martes, 20 de noviembre de 2012
miércoles, 14 de noviembre de 2012
sábado, 10 de noviembre de 2012
Carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cada carta deberá contener Nombre y Firma de apoyo de diez ciudadanos)
Carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministro Juan N. Silva Meza. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Ministro Luis María Aguilar Morales.
Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ministro José Fernando Franco González Salas.
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Al Pueblo de México.
Ministro Juan N. Silva Meza. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Ministro Luis María Aguilar Morales.
Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ministro José Fernando Franco González Salas.
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Al Pueblo de México.
Después de tres años de intensa lucha social y un prolongado juicio de amparo, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) obtuvo el “amparo y la protección del Poder Judicial de la Federación” en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, en Agosto del 2010, daba por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre Luz y Fuerza del Centro y el SME, cancelaba su Contrato Colectivo de Trabajo y negaba, indebida y anticipadamente, el derecho al patrón sustituto para los trabajadores agremiados al SME.
El 2º Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo demostró mediante razonamientos jurídicos impecables que la JFCA no acreditó el “caso fortuito y causa de fuerza mayor” como causal de despido de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y concluyó que los trabajadores del SME tienen derecho a la sustitución patronal de la Comisión Federal de Electricidad en tanto este organismo público asumió sin interrupción la prestación del servicio público de energía eléctrica con los bienes y la infraestructura de LyFC.
El 2º Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, actuando con estricto apego al Estado de Derecho, reconoció que los derechos de los trabajadores fueron vulnerados por la JFCA y en una decisión histórica, que honra al Poder Judicial de la Federación, restituyó los derechos humanos y laborales a los trabajadores que, creyendo en las instituciones y las leyes de la República, promovieron un histórico juicio de amparo en defensa de sus derechos violentados. Como antes lo había señalado la SCJN en su Sentecia del 5 de Julio del 2010, “los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados” y deben reclamarse ante las intancias correpondientes. El Tribunal Colegiado resguardó y restituyó esos mismos derechos resolviendo los problema de legalidad que presentó el decreto de extinción de LyFC.
Hoy se pretende hacer retroceder al Poder Judicial mediante presiones políticas y maniobras jurídicas para dejar sin efecto la Sentencia del 2º Tribunal Colegiado de Circuito con la pretensión de dejar en la indefensión jurídica y precariedad social a los trabajadores agraviados que luchan por la restitución de su derecho a la vida digna y el respeto a sus conquistas laborales históricas. Esta situación afecta de manera personal y directa a miles de trabajadores injustamente despedidos y a sus familias que hasta ahora encontraron en el Poder Judicial de la Federación una esperanza de que en nuestro país haya justicia contra la infamia.
Es del máximo interés público para la Nación que las Leyes de la República se cumplan sin excepción alguna. Precisamente la Ley de Amparo ofrece a los ciudadanos mexicanos el recurso jurídico para que, con base a derecho, puedan hacer su defensa en contra de actos de la autoridad que violentan el Estado de Derecho y pasan por encima de sus garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna. Quienes gobiernan deben ser los primeros en respetar las leyes y guardar respeto a los derechos de los ciudadanos.
Ratificar el amparo emitido por el 2º Tribunal Colegiado de Circuito que protege y ampara al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y sus agremiados es indispensable para no dejar de creer en las instituciones y la leyes de la República. Está en sus manos, desechar el recurso de revisión promovido por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que sin fundamento jurídico y en forma inmoral, busca alargar absurdamente un conflicto de más de 3 años e impedir el reconocimiento del patrón sustituto para los 16,599 trabajadores electricistas que no renunciaron a sus derechos.
Por todo lo anterior, como ciudadanos mexicanos, respetuosamente le solicitamos justicia para el Sindicato
Mexicano de Electricistas, se haga cumplir la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y se otorgue a la brevedad el patrón sustituto a los 16,599 trabajadores que no aceptaron la liquidación.
ATENTAMENTE.
Nombre y Firma de 10 ciudadanos.
viernes, 9 de noviembre de 2012
Motalandia, podrían ser llamados esos mundos de felicidad fumable
Astillero
Julio Hernández López
La Jornada
Julio Hernández López
La Jornada
Yerbita “recreativa”
Ironías macabras
Guerra, acá; deleite en EU
FC: Pandora con guadaña
EN LA CIRT El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se despide de Joaquín Vargas, al término de la comida con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, acto que se realizó ayer en la Expo BancomerFoto Yazmín Ortega Cortés
No podría ser peor el cierre de sexenio de Felipe Calderón: si alguna esperanza hubiera tenido de que la historia lo absolviera por el baño de sangre y horror a que sometió al país, a unas semanas de cerrar su macabra administración se ha topado con que una de las obsesiones de sus ensueños bélicos ha pasado a ser considerada en dos de los estados unidos del norte como mero material de distracción, sustancia lúdica, yerbita vaciladora. Tal es la tragedia del México torturado y destazado de Calderón: la necrofilia institucionalizada del retador comandante Felipe sigue jugando a las guerritas contra el narcotráfico, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, mientras en los estados de Washington y Colorado el martes electoral sirvió también para autorizar la portación y el consumo de mariguana con fines recreativos”.
Acá ha sido un sexenio de locura criminal para combatir el tráfico de sustancias tóxicas, entre ellas la mariguana, mientras en Estados Unidos el grueso de los consumidores finales no solamente disfrutaron en calma el consumo de hierbas, polvos y pastillas marcadas con sangre en México, sino que ahora se conceden el relajante placer de declarar a la mariguana como algo relacionado con la diversión, el deleite y la alegría, tal como explica la Real Academia Española que es una de las acepciones del término “recreativo” usado casi con vocación de parque temático (Motalandia, podrían ser llamados esos mundos de felicidad fumable) en los estados con capital en Olympia, aunque su ciudad más importante y conocida es Seattle, y en Denver.
A reserva de que se resuelva legalmente la confrontación entre la legislación federal, que no permite tales interpretaciones “recreativas”, y la soberanía de los dos estados en mención, que en las urnas optaron por quitarle rigidez al tema, resulta dolorosamente necesario para los mexicanos analizar las consideraciones realizadas por una parte vanguardista de la clientela estadunidense (que, si se atiende a la máxima comercial famosa, siempre ha de tener la razón).
Por principio de cuentas, se reconoce el derecho de los adultos a decidir sobre el consumo del transtornador cáñamo índico (de la misma manera que a nivel mundial y con abundante publicidad de exaltación en medios masivos se acepta el derecho de esos ciudadanos a consumir bebidas alcohólicas). Luego, se acepta la realidad de que ante el consumo inevitable, así sea en términos de ilegalidad, de las hojas verdes tan famosas, es preferible desalentar las ganancias económicas y el actuar mafioso de las bandas dedicadas a su siembra, traslado y venta. Y finalmente se busca que el Estado reciba el beneficio económico de ese tráfico al someterlo a regulaciones comerciales causantes de impuestos.
En cambio, el belicoso Felipe... ¡Ah, el terco Calderón! Acá se impuso una política concentrada en la confrontación física, en soldados sacados de los cuarteles para librar una guerra de exterminio de mexicanos considerados enemigos y no infractores de la ley, a los que se aplicaba una sentencia sumaria de muerte en caliente, sin derecho siquiera a una indagación judicial en forma, mucho menos a esa aspiración republicana de la rehabilitación del delincuente y su reinserción a la sociedad.
El fondo de las cosas estaba en la circunstancia política del precario Felipe y en diversos retorcimientos íntimos. Urgido de alguna treta en busca de legitimación, deseoso de refugiarse en los soldados y la policía federal, y luego en los marinos, y obligado por su precariedad de origen a atender las exigencias de sus sostenedores, como el gobierno gringo que fue el que diseñó para su beneficio estratégico la infame “guerra contra el narcotráfico”, Felipe Calderón desató los demonios de la violencia extrema y la inseguridad pública absoluta, sin escuchar las voces múltiples que ante el horror cotidiano exigían un cambio de rumbo (hasta Vicente Fox, para que no se crea que solamente las inteligencias destacadas), aduciendo razones de patriotismo sacrificado como móviles de su conducta, invocando catástrofes institucionales si él no hubiera tomado la decisión de abrir la caja de una Pandora con guadaña, sonriente y retador ante el juicio de la historia que desde ahora se adivina funesto, patológicamente ensimismado en el bajo mundo de los alias, los capos y las matanzas, y en los desfiles y el ceremonial de las armas.
La tendencia mundial va hacia la liberalización del mercado de las drogas. Así lo han recomendado ex presidentes de diversos países y de distintas adscripciones ideológicas (incluso el mexicano Ernesto Zedillo). En Uruguay, por lo pronto, el presidente José Mujica ha propuesto al congreso que se autorice la venta de dosis de mariguana “de la mejor calidad” a consumidores que harán las transacciones mediante una credencial sin foto ni nombre, pero con un código de barras en el que constarán esos y otros datos de identificación.
Calderón deja como saldo de su gestión el consumo de enormes cantidades de dinero público sustraídas a una recta auditación: el presupuesto fue volcado en armas, equipo bélico y movilización de soldados, marinos y policías federales, sin que se pueda verificar si lo oficialmente gastado corresponde a la realidad. También deja una nación agredida, en la que las fuerzas gubernamentales se esmeraron en violentar derechos humanos y en la que los delincuentes organizados impusieron su ley de terror en múltiples regiones y multiplicaron sus ganancias e incluso se expandieron por el mundo. Eso sí, ahora, Calderón sueña con encontrar cobijo en España o en Estados Unidos. Cree que a él le ha llegado el momento de la recreación.
El cuadro recompuesto a partir de Washington, Colorado y Uruguay debe ser analizado con seriedad por los siguientes gerentes del negocio. Enrique Peña Nieto tiene en este giro foráneo una oportunidad de replantear el tema de la “guerra” contra el narcotráfico, no sólo para distanciarse de su funerario antecesor sino para tratar de devolverle a México algo de la mucha seguridad pública perdida. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
jueves, 8 de noviembre de 2012
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Exhortan a autoridades cumplir conforme a la ley en caso SME
martes 6 de nov 2012
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 144 votos a favor, 109 en contra y 193 abstenciones exhortar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a cumplir conforme a la ley a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas.
En un punto de acuerdo presentado por diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, se aceptó de obvia y urgente resolución este tema que solicita emitir un nuevo laudo resolutivo sobre la figura de patrón sustituto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dejar sin efecto el de 2010.
Al fijar posiciones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que se abstendría mientras que los partidos de izquierda apoyaban este punto de acuerdo, incluso se propuso agregar al exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que fue rechazado por la mayoría.
En esta votación tuvo una resaltada participación el tablero electrónico que desde que fue instalado presenta fallas en el momento de las votaciones, por lo que el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, pidió realizar una auditoria a este sistema.
El punto de acuerdo exhorta a las Juntas Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cumplimiento de su responsabilidad en el juicio de amparo otorgado a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pasado 13 de octubre.
“Se requiera al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade Salaverría, emita a la brevedad un nuevo laudo resolutivo, que deje sin efectos al laudo de agosto de 2010”.
Asimismo, “resuelva de nueva cuenta lo relativo al patrón substituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca”, precisó.
El punto de acuerdo lo suscribieron las diputadas María del Socorro Ceseñas Chapa y Aleida Alavez Ruiz, del PRD, y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano.
Al presentarlo Ceseñas Chapa puso a consideración que el SME obtuvo el pasado 13 de septiembre la resolución a favor de los trabajadores en el juicio de amparo directo 1337/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Lo anterior dejó insubsistente el laudo dictado por la JFCA el 30 de agosto de 2010 en el que la autoridad laboral resolvía dar por terminadas las relaciones de trabajo entre el Estado y el gremio de los electricistas, debido a la extinción de Luz y Fuerza.
Citó que de acuerdo con notas de prensa y opiniones en medios de comunicación, el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie de irregularidades contra trabajadores del SME.
Indicó que sobre estas anomalías el Tribunal concede el amparo al sindicato, pues la extinción y liquidación del organismo resultó de causas de tipo económico o inconsteabilidad, y no de una causa de fuerza mayor.
“El Tribunal establece que sí se da la sustitución patronal, pues la CFE es la entidad responsable de prestar el servicio de energía eléctrica y es obvio que a ella se le transmitió la responsabilidad que tenía Luz y Fuerza, aun cuando el decreto no lo establezca expresamente”.
Dijo que el amparo del Tribunal ordena a la Junta Federal emitir un nuevo laudo en el que defina los efectos, entre los cuales se encuentran la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Lo anterior constituye un triunfo de los trabajadores en tribunales, para la reposición y elaboración de un nuevo laudo que restituya el emitido en agosto de 2010, y por ello se propone dicho exhorto de la Cámara de Diputados, puntualizó la legisladora perredista.
lunes, 5 de noviembre de 2012
Monopolios mediáticos deforman realidad de movimento sociales: activistas
Inicitan a su represión, minimizan los hechos y orquestan campañas en detrimento de éstos, lamentaron integrantes del FPDT, del SME y del colectivo estudiantil de la UACM.
La Jornada.Ariane Díaz
31/10/2012
México, DF. Los monopolios mediáticos son como una casa de los espejos, que deforma la realidad y cuando de movimientos sociales se trata, la imagen del sujeto que se rebela es deformada. Los medios masivos de comunicación incitan a la represión y la violencia, minimizan hechos y orquestan campañas en detrimento de los movimiento sociales, apuntaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el colectivo Másde131 (Universidad Iberoamericana) y del movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Al participar en la mesa “Criminalización mediática de la protesta social”, en el contexto del foro Violencia mediática y terrorismo de Estado –convocado por el Tribunal Permanente de los Pueblos-, el secretario del Exterior del SME, Humberto Montes de Oca, explicó cómo los medios masivos de comunicación emprendieron una campaña en contra de Luz y Fuerza del Centro cuestionando su eficacia y viabilidad, al tiempo que atacaron al propio sindicato destacando los problemas en las elecciones internas.
“La campaña estaba destinada a romper la relación entre los trabajadores y los usuarios del servicio”.
Una vez publicado el decreto de extinción de la compañía, expuso, la campaña se enfocó a justificar la decisión del presidente Felipe Calderón, y a criminalizar las acciones de resistencia del gremio.
En el caso del movimiento estudiantil #YoSoy132, cuyo origen se remonta a la visita del ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto, a la Universidad Iberoamericana en un acto de campaña, “el sesgo mediático fue roto parcialmente gracias a las redes sociales”, que en su momento hicieron contrapeso a las versiones que circularon en televisión abierta.
““La realidad construida por lo medios masivos de comunicación es, lamentablemente, la que la mayoría de la población asume y acepta. Eso quiere decir que quienes no tengan acceso a otras fuentes de información creerán que Peña Nieto fue un hábil político que logró esquivar un boicot de la izquierda”, apuntaron Eduardo Velasco e Ignacio Martínez, integrantes de Másde131, de esa universidad.
Por su parte, Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, expuso cómo los medios de comunicación llamaron a la violencia en contra de los habitantes de San Salvador Atenco, estado de México, al cuestionar la respuesta poco enérgica del gobierno, en ese entonces bajo el mando de Enrique Peña Nieto.
Ramón Hernández, estudiante de la UACM, denunció que los medios de comunicación han abordado el conflicto de esa casa de estudios como “un secuestro de los campus por parte de paristas” y no se han referido al detonante del paro de labores, que es “el desconocimiento por parte de la rectora, Esther Orozco, del Consejo Universitario”.
Salvador Martí Puig, académico de la Universidad de Salamanca, España, apuntó que las democracias son fuertes y realmente viables con base en la capacidad que tengan de tolerar, aceptar, dialogar y convivir con la protesta.
“Los ejemplos que hemos visto van en la dirección contraria: no se permite la oposición, ni la disidencia, ni la capacidad de tolerar y dignificar al otro. El eje fundamental es la criminalización tanto por los medios de comunicación como por las autoridades”, por lo que la estrategia tiene que basarse en la denuncia en red y hacer alianzas de protección a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
La insurrección de los priistas
Reforma laboral: no se puede defender lo indefendible
Revista Siempre
Martín Esparza Flores
3 noviembre, 2012
Si los legisladores del PRI que levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados; la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen ser defensores del pueblo.
Si analizamos lo que establecen los principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72, señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.
En el punto 73, se dice: “En el PRI, ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.
Y en su punto 75, dejan establecido: “Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida”.
La pregunta que se hacen con toda razón no sólo los militantes del tricolor sino los mexicanos que les refrendaron su confianza en julio pasado es: ¿cómo van a cumplir con sus compromisos establecidos en sus documento básicos con una reforma laboral como la que aprobaron en el Congreso de la Unión? Su contenido, y no podrán negarlo los legisladores de ese partido, es todo lo contrario a sus postulados partidistas.
Ahora que organizaciones adherentes al PRI, pertenecientes a la CTM y al Congreso del Trabajo (CT), se han dado cuenta de las gigantesca pifia política y legislativa que cometieron sus diputados y senadores, se prepara una auténtica rebelión para echar atrás los destrozos no sólo ideológicos sino legales que se cocinaron al más puro estilo panista en ambas cámaras.
Por ello, ya hay acuerdos como la celebración de la Primera Convención Nacional de Trabajadores contra la Reforma Laboral, pactándose las acciones a seguir para echar abajo este atentado en contra de millones de mexicanos; además, y de manera conjunta, en lo que será un hecho histórico, se verán juntos en marchas, plantones y otras estrategias a realizar a sindicatos independientes y del CT, convocándose además a una gran consulta a los trabajadores para estallar la huelga nacional el próximo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
La molestia generalizada es por demás evidente pues, con la legalización de las outsourcings y los contratos de prueba, la sindicación está herida de muerte y con ello el futuro de muchos sindicatos corporativos con los que por muchos años el PRI cimentó su sector obrero.
Por donde quiera que se le vea, la reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por la clase trabajadora. No se puede defender lo indefendible y eso lo saben perfectamente las propias organizaciones priistas que ahora tomarán por asalto las calles y plazas públicas ante la traición cometida por sus representantes en el Congreso, los que ahora, seguramente, ya no sabrán dónde esconder la cabeza. Avestruces legislativas, para ser exactos.
Dan inicio juicios internacionales a Calderón
Lilia Arellano
Revista EMET
03 de noviembre de 2012
Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón conozca si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lessa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.
Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En el mes de marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respaldan un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.
Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad de la administración calderonista respecto a los más de 70 mil civiles asesinados –otros datos arrojan más de 90 mil-, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, que son inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes.
Felipe Calderón, cuya posición es más frágil ahora porque va a dejar el poder, no podrá alegar inmunidad presidencial por los que denomina “daños colaterales” de su guerra contra los narcos, toda vez que el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte Penal Internacional- prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial para evitar el proceso.
Será en el mes de diciembre cuando la Fiscal Fatou Bensuda decida el rumbo de la denuncia. Las preocupaciones de Calderón sobre el caso no son menores: en su oportunidad, la revista “Proceso” dio a conocer que el michoacano movilizó a elementos del cuerpo diplomático para “disolver la demanda”. Para eso se designó en la Embajada de México en los Países Bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de “los golpes jurídicos que están por llegar”. Entre ellos se encuentra Eduardo Ibarrola Nicolin, abogado penalista egresado también de la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho.
Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
jueves, 1 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)