martes, 2 de agosto de 2011
lunes, 1 de agosto de 2011
RAYUELA
Qué triste. En la medida en la que crecen las utilidades de las empresas contratistas, crece la pobreza extrema, aun lo niegue cuanto lo niegue el señor Calderón.
Gravísima responsabilidad
La jornada
Jorge Carrillo Olea
Lunes 1º de agosto de 2011
Entre las negras cosechas que la guerra calderoniana heredará está la depreciación de las instituciones. La procuración de justicia y la seguridad pública están en el fondo del pozo de lo impresentable, por más alegatos siempre inteligentes pero nunca sustentables de Alejandro Poiré.
De acuerdo con el todavía proyecto de ley de seguridad nacional, las fuerzas armadas seguirían el mismo rumbo. Se les pretende dotar de tal cauda de atribuciones claramente inconstitucionales que las pone al borde del delito en cada comisión que su comandante supremo en su creciente vesania les endose, y al país dicha ley lo ubica muy próximo al estado de sitio.
Un país nunca estará más cerca de la barbarie que cuando sus órganos de justicia, de seguridad y sus fuerzas armadas están al capricho de un absolutista. De esto dan prueba el michoacanazo y el tema Jorge Hank. De ambos pagó pesada factura el buen nombre del Ejército. Inventar delitos, testigos y sentencias se antojaba propio del África de Idi Amín o de los pasados tiranos latinoamericanos, sostenidos por sus envilecidas fuerzas armadas.
Ahora parece que tales leyendas pueden ser una realidad mexicana, de aprobarse como está el proyecto de esa ley. El Presidente está dispuesto a llegar a lo que sea para bloquear al PRI; ello es gravísimo, pues entrañará violencia contra movimientos políticos y sociales que la endosará a las fuerzas armadas. Con ello, Calderón terminará su tarea de destructor de las fortalezas nacionales.
Es innegable que en el pasado ya casi remoto las fuerzas armadas han sido usadas para la represión de movimientos políticos y sociales, eso no puede ser soslayado. Pero a partir de ese reconocimiento debe decidirse que tales excesos no volverán. Venturosamente ya habían pasado sexenios en que las acciones militares para enfrentar descontentos sociales habían ido a la baja y eso reconociendo ese peculiar brote que fue Chiapas.
Tal tendencia, tan de acuerdo con la democracia anhelada y buscada, era una satisfacción. Ahora vamos marcha atrás. México desea unas fuerzas armadas acordes a su democracia en construcción. Las grandes democracias tienen en su ejército timbres de honor, de orgullo, de confianza y simpatía. Nosotros vamos exactamente contrario sensu.
No se trata de que las decisiones militares sean sometidas a votación; sería tonto. Democratizar las fuerzas armadas significa darles un marco legal claro, actual e insertado en la ética política. Significa que tengan una feliz relación con la sociedad, producto de su transparencia, de su fidedigna y auténtica relación con el Poder Legislativo, recordando el papel de éste como controlador del Ejecutivo. Unas fuerzas armadas democráticas son las que están abiertas a la sociedad, que no engendran misterios y menos dudas o temores. Que saben que el deber de obediencia no es ciego, que no debe reñir con la legalidad.
La Ley de Disciplina previene cómo deberá ser la conducta del militar. Particularmente el artículo 14 dispone: “Queda prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Ante esto y mucho más, su comandante supremo, el presidente Calderón, no sólo hace caso omiso, sino que pareciera que ha recibido el mandato de que hay que usar a las fuerzas armadas cómo para lo que sea, sin ver que el mal estructural que les produce será dificilísimo de revertir.
Me consta cómo personal de menores jerarquías habla despectivamente de su comandante supremo; cómo encuentran inexplicable aquello a lo que se les obliga. Cierto es también que abundan los que, con pagas ya satisfactorias y cierto sentido belicoso, ven en su posible entrada en combate una íntima realización. Malo que quienes por su mayor antigüedad, jerarquía y estudios pensaran igual.
Qué falta ha hecho un programa –en todos los ejércitos en operación existe– para convencer, justificar y exaltar en las tropas la razón patriótica de las tareas de cada día, aun la posibilidad de morir. Es inexplicable la omisión, porque ese recurso del ejercicio de mando, como fortalecer la autoestima individual y colectiva, se estudia en las escuelas superiores.
Así nos encontramos con que algunas de las instituciones más preciadas en toda sociedad civilizada y democrática, en México están en riesgo de ser desdeñadas. Antes de proseguir con el proyecto de ley de seguridad nacional, ¿por qué no se ha reflexionado en esto? Habría respuestas: El Presidente no tiene un deber formal por el que entender el fondo de tales situaciones, no es su profesión. Sus secretarios de Estado, de Defensa y Marina, sí.
Ellos tienen el deber de valorar y resolver cómo se manejan las tropas. Dentro hay una propensión preocupante al deterioro moral, profesional y la creciente percepción de rechazo social a su presencia. Una depresión colectiva ya endémica, que en el medio se llama “fatiga de combate”, trastorno que se evidencia como un síndrome de estrés y repulsión al combate. ¿Qué explicaría el creciente número de suicidios?
Hoy sucede como en aquella funesta reunión de principios de esta administración en que se ordenó desatar la guerra. Quienes debían llamar a una reflexión, a pedir un brevísimo tiempo para calcular el cómo y los alcances de la orden, callaron. Un día asumirán saber qué es connivencia. Cada vez se habla más de una “comisión de la verdad” en el próximo sexenio y los presuntos involucrados ya se sienten indiciados.
Ellos conocen el peso del término “estrategia”, que nunca ellos ni nadie han conocido expresada en un documento comprensible. Tal estrategia por sus alcances debería ser un documento que mañana sería público, pues de existir sería histórico. Imposible, pues la estrategia fueron sólo palabras. Mañana se justificará con que es información de seguridad nacional. Así seguiremos yéndonos a pique. Es por esta actitud anticipada que el tema de la comisión de la verdad toma relevancia. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países han sabido llamar a cuentas a sus violadores de derechos humanos. México no puede ser la excepción.
Con esos silencios abyectos de quienes sí saben lo que pasa y sus consecuencias se concreta la culpabilidad. Los errores de la “estrategia” por nadie conocida en lo concreto son carga del Presidente, pero la distorsión institucional e histórica de los cuerpos militares y policiacos es responsabilidad ética y técnica de sus jefes; ellos saben muy bien lo que pasa y hacia dónde vamos como país de seguir por el camino de la transgresión de la ética política, de la ley y del bien hacer a que las fuerzas armadas estaban acostumbradas.
Hoy, los movimientos sociales en México
La Jornada
Víctor Flores Olea
Lunes 1º de agosto de 2011
A estas alturas se discute a fondo lo que parecía una verdad indudable: que el proletariado era el sujeto por excelencia de la revolución, sin desconocer que la clase obrera sigue siendo (entre otros) uno de los motores” fundamentales del cambio revolucionario.
Pero en los últimos años (hace un par de décadas) ha surgido un hecho nuevo que se sitúa en buena medida en las antípodas de la tesis anterior y que es la aparición de los movimientos sociales que incluso se afirman hoy, potencialmente, como la amenaza más grave al sistema capitalista. Los movimientos sociales involucran directamente a la comunidad general en los procesos políticos, insistiendo en que la democracia efectiva sólo existe donde la sociedad está presente, es decir, cuando el gobierno está realmente en manos del pueblo, es por el pueblo y para el pueblo. Los movimientos hacen ver públicamente que los poderosos transgreden con demasiada frecuencia los valores, las tradiciones e intereses de la comunidad, lo cual “revela” la distancia entre los discursos oficiales (la publicidad y la propaganda) y los reales intereses del pueblo.
De ahí que un aspecto esencial de los movimientos sociales sea denunciar las mentiras y mitologías del poder. Cuando eso ocurre, y se hace posible la movilización de la opinión pública (como en el caso de Javier Sicilia), disminuye la resistencia de quienes sostienen el orden establecido, que con frecuencia se sitúan en la fila de las concesiones (el orden de la represión en México hoy llevaría a situaciones inconcebibles). En realidad, los movimientos sociales aparecen cuando los miembros de una comunidad deciden que es indispensable cambiar ciertos aspectos de la misma y convocan al resto de la sociedad a lograr solidariamente tales cambios. Tal fue el caso de la lucha feminista, por ejemplo. Todos los movimientos sociales se proponen lograr un cambio en la sociedad, una modificación en sus relaciones de fuerza y una alteración del destino del grupo. Ningún movimiento social es políticamente ingenuo.
También es importante recordar que en los últimos 15 o 20 años, sobre todo en América Latina, los movimientos sociales democráticos y antisistema ayudaron definitivamente a derrotar a las tiranías militares implantadas y a sus sostenedores económicos y políticos (incluso Estados Unidos). Al tiempo que han aparecido nuevas fuerzas sociales en favor de la democracia que profundizan los cambios (movimientos de los barrios pobres, de las mujeres, de los campesinos sin tierra, de los desempleados y, desde luego, los movimientos indígenas).
Aquí surge una pregunta central: ¿los movimientos sociales pueden cambiar las sociedades sin la “toma del poder”, como sostiene John Holloway en su libro Change de world without taking power (2002), quien afirma que los movimientos sociales pueden significar cambios profundos en el sistema y condicionar el uso y dirección del poder? Algunos opinan que esta idea de “cambiar el mundo sin tomar el poder” sería sobre todo una versión libertaria del marxismo autoritario.
En su libro, Holloway examina las características y efectos sobresalientes de los movimientos sociales de los años noventa y primeros del nuevo milenio, tomando la rebelión zapatista de 1994 y la movilización de Seattle de 1999 como puntos de referencia. Comienza por reconocer que tales movimientos lucharon por un cambio radical, pero en términos y por vías diferentes a los de las luchas revolucionarias anteriores que se proponían inmediatamente la toma del poder. Cita, por ejemplo, Holloway a los zapatistas, diciendo que la gran cuestión para los revolucionarios del EZLN ha sido la transformación continua del mundo que los rodea, “y en cierta forma haber perdido la certeza de que el camino está predeterminado”. Lo que significa, en otros términos, que la revolución es un cuestionamiento sin fin y no una respuesta. “Repensar la revolución significa cuestionar durante la marcha misma, durante el proceso, acerca del significado y pertinencia de nuestros actos, sin pretender contar de antemano con respuestas ya acabadas.”
Nunca fue tan obvio, agrega Holloway, “que el capitalismo es un desastre y que no es disparatado pensar que podría llevarnos a la aniquilación humana. Todos los intentos de cambiar la sociedad mediante el Estado o de la toma del poder han fracasado hasta hoy… Entonces piensa que la única opción para replantear el cambio social radical de otra manera es por conducto de una forma que no vincule la revolución con la toma del aparato estatal, sino que plantee, precisamente, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esto implica replantear el significado del poder, el significado del pensamiento revolucionario y de la tradición marxista”.
Lo anterior, naturalmente, a propósito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, que ya en dos ocasiones ha abierto el Castillo de Chapultepec, primero para hablar con el Presidente y después con los jefes de los sectores partidarios del Congreso. Y que ha logrado que lo escuchen sectores importantes de la ciudadanía. Pero ahora la pregunta es: ¿se propone realmente su movimiento cambiar, o modificar de manera importante, la estructura de los poderes en México? ¿O se limita simplemente a que la nación reciba “un nuevo trato” en el terreno de la confrontación antinarco y anexos? Conste que esto sería ya extraordinariamente importante, pero ¿el prestigio logrado no conduce necesariamente a ese movimiento, en alianza con lo mejor de la sociedad mexicana y de los partidos, a ensanchar sus miras hasta considerar un cambio mexicano profundo y de verdad histórico?
sábado, 30 de julio de 2011
La secta que infiltró al gobierno
Proceso
Arturo Rodríguez García
23 de julio de 2011
Edicion Mexico, Religión
Casa Sobre la Roca, la secta que deslumbró a Felipe Calderón y ha abrevado del presupuesto desde 2006, pertenece a una organización de alcance mundial que tiene un objetivo muy preciso: incidir en las políticas públicas a partir de su visión cristiano-evangélica. Poco a poco lo ha ido logrando en México, donde ya hay varios funcionarios federales adscritos a ese culto, uno de cuyos dirigentes es una diputada federal que aprovecha las tragedias de las víctimas de abusos sexuales para llevar agua a su molino…
Una joven mujer, de la que sólo se podía ver la silueta, narró su experiencia como víctima de la trata de personas. El pasado miércoles 13, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, contó cómo fue engañada y secuestrada por un grupo criminal que la explotó sexualmente en la ciudad de Monterrey.
Sin embargo, su relato concluyó con la promoción de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, a cuya presidenta, la panista Rosa María de la Garza, alabó por su “amor, dedicación y trabajo”. La mujer remató: “Necesitamos (las víctimas de todo el país) que por favor se tatúen el corazón de azul hasta que todas las víctimas, todas esas niñas que están desaparecidas, sean regresadas a sus padres y a sus hogares”.
En su edición 1799 Proceso publicó que ya en otras ocasiones las víctimas de trata de personas y los adictos en recuperación han sido utilizados políticamente por esa legisladora, quien junto con su esposo, Alejandro Orozco –director del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (Inapam)– encabeza una secta evangélica de ultraderecha: la Casa Sobre la Roca (CSR).
Amparada en numerosas razones sociales y con registros de asociaciones civiles, CSR es proveedora de servicios a dependencias gubernamentales, capta recursos de programas asistenciales y reclama cuotas de poder y cargos públicos, con tanto éxito que ya empezó a extenderse a otros países.
En su afán de poder, sus tentáculos habían tocado al PRI: en años anteriores trataron de aproximarse a María de los Ángeles Moreno y a Liébano Sáenz. Además, por medio de Hugo Eric Flores Cervantes –quien en 2006 los presentó con Felipe Calderón–, se han acercado al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Su principal benefactor ha sido Calderón. En la campaña de 2006 éste aprovechó las redes religiosas, políticas y financieras que han tejido Alejandro Orozco y Rosa María de la Garza –quien se hace llamar Rosi Orozco–, un matrimonio de modestos vendedores de seguros que con la creación de CSR escalaron al círculo presidencial.
En el gobierno actual el matrimonio Orozco-De la Garza acomodó a algunos colaboradores y socios en cargos con manejo presupuestal. Son los casos de Ulises Antonio de la Garza Valdés, administrador del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, y del director de Administración y Finanzas de esa dependencia, Ofir Ernesto González Chávez, socio de las razones sociales creadas por los líderes de CSR.
Otro caso es el de Patricia Anaya Calderón, una comunicadora que ha hecho carrera en el ámbito de la asistencia social oficial y además dirige una de las organizaciones de CSR.
El manejo de recursos millonarios ha permitido que la organización crezca tejiendo redes en todo el país y controlando Iglesias evangélicas y organizaciones asistenciales.
Al amparo del poder
Las razones sociales del matrimonio Orozco-De la Garza dan cuenta de su evolución empresarial: una de las más antiguas es De la Garza, Orozco y Chávez, Agente de Seguros, inscrita con el folio 0071933 en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal (RPP). En 2009 esa asociación civil se hizo proveedora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, según se confirmó en Compranet, el portal de adquisiciones del gobierno federal.
Otra es la Inmobiliaria Doña Rosa, en la que el matrimonio y otros familiares aparecen como accionistas. Dada de alta en 1985 con el folio 00009300, es una sociedad contratista del Gobierno del Distrito Federal desde 2009, cuando los Orozco-De la Garza ganaron presencia política, sobre todo en el PAN capitalino.
Además tienen Dicelcris, dedicada a la venta de equipos de comunicación, y el despacho Orozco Rubio y Asociados.
Las razones sociales registradas por CSR no siempre corresponden con los nombres que publicitan, lo que hace difícil su seguimiento. Por ejemplo, la sociedad anónima Audio y Video Sobre la Roca (AVSR) administra las librerías Visión. La dirige Emilio Orozco de la Garza, hijo de la pareja que encabeza CSR. Su matriz está en Insurgentes Sur 4903-1, en Parques del Pedregal, de la Ciudad de México, que es el mismo domicilio de otras razones sociales, incluida La Casa Sobre la Roca.
Entre los accionistas de Audio y Video Sobre la Roca están Alejandro Orozco y Carlos Rivera Olivares, subdirector jurídico del Inapam. Rivera fue director de Política Laboral en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como colaborador de Hugo Eric Flores antes de que éste fuera inhabilitado en 2008 por presuntos actos de corrupción.
AVSR edita el periódico Transformaciones México, de distribución nacional gratuita, dirigido por Emilio Orozco y su esposa, Gabrielle Gómez; en las portadas del tabloide suelen aparecer imágenes de De la Garza y sus actividades legislativas.
En su sitio web las librerías Visión se presentan así: “Nuestra visión es ser la empresa líder en la comercialización, representación, innovación y desarrollo de productos con valores bíblicos en el mercado”.
Además organizan conciertos masivos en los que presentan a cantantes cristianos, pues la promoción de subgéneros musicales con orientación religiosa es uno de sus principales soportes de promoción.
Aunque tiene asentado un capital social de 50 mil pesos, en cada uno de los inmuebles que ocupan sus siete sucursales paga una cantidad semejante sólo por concepto de alquiler.
Proceso localizó cinco sucursales de Visión en el Estado de México: Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec y Tepetlalco. En el Distrito Federal, además de la casa matriz hay una en el Centro Histórico, en Bolívar 14, una casona colonial al lado de la antigua librería Maranatha, con la que compite por el mercado evangélico con precios notoriamente bajos.
Centurión, Fuerzas Armadas
y grupos vulnerables
AVSR provee materiales y servicios –talleres, encuentros, seminarios, conciertos– para las asociaciones registradas por el matrimonio Orozco-De la Garza; de ellas en el Distrito Federal se localizan, además de la Casa Sobre la Roca, otras siete vinculadas a ésta: Capacitación Sobre la Roca; Sembrando, Sociedad Civil; Instituto Centurión; Generación con Valores; Operación Bendición México; Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia y Fundación Camino a Casa. Cada una tiene un papel en la expansión de CSR.
También está Misión Carácter, que da cursos de autoestima, liderazgo y Biblia, con un programa que vende a instituciones públicas. Aunque como razón social no está inscrita en el RPP, sus objetivos coinciden con los de Sembrando, Sociedad Civil, que sí está registrada y cuyo capital es de 7 millones 900 mil pesos, según acta constitutiva asentada con el folio 44328.
Misión Carácter la dirige Patricia Anaya Calderón, quien al final del sexenio de Vicente Fox elaboró un Estudio sobre la familia para el DIF; cuando Alejandro Orozco fue director de Atención a Grupos Vulnerables en esa dependencia designó asesora a Anaya.
En su sitio de internet Misión Carácter presumía a sus clientes: Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Sistema Penitenciario Federal, así como diferentes gobiernos estatales. La lista fue borrada luego de que este semanario, en su número 1799, publicó un reportaje sobre la secta.
En aquella ocasión Proceso reveló que en las reuniones de CSR había dos grupos: Centurión y Fuerzas Armadas. El primero, de servidores públicos, y el otro, de quienes trabajan en instancias de seguridad.
Otra asociación fundada por los Orozco-De la Garza es el Instituto Centurión México, creado en 2009 y que está inscrito en el RPP como asociación civil, con el número 87665. Su objetivo es “crear una organización ciudadana que promueva el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos”.
CSR celebra tres reuniones cada domingo en el Centro Banamex de la Ciudad de México. A cada reunión asisten unas mil personas, entre ellas muchos funcionarios y policías con sus familias.
Otra de sus razones sociales es Fundación Camino a Casa, que tiene la misión de “realizar estudios socioeconómicos a personas físicas, menores de edad, de escasos recursos, que sufran violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesiones físicas, maltrato psicológico, violación, explotación laboral y otras que vayan en contra de los derechos de dichas personas”.
Esa organización es beneficiaria de dos propiedades aseguradas a Vicente Carrillo Leyva El Ingeniero, otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde hay al menos otras 10 solicitudes de los Orozco para agenciarse más propiedades, confiaron funcionarios federales que pidieron mantener el anonimato.
Camino a Casa tiene el mismo domicilio que CSR en Insurgentes Sur. Una de sus dirigentes, María Emilia Montejano Milton, fue férrea opositora a la despenalización del aborto al ser ponente en la tercera audiencia sobre el caso ante la Suprema Corte de Justicia en 2008.
Desde 2010, Camino a Casa recibe recursos del Gobierno del Distrito Federal luego de firmar un convenio con la procuraduría capitalina. Es también una de las tres organizaciones civiles que forman parte del consejo consultivo en materia de trata de personas creado por la Presidencia, con poder de decisión sobre el presupuesto del programa Proequidad, que financia proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, recibe dinero de la Secretaría de Gobernación, dependencia que desde 2008 la incluye en las misceláneas fiscales, aunque sin precisar montos.
La expansión a través de sus asociaciones fachada ha llegado hasta centros de enseñanza católica, como la Universidad Iberoamericana, donde opera ya un numeroso grupo llamado Jóvenes en la Roca, que no está en el RPP. Sin embargo, en ese registro está Generación con Valores con el folio 84613. Esa organización promueve valores “éticos, morales y espirituales” y tiene entre sus objetivos adquirir derechos de autor.
Otra asociación de los Orozco es Capacitación Sobre la Roca que, según diferentes documentos oficiales localizados por este semanario, se ha beneficiado del presupuesto del Inmujeres en el rubro de “transversalidad”.
La expansión
Otra asociación registrada por el matrimonio es Operación Bendición México (OBM) cuyo objeto –explícito en su acta constitutiva– es fomentar la investigación científica sobre problemas sociales. En realidad es una agrupación altruista a cuyos actos ha asistido Margarita Zavala, como ocurrió el 24 de julio de 2008.
Además OBM destaca por su relación con gobiernos municipales panistas, como el de Boca del Río, donde ha hecho donativos en especie.
Una organización más es Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, que agrupa a más de 150 Iglesias cristiano-evangélicas con presencia en todo el país, según un documento interno de su “reunión unida” del que Proceso tiene copia.
“Actualmente somos la alianza de pastores más grande de habla hispana a nivel mundial, con más de mil 800 asociaciones en nuestra membresía, dándonos una voz y plataforma para 75% del pueblo cristiano en México”, presume el documento antes de establecer que fue creada en 2006.
Aunque su forma legal es la de asociación civil, en los documentos que se relacionan con CSR siempre se presenta a Alejandro Orozco como pastor y a Ofir González como integrante del G-12.
Los G-12 son una forma de organización creada por Misión Carismática Internacional, movimiento surgido en Colombia bajo el liderazgo del pastor César Castellanos, quien mantiene una estrecha relación e intercambio con los Orozco-De la Garza, que si bien adoptaron ese modelo de células base –que emula a los 12 apóstoles– también aportaron a su conexión colombiana el formato de Misión Carácter, que ahora es internacional.
En la conferencia cupular de G-12 en 2005, en Singapur –donde además había representantes de Sudáfrica, Argentina, Puerto Rico, Australia, Inglaterra, Grecia, Italia y Perú–, los Orozco ya formaban parte del núcleo de mando, junto a Castellanos, con liderazgo en más de 40 países.
En cada país el objetivo es el mismo: incidir en las políticas públicas con una supuesta visión cristiano-evangélica, lo que ya han logrado en México, con Felipe Calderón, y en Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe.
En México, Rosa María de la Garza, esposa del pastor Alejandro Orozco, es diputada. En Colombia, la esposa del pastor César Castellanos lo fue entre 2006 y 2010
RAYUELA
Qué le darán a nuestros gobernantes esos hispanos que reciben tanto contrato, ¿sólo espejitos?
Tres graves riesgos de la reforma laboral
La JornadaArturo Alcalde Justiniani
Todo parece indicar que, presionados por el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han convenido la reforma laboral, y que intentarán aprobarla en un periodo extraordinario durante la segunda quincena de agosto. Conviene enfatizar cuáles son sus aspectos más lesivos, orientados a abaratar el costo de la mano de obra, precarizar las condiciones de trabajo e incrementar la indefensión obrera.
La máxima prioridad está centrada en el tema del outsourcing o trabajo en régimen de subcontratación, contenido en un nuevo artículo 15 bis del proyecto del PRI de marzo de 2011. La intención es acabar con el principio toral de la legislación laboral, que reconoce el carácter de patrón a quien recibe y se beneficia del servicio personal subordinado. Esta responsabilidad original es base del modelo laboral y de las instituciones que le dan sustento: salario remunerador, jornada máxima, respeto de la integridad y dignidad de la persona que trabaja y, obviamente, los derechos colectivos, incluyendo los de libre asociación, contratación colectiva y huelga.
El régimen de subcontratación propuesto convierte en mercancía al trabajo a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe, al autorizar la venta de los servicios de trabajadores, obligando tan sólo al respeto de los derechos mínimos. Se trata de legalizar prácticas que contravienen el marco jurídico vigente.
Para convencer de las bondades de esta nueva normatividad, los abogados de la Coparmex, redactores de esta iniciativa, afirman que es necesaria para mejorar la competitividad y la inversión productiva, alegando que ya existe en otros países, y llegan al extremo, sin acreditarlo, de afirmar que su finalidad es evitar abusos, pues con el nuevo sistema se respetarán al menos los derechos fundamentales. Su filosofía se sostiene en la tesis de que “más vale un mal empleo que estar desempleado”. Mediante este engaño se busca suprimir de tajo la responsabilidad del verdadero patrón beneficiario del servicio, evitar la fiscalización del Estado e impedir que los trabajadores puedan organizarse en defensa de sus intereses. Todo en paquete. El tema tiene tal trascendencia que el representante legal de la Coparmex admitió publicamente: “Si nos conceden este punto, lo demás sale sobrando”.
No se puede negar que en los procesos productivos se justifique, bajo ciertas condiciones, la contratación de mano de obra externa, pero debe regularse, como se ha hecho en otros países, distinguiendo la subcontratación positiva de la depredadora, y tomando en cuenta los siguientes criterios: 1) Tener un carácter excepcional; en consecuencia, no debe subcontratarse la totalidad de una empresa o centro de trabajo, como sucede actualmente con las llamadas “empresas de servicios”. 2) Debe justificarse el insumo adicional especializado que se agrega al proceso productivo con la mano de obra externa, la cual a la empresa beneficiaria no le sería rentable contratar por sí misma. 3) Garantizar el principio de igualdad entre los trabajadores cuando realizan el mismo trabajo. 4) Registrarse ante el Estado para ser objeto de inspección periódica y evitar la simulación. 5) Debe sancionarse, en caso de abuso, al verdadero patrón, que es la empresa beneficiaria, y no solamente a la subcontratista. 6) Debe garantizarse el respeto a los derechos colectivos.
Un segundo tema en el que ha hincado el diente la Coparmex es el relacionado con el despido libre o barato, que limita el pago de los salarios caídos hasta por un año. La propuesta busca justificarse frente a la absurda realidad de la duración de los juicios laborales de hasta cinco años. Es claro que esta lentitud no tiene justificación, ya que lesiona tanto a trabajadores como a patrones. Sin embargo, el problema no se resuelve castigando a los trabajadores por una tardanza que no les es imputable. La solución está en crear las condiciones para que los juicios se tramiten en un corto tiempo; ello es absolutamente posible, y así lo ordena nuestra Carta Magna. Aceptar esta propuesta patronal invitará al despido y a incumplir la ley, alargará aún más los juicios, porque el costo se congelará a un año, presionará a los trabajadores a aceptar cualquier pago en demérito de sus derechos y colocará las formas colectivas de defensa laboral en mayor grado de postración.
El tercer riesgo se refiere a las restricciones a la libertad sindical. La Coparmex ha buscado, a través de la reforma laboral, consolidar el sistema patronal de mantener al sindicato de su preferencia. Para ello, intenta restringir la posibilidad de emplazamientos por firma de contrato colectivo de trabajo o demandas de titularidad tendientes a que los trabajadores cambien de sindicato. Es un viejo sueño para cerrar el círculo del control. En la iniciativa panista se incluyeron los llamados “requisitos de procedibilidad” para obstruir estas posibilidades de los trabajadores mediante un proceso administrativo previo de autorización o certificación de los padrones de socios por parte de la autoridad. Hoy, la inciativa priísta retoma esta misma intención, encubriéndola con la limitación al derecho de voto en los recuentos, a los que solo podrán acceder “trabajadores sindicalizados”, esto es, los que estén previamente autorizados en los padrones oficiales y en las nóminas patronales.
Por último, por encargo de los empresarios de las líneas aéreas de bajo costo, tendiente a impedir la expansión de los sindicatos democráticos de sobrecargos y pilotos (ASSA y ASPA), se adiciona al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo una restricción a los sindicatos para reclamar la titularidad de un contrato colectivo aun cuando la mayoría de los trabajadores de su profesión así lo pretendan.
Debemos impedir a toda costa, antes de que sea demasiado tarde, que estas agresiones a los derechos humanos laborales adquieran carácter de ley. Más allá de su carácter inconstitucional, son una afrenta a los hombres y mujeres quienes, a pesar de sus bajos salarios y agobios cotidianos, dan vida a este país.
En el sexenio calderonista ha crecido en 13 millones el número de pobres
Marginación desbocada
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Sábado 30 de julio de 2011, p. 2
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Sábado 30 de julio de 2011, p. 2
De acuerdo con la medición por ingresos, que fue la metodología oficial hasta hace dos años, el número de pobres patrimoniales creció en 7.1 millones de personas, ya que pasó de 50.6 millones (47.7 por ciento) en 2008 a 57.7 millones (51.3 por ciento) en 2010.
Lo anterior indica que a esta condición de pobreza se sumaron 13 millones de mexicanos durante los primeros cuatro años de este gobierno, ya que en 2006 eran 44.7 millones.
Esta medición –a diferencia de la multidimensional, que incluye los derechos sociales y la cohesión social– únicamente considera las percepciones económicas y también se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.
En pobreza patrimonial está la población que no puede cubrir sus requerimientos básicos de vivienda, calzado, salud, transporte público, alimentación y educación, aunque destinaran todos sus ingresos para ello.
De acuerdo con los datos históricos que se reportan con esta medición de la pobreza que se comenzó a hacer en 1992, hace una década no se registraba a más de 50 por ciento de la población en pobreza patrimonial.
El porcentaje más alto de mexicanos en este nivel se registró después de la crisis de 1994, cuando fue de 69 puntos.
Después fue en caída hasta llegar en 2000 a 53.6 por ciento, y en 2002 a 50.4. El porcentaje más bajo fue en 2006, con 42.6.
A partir de ese año se registró un incremento, y en 2008 la pobreza patrimonial ya afectaba a 47.4 por ciento de la población, es decir, 50.6 millones de personas, ya que a esa condición se sumaron 5.9 millones.
Ayer, al dar a conocer los datos oficiales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) también presentó los resultados de esa condición por ingresos, “por cuestiones de transparencia y para facilitar la comparación de las tendencias históricas recientes”, informó el secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona.
Reportó que entre 2008 y 2010 la pobreza alimentaria –que es cuando las familias no tienen recursos para adquirir la canasta básica– se incrementó, ya que pasó de 18.4 por ciento (20.2 millones de mexicanos) a 18.8 por ciento (21.2 millones). En cuatro años, esta pobreza se elevó en 6.1 millones de personas.
La pobreza de capacidades, que incluye a la gente que no puede acceder a alimentación, salud y educación suficientes aunque utilizara todos sus ingresos para estos bienes, también aumentó, al pasar de 25.3 por ciento (27.8 millones de personas) a 26.7 (30 millones).
En total, en este sexenio, 7.3 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza de capacidades.
Hernández Licona precisó que, dado que el indicador de pobreza por ingresos únicamente da cuenta de uno de los ocho factores que la Ley General de Desarrollo Social ha identificado para medir la pobreza, ha dejado de ser utilizado como medida oficial.
jueves, 28 de julio de 2011
Martín esparza, interpone juicio de amparo en defensa de los intereses smeitas
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PERSISTE EN AGRAVIAR JURÍDICAMENTE AL SME.
EXTRACTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS
SAMUEL DURAN PERALES
ABOGADO
Copenhague 24-101 y 102 Col. Juárez, ZONA ROSA
C.P. 06600, Cuauhtémoc Tels.:52-08-6061 y 55-1 1-3126 fax
QUEJOSO: MARTÍN ESPARZA FLORES.
AMPARO ADMINISTRATIVO INDIRECTO.
C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
MARTÍN ESPARZA FLORES, en mi carácter de peticionario dentro del procedimiento administrativo del cual dimana la resolución reclamada, señalando como domicilio procesal para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos el ubicado en la calle de Copenhague número 24, interior 101 y 102, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 en México Distrito Federal, autorizando en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo al Licenciado en Derecho SAMUEL DURAN PERALES, quien ejerce mediante la Cédula Profesional número 318795 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, facultando indistintamente para imponerse de los autos a los CC. IVÁN NÁJERA GUZMÁN y TERESA LORELAY ANGELES MARIN, con respeto a su investidura comparezco y expongo:
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracciones I, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 4, 5, 114 fracción II, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 42 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procedo a solicitarle el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de la autoridad y por el acto, que se precisan en las subsecuentes:
FORMALIDADES CONFIGURATIVAS DE LA DEMANDA
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- El suscrito MARTÍN ESPARZA FLORES, peticionario dentro del procedimiento administrativo del cual dimana la resolución reclamada, con domicilio procesal ya precisado al inicio de este ocurso.
II.- TERCERO PERJUDICADO.-
La Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía adscrita a la Administración Pública Federal, quien tiene a su cargo el plan correspondiente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.-
El C. Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que suscribió la resolución administrativa reclamada.
IV.- ACTO RECLAMADO.-
La resolución contenida en el oficio 220, datada el veinticuatro de junio de dos mil once, pronunciada por el C. Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que puso fin al procedimiento administrativo en forma de juicio, previsto por el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, iniciado por el suscrito compareciente mediante ocurso de fecha dos de junio del año dos mil once, ingresado en la dependencia el día tres del propio mes y año………………...
...
v 4.- APROBACIÓN ANTICIPADA DEL ESQUEMA DE INDEMNIZACIÓN DE LA PLANTA LABORAL DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Incurriendo en idéntica contravención al artículo Tercero Transitorio, del Decreto de extinción indicado inicialmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el domingo once de octubre de dos mil nueve (DÍA INHÁBIL) por conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, emitió opinión aprobatoria del esquema de indemnización que le fue presentado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en los siguientes términos:
“SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO,
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FEDERAL DEL TRABAJO
11 de octubre de 2009
“2009, Año de la Reforma Liberal”
Oficio: DGIFT/0575/2009
LIC. LUIS MIGUEL ÁLVAREZ ALONSO
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
P R E S E N T E
Hago referencia a su oficio DG/77/2009, en el que señala que, en términos del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le fue encomendada la liquidación de dicho organismo.
Así mismo informa que la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación las Bases para el proceso de desincorporación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, estableciendo, en la base tercera, numeral 5, la obligación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, de elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar, previa opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre dicho esquema.
Sobre el particular, en términos de la Base referida, me permito emitir la opinión favorable de esta Dependencia, en el ámbito de su competencia, sobre el esquema de indemnización laboral voluntario elaborado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para los efectos conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E
(Firma ilegible)
RAFAEL ADRIAN AVANTE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL.”
(El énfasis es propio)
(EL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE, NO FUE HÁBIL, NI EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO EN COMENTO.)
………………………………
XVI.- Luego, los razonamientos de la responsable contenidos en la resolución administrativa reclamada, no se inscriben dentro del marco constitucional y legal enunciado al titular este concepto, dado que:
1.- La resolución administrativa combatida, implica la privación de los derechos que me asisten para tener por demostrada la nulidad de los actos derivados de las Bases para el proceso de desincorporación del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
2.- Ello es así dado que en dicho procedimiento, se impidió al ahora quejoso el ejercicio de sus derechos de ofrecer las pruebas pertinentes para acreditar la nulidad materia de los extremos de sus peticiones y formular alegatos, todo ello con el fin de robustecer el interés jurídico inherente a mi accionar administrativo y demostrar mi causa de pedir.
3.- Además la responsable dictó la resolución que se combate en esta vía, omitiendo la observancia estricta de disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regulan sustantiva y adjetivamente la especie, cuya naturaleza es de orden e interés públicos.
4.- Dicha omisión, se traduce en la falta, e indebida fundamentación y motivación de la resolución administrativa que constituye el acto reclamado.
5.- A mayoría de razón, la resolución administrativa reclamada, por las razones apuntadas resulta ser incompleta y parcial en favor de los intereses de la Administración Pública Federal a la que se encuentra adscrita la autoridad responsable.
6.- Finalmente la responsable eludió la aplicación aún oficiosa, del principio jurídico que se hace consistir en que “los actos ejecutados contra el tenor de las leyes de interés público serán nulos”, y en el caso es claro que la competencia del Director General de Inspección Federal del Trabajo, para emitir opinión aprobatoria, se encontraba circunscrita al término de tres días hábiles siguientes a la publicación del decreto de extinción que en su Tercero Transitorio ordena la publicación dentro de dicho periodo de las Bases para el proceso de desincorporación del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que le dieron origen, aplicando al caso la subsiguiente tesis jurisprudencial:
“Séptima Época
Registro: 252103
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen : 121-126 Sexta Parte
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 280
Genealogía:
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 47.Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 39.
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Séptima Epoca, Sexta Parte:
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS en que participó el presente criterio.”
……………………….
XVII.- Procede en consecuencia el otorgamiento de la Protección Constitucional que solicito………………………………
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