Vanguardia
Miguel Ángel Granados Chapa
11 Octubre 2011
Anoche se cumplieron dos años de que miembros del Ejército y de la Policía Federal penetraron por asalto a las oficinas e instalaciones del organismo público descentralizado Luz y Fuerza. Lo hicieron antes de que fuera impreso el Diario Oficial de la Federación donde insólitamente (la madrugada de un domingo) apareció un decreto presidencial, el que dio por terminadas las funciones de la antigua compañía eléctrica. Se trató, por consiguiente de una acción ilegal, del robo y despojo de una gran cantidad de bienes que pertenecían a una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El principal escenario de la ocupación policiaca ocurrió, ocurre todavía, en la sede de la dirección de LyF. Se trata del colosal edificio levantado por Mexican Light and Power, el consorcio canadiense cuyas operaciones fueron realizadas a partir de entonces por el Gobierno mexicano. Como corresponde a una acción violenta realizada con propósitos de rapiña, el inmueble quedó, en calidad de botín, en manos de la Policía Federal. La corporación lo ha usado como cuartel durante estos dos años, por la vía de los hechos.
Pero como vivimos en un Estado de derecho donde ninguna violación a la ley es admisible, aquella situación digamos que irregular va a adquirir su verdadera dimensión de servicio público cuando la SSP disponga que su fuerza policiaca allí acantonada se vaya a otra parte y se instale en su lugar, en cambio, el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como el órgano administrativo de prevención y readaptación social.
La SSP pagará 861 millones de pesos en la adquisición y adaptación del edificio. Los recursos para el traslado de dominio servirán para cubrir gastos y costos pendientes por la extinción de la empresa, que a dos años de su realización es un enorme fracaso, digamos que semejante, aunque con una dimensión y unas consecuencias mayores que las de la Estela de Luz, que debe ser dedicada ya no a la recordación patriótica para la que fue planeada, sino a tener presente la impudicia y abuso con que pueden ejecutarse obras públicas.
Desde que fue adquirida por el Gobierno Mexicana de Luz y Fuerza enfrentó el designio de su desaparición. Se estimó prudente, mediante diversos pasos y plazos, fundirla con la Comisión Federal de Electricidad, que a lo largo de casi 40 años además de su propio crecimiento aumentó sus operaciones mediante la absorción de pequeñas empresas eléctricas. Un factor que impidió la adopción de una medida de ese largo alcance fue la actitud del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fundado hace casi 100 años, construyó en ese lapso una doctrina sobre la materia, y conquistó posiciones y prestaciones laborales criticadas por quienes ignoraban su naturaleza y su origen.
Se llegó al punto de decretar la liquidación, combatida y hecha revertir por el SME. Para conseguir su desaparición, el Gobierno dueño de la empresa se convirtió en enemigo de la empresa. Fue agredida de varios modos, para dejarla en una postración que justificara su desaparición. La condenó a una política infernal en que se limitó su desarrollo, se provocó la obsolescencia, con lo cual se redujo su productividad y fue obligada a cubrir el costo de la energía que compraba a la CFE a un tarifa menor, fijada por Hacienda. Así hasta un negocio de Steve Jobs se frustra. Sobre todo si tiene a la mano un centro de imputación de responsabilidades, que en eso se convirtió el sindicato. Parece que nunca nadie pensó en que la empresa era dirigida por administradores gubernamentales, cuyos superiores podían exigirles cuentas y que su dinero era provisto por fuentes presupuestales que hubieran podido ser cegadas a fin de evitar el abuso atribuido al sindicato.
Lograda así la peor imagen del mundo, el SME fue durante 2009 el blanco de los denuestos y las mentiras de la propaganda oficial. Fue un alivio para la sociedad desinformada el saber, como se reiteró, que contaría con servicio de clase mundial, como el que presuntamente ofrece la CFE, a un mejor precio y sin las groserías en que sistemáticamente incurría el personal del SME.
Una pieza faltó en el diseño de esta maquinaria. El sindicato no sucumbió. Es verdad que la mayor parte de sus miembros obtuvieron una liquidación cuyo monto se fijó por encima de la ley. También es cierto que se les formularon promesas que resultaron engaños. En un ejemplo de reciedumbre humana y conciencia política, más de 16 mil de sus 44 mil integrantes resolvieron no ser indemnizados y forman parte del movimiento de resistencia sindical que los insta a recuperar su empleo, extremo que el frustrado candidato presidencial en que, sin la mínima autocrítica, quiso convertirse el Secretario del Trabajo pone en solfa como si la dignidad de uno solo de los resistentes no valiera más que la suya.
El sindicato no es una organización impoluta ni lo son sus dirigentes. Unos y otros han mostrado, sin embargo, una sintonía que los pone a salvo de las maniobras gubernamentales que quisieron no sólo destruir una porción del patrimonio nacional, sino también reducir a la nada a un gremio que se muestra imbatible, si bien capaz de vincularse de mejor manera con la sociedad. Ésta comprendería mejor la causa electricista, sin provocaciones que son inútiles. Pero no es un asunto de cortesías callejeras, sino de convicciones éticas. Los más groseros, los más desaforados electricistas que padecen dos años sin salario parten de una base ética más firme que la del funcionario que se quede con el botín.
