción seguramente fue mayor en otras zonas donde el poder de compra es menor que en la capital.
Esta desilusión surge de que gran parte de las “promociones” no incluyó reducción alguna de precios, sino solamente facilidades de pago hasta de 48 meses, muchas veces con elevadas tasas de interés. Los que realmente se aprovecharon del buen fin fueron los bancos, las instituciones de crédito y las grandes tiendas que ahora tendrán un flujo constante de pagos mensuales y podrán cobrar de manera despiadada comisiones y sanciones a sus nuevos clientes cada vez que se les dificulte la entrega de sus cuotas.
La organización El Poder del Consumidor ha puesto el dedo en la llaga al comentar que “el objetivo central [del buen fin] es aumentar las ventas y reducir los inventarios de las empresas, más que beneficiar a los consumidores”, ya que “contribuye a poner en riesgo [su] situación financiera”. Una investigación de campo conducida por CNNExpansión también concluyó que “los consumidores consideran que las verdaderas ganadoras [del buen fin] son las tarjetas de crédito y los bancos”.
Se da, entonces, nueva significación al propósito de la Iniciativa México, convocante destacado del fin de semana de compras, de “pasar del México del no se puede al México del sí se pudo”. Este salto aparentemente se cumplirá con el endeudamiento generalizado de la población. Con estos apoyos, las familias mexicanas finalmente “pudieron” adquirir nuevos televisores y sentirse más “clasemedieros” que nunca. Pero en realidad se esclavizan aún más a los poderes oligopólicos que controlan la economía y la política nacional, ya que tendrán que trabajar horas extras en ínfimas condiciones para saldar sus deudas.
El buen fin también tiene una clara intencionalidad política. Un aumento artificial de compras en 2011 generará una burbuja financiera que permita a Calderón anunciar nuevos números de supuesto “crecimiento” económico a principios de 2012 en plena campaña presidencial. Asimismo, una población endeudada y acosada por los bancos es más tímida y menos dispuesta a apoyar cambios políticos radicales. Esto beneficiará al proyecto político del PAN, que en 2012 hará todo lo posible por asustar a la población con una política de miedo: “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”, será su verdadero lema de campaña.
El 20 de noviembre de 1999 Vicente Fox anunció su propósito de remplazar la celebración del Día de la Revolución por el “día del Plan Puebla-Panamá” como símbolo de la supuesta “modernización” del país. Hoy, Calderón va más allá y ni siquiera plantea un nuevo proyecto de supuesto desarrollo económico, que Fox siempre enfocaba desde una lógica depredadora y colonial, sino recurre al puro consumismo y al endeudamiento social como motores de la economía nacional.
Lo que los ciudadanos mexicanos realmente necesitamos no son más “ofertas” engañosas, sino una verdadera reducción de los precios de los bienes de consumo a partir de una desarticulación del oligopolio empresarial que controla el país. Nuestro país ha recibido una calificación reprobatoria de 3.5 (de un total de siete puntos) en materia de política antimonopolios por parte del Foro Económico Mundial. Esta concentración económica es la causa de que hoy en México pagamos 200 por ciento más que en Estados Unidos por cemento y telefonía fija y 150 por ciento más en tarjetas de crédito, créditos bancarios, teléfono celular y otros productos. También existen serios problemas de competencia y de precios elevados para los productos más básicos, como leche, huevo, tortilla y pan.
Por fortuna, la conciencia crítica perdura a pesar de los múltiples embates desde el poder que quisieran desaparecer el espíritu revolucionario del pueblo Mexicano. En lugar de planear el siguiente buen fin, mejor habría que dirigir la mirada hacia propuestas mucho más efectivas que reducirían directamente los precios y aumentarían los ingresos de la población.
Twitter: @JohnMAckerman
domingo, 27 de noviembre de 2011
viernes, 25 de noviembre de 2011
Quebranto por $1,300 millones en la CFE; implicados, funcionarios y jueces de Sinaloa
Denuncian director de la paraestatal y la SFP “red de corrupción”; ya hay tres detenidos
Obligaron a la empresa a hacer pago indebido a campesinos representados por coyotes, afirman
Periódico La Jornada
Elizabeth Velasco C.
Jueves 24 de noviembre de 2011
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió un nuevo quebranto a su patrimonio, “el de mayor cuantía”, por más de mil 300 millones de pesos, causado por una red de corrupción compuesta por 22 funcionarios de la paraestatal, 18 jueces del estado de Sinaloa y 20 peritos independientes.
Los funcionarios de la paraestatal laboraban bajo la responsabilidad del director de operación, Néstor Moreno Díaz –prófugo de la justicia luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos–, y otros con el abogado de la CFE en la divisional noroeste, Francisco Rodríguez Retes, quien ya ha sido detenido como presunto responsable.
Fueron aprehendidos también José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación.
Las fianzas que se les impusieron van de 2.5 millones a 4.5 millones de pesos, sin que a la fecha puedan cubrirlas.
Así lo dio a conocer anoche el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega, junto con el director general de la CFE, Antonio Vivanco, y el subprocurador de delitos federales de la Procuraduría General de la República, Irving Barrios Mojica.
En conferencia de prensa realizada en la SFP, Vega refirió que los 60 involucrados en la red de corrupción operaron de forma tal que obligaron a la CFE al pago indebido de mil 320 millones de pesos a campesinos representados por coyotes, que emprendieron 232 juicios contra la paraestatal en demanda del pago de derechos de servidumbre (uso de su terreno para pasar líneas de conducción de energía eléctrica) en el estado de Sinaloa.
Detalló que ni las áreas jurídica ni de operaciones de la CFE, incluyendo la divisional noroeste, defendieron adecuadamente a la empresa, e incluso en algunos casos no hicieron defensa alguna contra las demandas.
“En 190 juicios se realizó el pago a los demandantes, pese a que prescribieron sus derechos; en 18, la autoridad judicial declaró rebeldía, porque los abogados no contestaron las demandas; en 184 no se realizó ninguna acción para impugnar las sentencias contra la CFE, y además se realizaron pagos de servidumbre sin documentación probatoria”, refirió el titular de la SFP.
En todos los casos, según se documentó, la CFE realizó pagos “muy superiores” al valor real de los terrenos, entre otras irregularidades.
Los juicios se iniciaron en Sinaloa, que de cuatro pasaron a 308, en 2006, y a más de 2 mil en 2007. Fue en 2008 cuando la CFE detectó que en la división noroeste se hicieron pagos fuera de la normalidad por concepto de juicios perdidos ante juzgados incompetentes, declaró el director general de la paraestatal, Vivanco Casamadrid.
Tras notificar a la SFP e iniciar las auditorías respectivas, la CFE presentó 131 denuncias penales ante la PGR, pues “se detectó que ciertos funcionarios de los jurídicos locales (de la CFE) actuaron irregularmente, en complicidad con los abogados demandantes y funcionarios del Poder Judicial de Sinaloa”.
Se detectó –dijo– que 97 por ciento de las sentencias no fueron impugnadas y los juicios civiles fueron conocidos y resueltos por jueces del fuero común, incluso fuera de su propia jurisdicción.
En éste que llamaron el daño “más relevante” al patrimonio de la CFE, han sido destituidos e inhabilitados por 10 años cinco funcionarios; ocho fueron multados por un total de 475 millones de pesos, y están por ser denunciados penalmente 11 servidores de la gerencia divisional noroeste y otros tres de las áreas centrales de la paraestatal, además de los tres detenidos.
jueves, 24 de noviembre de 2011
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