Mitin en el auditorio nacional 11/08/12

El mexicano Rafael Navarro González participa en la misión del Curiosity

Colaborará en el análisis e interpretación de los datos que reúna el robot


Periódico La Jornada

Emir Olivares Alonso

Martes 7 de agosto de 2012

En el Laboratorio de Propulsión a Chorro celebran luego de confirmar el arribo de la nave a MarteFoto Ap

En la misión del robot Curiosity participa el mexicano Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien colabora como asesor científico y analizará e interpretará los datos que la nave recoja.

En entrevista telefónica desde Estados Unidos, el científico universitario reiteró que la principal meta de la misión es buscar la presencia de compuestos orgánicos en suelo marciano que pueden dar pistas de la existencia de vida presente o pasada en el planeta rojo.

Para ello, dijo, el Curiosity lleva “el equipo más avanzado” en la historia de las misiones a Marte. Es el laboratorio llamado Análisis de Muestras de Marte (SAM, por sus siglas en inglés), que se encargará de verificar y analizar la superficie del planeta vecino para determinar si el ambiente fue o es propicio para albergar vida microbiana.

“Gran avance para la humanidad”

Gracias a esta instrumentación se descifrará si los compuestos –en caso de existir– fueron formados por procesos químicos o biológicos; de tratarse de los segundos se abre la posibilidad de afirmar que hubo o existe vida en el planeta rojo. “Se trata de un gran avance para la humanidad, pues el proyecto permitirá estudiar en detalle el pasado de Marte y descubrir si hay o existieron elementos para la vida”.

Navarro señaló que las posibilidades de fracaso para el amartizaje eran de 50 por ciento, pero afortunadamente todo fue exitoso.

Acerca del descenso del robo a la superficie marciana, el científico mexicano señaló que se realizaron procesos muy complicados, incluidos cambios en la configuración del vehículo. Debido a esto, se suspendió momentáneamente la comunicación desde la Tierra con el robot. Para el equipo terrestre se trató de instantes de incertidumbre que han sido la parte más tensa de la misión, tras el despegue.

Curiosity, del tamaño de una camioneta, comenzó el descenso en caída libre a una velocidad aproximada de 21 mil 600 kilómetros por hora. En ese momento, el único medio viable para comenzar la desaceleración de la nave fue la fricción con la atmósfera marciana. Debido a que ese proceso generó temperaturas muy altas (de forma similar a cuando un meteorito entra en la atmósfera terrestre y se incendia), el robot contaba con un escudo para evitar daños.

La primera tarea del robot consiste en acercarse a la montaña Sharp. Para lograrlo, el pasado junio se corrigió la trayectoria de la nave, lo que le permitió descender más cerca del cráter Gale.

Según Navarro González, esto es de suma importancia, pues “se reducirá a la mitad el camino que recorrerá el robot para llegar a la montaña Sharp”. Así evitará los peligros que pudiera encontrar al desplazarse en grandes distancias y además se optimizarán los tiempos de la misión.

Curiosity es capaz de pasar sobre obstáculos hasta de 65 centímetros de altura y de recorrer un máximo de 200 metros al día, mientras obtiene energía de un isótopo radiactivo. Al no depender de la energía solar, no detendrá sus actividades en la noche.

Cuenta con dispositivos que le permitirán identificar los minerales presentes en la superficie marciana, además de tomar fotografías y video de alta definición, así como localizar sitios adecuados para obtener muestras, que conseguirá taladrando el terreno para estudiar capas más profundas de la superficie, que aquéllas examinadas en misiones anteriores. También se obtendrán muestras con una pala. Otro experimento que se realizará consiste en evaporar las rocas con un potente láser. El análisis del gas resultante permitirá conocer los elementos químicos presentes en las muestras.

El dilema de las izquierdas

La Jornada.
Marcos Roitman Rosenmann
Martes 7 de agosto de 2012

Discutir sobre la izquierda, quiénes son y qué organizaciones la encarnan, se ha convertido en tema recurrente, sobre todo desde la caída del muro de Berlín. Muchos hemos buscado una explicación a la atomización y diáspora militante, pero la discusión provoca desazón e intelectualmente perplejidad. Hoy no faltan adjetivos para identificar un cúmulo de izquierdas. Viejas denominaciones y nuevas adscripciones. Izquierda verde, ecologista, feminista, anticapitalista, gay, cultural, progresista, comunista, demócrata-radical, socialista, socialdemócrata, popular, autogestionaria, reformista o revolucionaria. Incluso hay quienes han planteado la emergencia de una izquierda responsable”. En este mar coexisten marxistas, leninistas, estalinistas, maoístas, gramscianos, libertarios, autogestionarios, trotskistas y últimamente, en alusión al filósofo italiano Negri, “negristas”, por citar algunos. Y en América latina las propias del contexto histórico. Guevarista, castrista, allendista, peronista, mariateguista, martianos y sandinistas. Y ahora, después de este ejercicio de catálogo, cabría preguntarse: ¿cuánto y qué separa a tantas izquierdas? ¿estrategia, táctica, métodos, principios? Seguro que hay diferencias y en algunos casos irreconciliables, pero este es el punto de inflexión que obliga a plantearse la refundación del espacio político de lucha anticapitalista. La convivencia en esta gran “familia” no ha sido fácil ni puede serlo. Diríamos que se caracteriza por su genética tortuosa y en ocasiones traumática. Las razias, los asesinatos o gulags dejan una huella difícil de borrar, introduciendo otro hándicap a la hora de definir una diferencia ética entre el accionar de la derecha y el de la izquierda.

Por si alguien piensa que la derecha tiene las manos limpias, la verdad es lo contrario. En sus filas se han cometido innumerables crímenes, todos execrables. Pero, salvo casos excepcionales, dichos actos de ignominia fueron cometidos contra sus enemigos naturales, es decir, las clases sociales dominadas y explotadas y los militantes de izquierdas, hayan sido éstos, indistintamente, comunistas, socialistas o socialdemócratas. La caza de brujas en Estados Unidos y la lucha anticomunista, en tiempos de la guerra fría, han causado millones de muertos en los cinco continentes. Sirva el caso de Indonesia, en plena euforia nacionalista. Derrocado Sukarno e instaurado en el poder el general Suharto, en menos de un año fueron asesinados, según las cifras, entre medio millón y 2 millones de simpatizantes y militantes de izquierdas. La isla de Bali perdió 8 por ciento de su población, equivalente a 100 mil personas. Qué decir de las dictaduras en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera.

Sin embargo, la izquierda ha fagocitado a sus miembros, disparándose en el pie. Tres ejemplos. España durante la guerra civil, el asesinato de Andreu Nin, dirigente del PAUM, a manos del Partido Comunista. La Unión Soviética de Stalin, el asesinato de León Trotski en México, por citar uno, amén de los millones de muertos anónimos, y en América Latina, el ajusticiamiento del poeta salvadoreño Roque Dalton, perpetrado por su organización. Ellos fueron acusados de agentes del imperialismo y sus cabezas cobraron precio. Quienes cumplieron la “misión” lo hicieron en nombre de “la revolución”. Y no les tembló la mano. Ramón Mercader le atizó con un piolé a Trotski y Roque Dalton recibió un tiro en la nuca de su compañero y “amigo” Joaquín Villalobos, más tarde comandante del FMLN, hoy asesor de la derecha estadunidense. Pero los caídos en desgracia y considerados contrarrevolucionarios llenarían tomos y tomos. Y si vemos la historia reciente, baste señalar Camboya. Para los disidentes esta manera de actuar de las “izquierdas” demuestra la perversión del comunismo. Y para la derecha política y social constata la superioridad del liberalismo frente al totalitarismo marxista.

Lo anterior supone, para cualquier militante de izquierda de hoy, un lastre. En ocasiones es una verdadera losa para proponer una alternativa socialista y anticapitalista. Hay que estar continuamente reinventándose. Nuevos lenguajes, nuevas formas de actuar y, desde luego, de pensar. Cada vez que uno se proclama socialista o comunista, llueven los improperios y las descalificaciones. Se nos tilda de anticuados, obsoletos, fracasados, antisistema y, si la cosa se pone fea, el calificativo de “terrorista” siempre es un comodín. Constituyen restos execrables y prescindibles adscritos a la “historia negra del comunismo mundial”. Mejor que se disuelvan, se hagan el harakiri y se transformen en acólitos de la globalización trasnacional. Eso sí, antes deben hacer un gesto público de abdicación y entonar el mea culpa. Tal como ocurría en los tiempos oscuros de la inquisición, el hereje, antes de morir achicharrado en la hoguera, debía confesar su pecado. No salvaría la vida, pero a los ojos de la Iglesia y Dios, limpiaba su alma. Incluso un arrepentimiento a tiempo transformaba al inquisidor en un benevolente juez, capaz de sustituir la hoguera por una muerte veloz, el garrote vil o la horca. Pero cabía otra opción, dejarse caer en las manos de la verdad revelada. La inquisición los transformaba en espías, delatores. Algunos fueron premiados por la celeridad en sus actos. Torquemada, por ejemplo. En la arena política los conversos son muchos. En América Latina no faltan casos, Jorge Castañeda sin ir más lejos. Divulgadores de la nueva fe se dejaron la dignidad por el camino y la ética la arrojaron al retrete. La derecha se ha nutrido de semejantes especímenes para convertirlos en profetas del neoliberalismo.

Tal vez llegó la hora de refundar la izquierda. Sumar y no restar. Pero este proceso supone gran altura de miras. No se trata de crear un partido único o reconstruir una vanguardia excluyente. La marcha del capitalismo lleva al colapso planetario. No es ciencia ficción. En todos los ámbitos de la vida, política, social, económica, cultural, ecológica, alimentaria y, desde luego, ética, el capitalismo opta por una deriva irreversible. Los órdenes complejos han perdido la capacidad de reproducir su organización con resultado de muerte a mediano plazo. Hoy día, rehacer los espacios medioambientales deteriorados y contaminados no es viable. Sin una izquierda fuerte, posicionada y con capacidad de respuesta, el neoliberalismo terminará con un triunfo pírrico. Un planeta donde la vida no tendría posibilidades de prosperar. Esta es la responsabilidad de la izquierda, evitar la catástrofe. Impedir la muerte de millones de seres humanos y especies, aunque sólo sea por espíritu de sobrevivencia. Son horas vitales. El tiempo apremia. Hay que separar el polvo de la paja. Limpiar la izquierda de aquello que nunca formó parte de su tradición teórica, política y ética. No caer en falsos debates cuyo propósito paraliza el advenimiento de una fuerza capaz de enfrentar al neoliberalismo, con posibilidades reales de éxito.

Rompiendo el silencio

La Jornada.John M. Ackerman
Lunes 6 de agosto de 20

“No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.

Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas “informativas” que no tiene lugar en un contexto democrático.

La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que “la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia”.

Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto.

El monitoreo del IFE de la cobertura de las campañas en radio y televisión fue también deficiente. En lugar de evaluar y contabilizar de manera integral la atención mediática prestada por cada empresa de radio y televisión a cada uno de los candidatos, el IFE contrató a la UNAM solamente para sumar los segundos de las “notas informativas” y determinar hasta qué punto éstas serían “adjetivadas” con la inclusión de alguna afirmación explícita. Quedaron totalmente fuera de este ejercicio la contabilización de la cantidad de entrevistas a cada candidato, los comentarios de los locutores y analistas, así como los aspectos de producción, colocación y encuadre de las mismas “notas informativas”.

En estos aspectos más sutiles, pero igualmente dañinos para la equidad, hubo una burda manipulación mediática en favor del candidato del PRI que no ha sido tomado en cuenta por el IFE. El consejero electoral local Bernardo Barranco es una de las únicas voces críticas que desde dentro el IFE ha hecho señalamientos al respecto, al comentar el sesgo mediático en el estado de México. También habría que recordar cómo las empresas de radio y televisión traicionaron a la democracia al no convocar un solo debate propio entre los candidatos presidenciales, limitar la transmisión del primer debate y negarse a transmitir el tercero, convocado por el movimiento #YoSoy132.

El omnímodo poder del duopolio televisivo es particularmente agresivo, pero otras empresas también han decidido privilegiar su negocio por encima de su independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de MVS Comunicaciones, que si bien hoy todavía mantiene el invaluable espacio de Carmen Aristegui, ya empieza a dar peligrosas señales de subordinación al poder al cancelar la transmisión de las colaboraciones de un servidor sobre el tema de la calificación de la elección presidencial (aquí mi carta de renuncia a MVS: http://ow.ly/cKtK9 ).

Mis señalamientos respecto al trasfondo político de este caso no se realizan a la ligera, como ha señalado Alejandro Vargas, presidente de MVS Radio, sino que están plenamente fundamentadas y comprobadas. No es coincidencia, por ejemplo, que el actual vocero del PRI, Eduardo Sánchez, muy recientemente litigaba para MVS el tema del refrendo de la concesión de la banda 2.5 GHz. Esperemos que Peña Nieto se conforme con haber logrado mi renuncia al noticiero de Luis Cárdenas y no pida también incidir en los espacios de Aristegui.

No podemos confiar en las instituciones estatales o la clase política para lograr las transformaciones profundas que necesita el país. Todos debemos poner nuestra parte para seguir el ejemplo de valentía y lucha de los jóvenes del movimiento #YoSoy132. Hablan por todos cuando se niegan a mantenerse callados y rechazan la imposición de un nuevo presidente cuyo único objetivo será distribuir prebendas entre sus amigos, en lugar de velar por el interés público.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Poner el cuerpo, jugarse el alma, ganar la vida (el memorial de agravios de los estudiantes)

La Jornada.
Adolfo Gilly
Viernes 3 de agosto de 2012

Aspecto de la asamblea popular informativa en el campamento que integrantes del movimiento #YoSoy132 sostienen en el Monumento a la Revolución, ayerFoto Francisco Olvera

Alos pueblos de México: Cuando llegamos estaba el mundo y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión.

Así comienza el clamor de rebeldía de los recién llegados del 11 de mayo y con ellos esos otros venidos de lejos, desde generaciones sin número y sin nombre, que vienen una vez más a pedir antiguas cuentas a todos cuantos tienen poder y mando:

Éramos cúmulo de descontentos, éramos fraudes electorales sin revolución, éramos Chiapas y 500 años sin nombre levantados en armas, éramos Aguas Blancas y el pueblo en la tierra asesinado, éramos crisis y éramos deudas ajenas, manos sin trabajo, éramos huelga, barricadas aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de represión. Éramos trabajo esclavo, familias de migrantes, cuerpos en puentes colgados, mártires (presos) del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado. […] No somos sino que hemos sido. Somos el efecto de la muerte y de la indignación.

Descripción en furia y libertad de este México que no se mencionó así en las campañas ni se mostró en los votos comprados, los estudiantes buscan y van encontrando las palabras precisas para describir este tiempo mexicano donde, como en el verso clásico de Borges, “no nos unió el amor sino el espanto”. Y es preciso primero describir este espanto si se quiere después liberar el amor.

Es lo que hace este manifiesto, lo que estuvo ausente en las televisiones, lo que trajeron Javier Sicilia y su movimiento y aquí quedó y ahora reaparece para que no nos olvidemos y no nos encerremos en hablar tan sólo de política, por necesaria e ineludible que ésta sea.

Fue este espanto y el silencio, no sólo la pobreza –y ni siquiera ella– lo que abonó el terreno fértil para la compra de los votos. No es por pobreza sólo, sino también por descreimiento en la política tal cual se les presenta y por temor al cacique, al funcionario, al poderoso local del cual dependen favores o desdichas, que tantos hombres y mujeres votan como les exigen quienes tienen poder sobre sus vidas y destinos y sobre el porvenir de sus familias. ¿Y a quién acudir si el cacique, el diputado, el regidor o el señor se enojan con uno? ¿A la justicia? Cuál justicia, hágame usted el favor, la que tuvo años presos a los de Atenco obedeciendo a Peña Nieto y Fox y después, cuando ya se venía la campaña, los declaró inocentes y “ustedes disculpen”.

Pero ese viernes de mayo los de la Ibero no olvidaron ni disculparon ni se callaron.

Esos 131 que dieron la cara y mostraron sus documentos, porque a quien les habló como represor como a tal había que mostrar documentos, se definieron desde su espontáneo gesto inaugural de rebeldía ante ese político que, acto reflejo, de inmediato los llamó “manipulados”. Ahora lo reiteran con todas sus letras en su manifiesto, independientes de todos, los unos y los otros, siendo ellos mismos sin ofender ni defender a ninguno:

#YoSoy132 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de partidos, candidatos y organizaciones que respondan a un programa electoral; […] que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para trasformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo.

Hemos llegado, dicen los estudiantes, y topamos con murallas que nos cierran el paso y el futuro:

la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equivalente al ingreso de los 40 millones más pobres; un campo abandonado que sólo produce pobreza y migrantes; la ausencia de oportunidades que empuja a los desposeídos al crimen organizado; la venta de lo colectivo para beneficio de unos cuantos y la concesión de megaproyectos por encima de los derechos ambientales y comunales.

Todo este horror está protegido, agregan, por “la muralla de la desinformación donde una minoría controla la opinión pública y la verdad es reducida a un artículo más de consumo”. Y todo esto lo dijeron ante los muros de Televisa, “a las puertas de esta empresa mediática ignominiosa que se ha encargado de manipular y desinformar al pueblo mexicano”.

“Esta gran humanidad se ha echado a andar”, dijeron los cubanos hace más de medio siglo en los inicios de su revolución. Y vaya si anduvieron. Desde el 11 de mayo en la Ibero esta generación presente de estudiantes mexicanos también salió a caminar y nomás al inicio con esto se topó:

Caminamos unos pasos y con la fría estructura nos pegamos, es la ignorancia sombría, donde se preparan para maquiladores los que tienen la suerte de ir a alguna escuela, donde la educación pública es la educación de las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje sino el suministro de mano de obra barata para las trasnacionales […]

Y al final, si aún tenemos rostros y manos, un retén nos cierra el paso, los muros de acero y concreto, los muros de piedras y balas, los muros donde mataron a tu hermana, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras, los muros del miedo y de las cabezas colgadas. […] El muro de la estrategia correcta donde fuiste acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror.

Este es el México que ellos hallaron, nuestro México, el que no pudimos evitar ni eludir, el que produjo Acteal y Atenco y las innumerables masacres del trabajo y los presos indígenas de Chiapas y los estudiantes asesinados de Ayotzinapa y además y además y además… Ahora convocan a cambiarlo y, a modo de punto de partida, nos proponen seis puntos:

1. Democratización y transformación de los medios de comunicación y difusión.

2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico.

3. Cambio del modelo económico neoliberal.

4. Cambio en el modelo de seguridad nacional.

5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales.

6. Salud: pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo cuarto constitucional.

Como corolario de sus razones los estudiantes describen el programa y las intenciones de Enrique Peña Nieto:

EPN no debe ser presidente no sólo por el régimen caduco al que representa y por su colusión y subordinación a Televisa, sino por las amenazas que cierne sobre nuestro país la privatización del petróleo a favor de las trasnacionales estadunidenses, la elevación de impuestos para el pueblo, la reforma laboral que legalice la brutal explotación de los trabajadores y la pérdida de derechos laborales indispensables; por último, la privatización del sector salud y de las pensiones de los trabajadores.

Ante este peligro, llamamos a la unión y la organización de las fuerzas sociales en nuestro punto de acuerdo: la transformación del estado actual mexicano.

Los estudiantes de #YoSoy132 llaman a todos a organizarse desde sus creencias, sus comunidades, sus trabajos, sus plazas, sus organismos, sus historias y territorios, para que así “podamos juntos entrar en confianza, luchar y trasformar a este nuestro México”.

Y con estas palabras cierran su manifiesto dirigido no al pueblo en general sino, con precisión, “a los pueblos de México”:

Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. Quisieron arrebatárnoslo todo y lo único que perdimos fue el miedo. Ya no seremos más una voz silenciada. Venimos aquí con nuestros cuerpos que gritan: ¡¡¡Ya basta!!!

Sí, ya basta. ¡Salud y libertad, estudiantes de este y de todos los Méxicos!

“Divide a la Sedena” consignación de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia

Mandos del Ejército piden que los juzguen militares, según fuentes


Periódico La Jornada

Gustavo Castillo García
Viernes 3 de agosto de 2012, p. 15

La consignación de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, por su presunto apoyo a las actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, ha generado divisiones entre el generalato que comanda la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior podría generar problemas en la sucesión del general Guillermo Galván Galván y los cuadros que se disputan el cargo, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

En tanto, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano (antes La Palma), en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, comparecieron ante el juez tercero de distrito en materia penal el general de brigada Rubén Pérez Rodríguez, ex comandante de la 22 Zona Militar, con sede en Toluca, para responder por la acusación de haber cometido delitos “contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza”, y el mayor Iván Reyna Muñoz, señalado como responsable de “delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud”, ya que ambos fueron acusados, junto con el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, de haber apoyado las actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Respecto a los mandos de la Sedena, los funcionarios entrevistados señalaron que las diferencias entre grupos de generales que tienen posibilidades de acceder a la titularidad de la Sedena y algunos brigadieres, se ahondaron conforme avanzaba el arraigo de Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas, ya que algunos consideraron que debieron ser juzgados en el fuero militar, ya que las supuestas acusaciones mencionan que en activo cometieron delitos.

Las fuentes indicaron que la diferencias de criterio se ha presentado entre quienes, por ejemplo, han sido comandantes de operaciones conjuntas, jefes de regiones militares o algunos de quienes están dentro de la estructura de mando de la Sedena. Sin embargo se mantiene la institucionalidad, y quienes aspiran a suceder a Galván Galván tendrán que presentarse como opción para conducir la dependencia en lo administrativo y la operación diaria de una fuerza armada; como un mando con arraigo y respeto, y capacidad de negociación con sus pares.

SME Entrevista Gerardo Avelar 1agos12

SME Antonio Almazan asamblea jubilados 1agos12

SME Carlos Magariño asamblea jubilados 1agos12

Tu que llevarias?

boleta de calificaciones

Reforma laboral y negligencia criminal

La Jornada.
Napoleón Gómez Urrutia
Jueves 2 de agosto de 2012

Durante las semanas recientes dirigentes del PAN y del PRI han mencionado insistentemente, con una gran ignorancia y mala fe, que en septiembre próximo los miembros de ambos partidos en el Congreso aprobarán una reforma laboral que nadie conoce y por tanto la vuelven sospechosa. El hecho no presagia nada bueno para la clase trabajadora. Aseguran que son promesas de campaña que todos sabemos que los candidatos se hicieron a sí mismos y a sus cómplices, con una grave irresponsabilidad de cara al pueblo de México.

Unos y otros de los antes mencionados han señalado que urge una reforma laboral, porque dicen que de no haberla se está obstaculizando el progreso del país y el crecimiento de la economía, y por dicha circunstancia no se crearán los empleos suficientes ni se abrirán las expectativas de avance que, alegan, sólo se lograrán con esa supuesta reforma laboral.

Lo notable del asunto es que representantes y abogados del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se están reuniendo con dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con el propósito de llegar a pactos en ese proyecto de reforma laboral. No informan del contenido de sus análisis o deliberaciones, lo cual da pie a la desconfianza sobre el verdadero carácter de sus encuentros, cuando el CCE y la CTM no se atreven a exponerlos a la luz pública, como debiera ser en esta materia tan importante para el desarrollo económico, político y social de México.

Lo que parece evidente es que estos dos grupos pretenden tomar acuerdos en nombre del país entero y de todas las fuerzas sociales, lo cual no pasa de ser una simulación para llegar a arreglos cupulares de conveniencia, ya que la CTM ya no representa a nadie en el ámbito de las organizaciones de trabajadores, sino sólo a la cúpula de sus dirigentes formales, anquilosados en la imagen de un poder que desde hace lustros ya no tiene. Los empresarios, pues, están negociando con un grupo que sólo se representa a sí mismo, pero no a los millones de trabajadores que hay en México, y mucho menos a los que están agrupados en los sindicatos democráticos, independientes y autónomos del país, como los mineros políticamente perseguidos, con una perversidad sin límites, los universitarios, los campesinos y ejidatarios, los telefonistas, los tranviarios, los electricistas golpeados por la arbitraria e inconstitucional desaparición de Luz y Fuerza del Centro, los maestros y muchos más.

Parece obvio que aquella representación sindical, que en el pasado remoto fue una fuerza auténtica de lucha, hoy está castrada de antemano por su falta de autenticidad obrera y de un liderazgo democrático y sólido. Su política es, a lo largo y ancho del país, de sumisión al sector de los patrones y de los dueños de las empresas, así como a los gobiernos, sin importar su filiación ideológica o partidaria. En cada centro de trabajo que se presenta un intento serio de trabajadores por tener una representación auténtica y verdadera que defienda sus intereses legítimos, aparecen los representantes de la CTM para ponerse a las órdenes de los patrones y oponerse a los intereses legítimos de los genuinos trabajadores para mediatizarlos, amenazándolos, golpeándolos y criminalizando su esfuerzo.

En ese proyecto de supuesta reforma laboral, en rigor una contrarreforma del trabajo, impulsada por los representantes de la CTM, se plantea dar toda la flexibilidad a patrones para contratar o despedir a los empleados sin ninguna responsabilidad para las empresas; para aceptar o rechazar representaciones sindicales; para legalizar el outsourcing y los sindicatos de protección o blancos; para llenar de tantos y tan complicados requisitos el ejercicio del derecho a la huelga, que de hecho lo anulen; para afectar los salarios caídos de tal suerte que el derecho constitucional a la huelga, universalmente aceptado como prerrogativa de trabajadores para oponerse a las injusticias de las empresas, sea sólo una declaración legal sin eficacia en la realidad.

Con estos argumentos, es indudable que la CTM se está reuniendo con los miembros del CCE sólo para autentificar las políticas antisindicales de los gobiernos panistas en derrota, que hoy le quieren endosar al próximo gobierno. Con eso se ignora que en otros países del mundo donde se aplicaron contrarreformas laborales, hoy ya están de regreso de las mismas, pues en los hechos se comprobó que esos proyectos entreguistas no eran viables, como en el caso de España, que generó 25 por ciento de desempleo, el de Italia o el de Grecia, hoy sumidos en profundas crisis sociales. Mientras allá están de regreso de la aventura neoliberal de suprimir los auténticos derechos sindicales, en México insisten en esa línea socialmente suicida.

Este fenómeno tiene su repercusión en otros ámbitos de la realidad obrera. Al no cumplirse las leyes laborales del país, quedan absolutamente desprotegidos muchos trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo, como los de la minería, cuyo efecto sólo en el estado de Coahuila llega a la cifra de 150 muertos en seis años por negligencias criminales de los empleadores y de los gobiernos federal y estatal que los solapa. Si se cumpliera con los mandatos de las leyes laborales y de la Constitución, ninguna de esas tragedias tendrían por qué producirse. En los “pocitos” de carbón, tanto empresas como autoridades impiden la sindicalización y la protección de sus trabajadores. Ante estas tragedias, nadie hace algo para remediarlas, y sobre todo para impedirlas, como lo demuestra la explosión en febrero de 2006 de la mina 8 de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 trabajadores mineros, cuyos responsables se mantienen en la impunidad. En este camino continuará habiendo “homicidios industriales”. Por eso es urgente que se elaboren y promulguen leyes que penalicen la negligencia criminal de las empresas y se castigue ejemplarmente a los responsables, tanto de los inversionistas como del gobierno.

Los intentos de contrarreforma laboral, por un lado, y las impunidades empresariales, por el otro, son las dos caras de una misma moneda: la de la corrupción gubernamental y de las empresas antisociales, que México no debe estar dispuesto a tolerar nunca más.

SME Entrevista con Eduardo Bobadilla 31jul12

SME Entrevista Rafael Ramirez Grijalva 31jul12

No hay democracia sin principios

Contralinea
Autor: Netzaí Sandoval Ballesteros

29. julio, 2012

Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han descubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuenta con facultades legales y constitucionales para anular las elecciones.

Más que una posibilidad, la anulación es en este caso una obligación legal. La compra masiva de votos en todo el país que está plenamente comprobada; la propaganda ilegal del Partido Verde (que postuló a Peña) durante la jornada electoral y en la veda, que constituye un hecho público y notorio; el sorianagate y el monexgate, denunciados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN); pero especialmente el financiamiento privado que utilizó Peña Nieto para su campaña y que superó con creces el financiamiento público, obligan a que el Tribunal Electoral anule la elección presidencial. De otra forma estaría violentando la Constitución Mexicana y su propia jurisprudencia.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha consolidado como el más fraudulento de la endeble democracia mexicana. Esto lo expresa el propio Tribunal Electoral, pues el 62 por ciento de las elecciones que ha anulado en la historia fueron fraudes orquestados por el PRI. A través de sus prácticas enquistadas, dicho partido ha logrado una vez más defraudar la voluntad popular en las urnas.

Esta realidad se debe a deficiencias en nuestro marco jurídico, pero fundamentalmente es posible gracias a la tolerancia y la complicidad de las autoridades electorales.

El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, emitió pronunciamientos prejuzgando el caso que llegará a su conocimiento.

Afirmó tácitamente que no anularán las elecciones –aún sin conocer el asunto–, ya que no otorgarían en “la mesa lo que no se ganó en las urnas”. Por estas declaraciones, el magistrado Luna Ramos debería ser excluido del debate y votación de la calificación de la elección presidencial, pues ha expresado que tiene un prejuicio (algo inaceptable para un juzgador) que afecta su imparcialidad. Con ética, debería excusarse del asunto y si carece de ella debería ser recusado por los partidos que impugnan la elección. De otra forma pondría en peligro la imparcialidad de toda la Sala Superior del TEPJF, y hay que recordarle a los magistrados y al establishment que los colocó en sus puestos que la “apariencia de imparcialidad” de un tribunal es un derecho humano que puede controvertirse y dirimirse en el ámbito de los tribunales internacionales. Así, la presencia de Luna Ramos pondría en juego la propia validez de la calificación de la elección que emita el Tribunal Electoral.

En México existen procedimientos de selección de representantes que se llevan a cabo sin respetar los principios fundamentales de la democracia.

En las elecciones mexicanas el principio de publicidad no rige el proceso electoral. Lamentablemente el escrutinio y cómputo es una etapa cerrada a la supervisión ciudadana, pues se prohíbe a los ciudadanos “normales” presenciar el conteo de votos en las casillas. Este simple argumento bastaría para anular la elección en Alemania. De acuerdo con la Corte Constitucional Federal de ese país (sentencia del 3 de marzo de 2009, 2 BvC 3/07 and 2 BvC 4/07) la elección debe realizarse “ante los ojos del público”: cada ciudadano debe comprender de manera segura los pasos centrales de la elección sin conocimientos técnicos previos, por lo que si se lesiona el principio de publicidad de la elección y no se posibilita un control efectivo de los actos electorales, ni una verificación confiable del resultado –por parte de los ciudadanos directamente– el proceso electoral resulta anticonstitucional.

El 1 de julio no privó el principio de legalidad. La violación a la ley que realizó masivamente y de forma grave el Partido Verde durante la veda electoral y el día de la elección bastaría para que ese partido perdiera el registro, conforme al artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y para que las elecciones fueran anuladas. Esto sería posible con consejeros electorales con principios, no con los actuales, que demostraran estar postrados ante los mandatos de las televisoras, que se negaron a transmitir el primer debate y ellos no fueron capaces de atreverse a pedir una cadena nacional para lograr su mayor difusión. Evidentemente no se atreverán a afectar los intereses del duopolio televisivo quitando el registro al partido que les permite tener su propia telebancada.

En cuanto al principio de equidad en la contienda y la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público, puede citarse el grave rebase de tope de gastos de campaña en que incurrió Enrique Peña Nieto. La discusión ya no es si Peña Nieto rebasó ese tope (fijado en 336 millones de pesos), porque sí lo rebasó –como lo señalaron tanto el PAN como el PRD– durante las primeras semanas de campaña, sino que el tema realmente a resolver de forma inmediata por el Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su unidad especializada de fiscalización, y tomar en cuenta el Tribunal Electoral al validar o anular la elección, es la magnitud del rebase del tope.

Una violación adicional a los principios constitucionales es que en las elecciones mexicanas el voto no fue universal. Cerca de 2 millones de ciudadanos se han organizado y reclaman que se les negó el derecho a votar en las casillas especiales. Esto tiene una explicación: el IFE decidió instalar únicamente el 60 por ciento de las casillas especiales que la ley le permitía ubicar. Con esta decisión, la autoridad electoral violó el principio de universalidad del sufragio.

Por otro lado, solicitar votos a cambio de dinero y de promesas de paga o dádiva es un delito, como lo establece el artículo 403, fracción XI, del Código Penal Federal. Es también una violación al Cofipe que el omiso IFE debió evitar (pero ahora puede sancionar), conforme a los artículos 4 y 347 de dicho Código. La práctica política de México permite que alguien que cometió flagrantemente delitos electorales, en lugar de ir a prisión –como jurídicamente correspondería–, pueda llegar a la Presidencia de la República. El principio de legalidad quedó destruido en estas elecciones.

Otro principio constitucional esencial en el derecho electoral mexicano es la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. La cantidad desmesurada de recursos empleados por Peña Nieto permiten saber que empleó más dinero de origen privado (basta ver el financiamiento que recibió a través de contratos con Televisa, revelados por The Guardian, o el dinero que se utilizó a través de Soriana y Monex). Por lo tanto, en la elección del 1 de julio también se violó este precepto constitucional.

Si Peña Nieto utilizó más dinero privado que público durante su campaña, el Tribunal Electoral está obligado a anular las elecciones. Esta obligación deriva de su propia jurisprudencia (ver la tesis XX/2004; la jurisprudencia S3ELJ 23/2004, en lo relativo a la prevalencia del financiamiento público; y las sentencias SUP-JRC-165/2008, SUP-JRC-604/2007 y ST-JRC-15/2008).

Se estima que Peña Nieto erogó en su campaña 4 mil 599 millones de pesos. El financiamiento público del PRI para 2012 fue de 1 mil 644 millones de pesos. Incluso suponiendo que todo el financiamiento público hubiera sido destinado a la elección presidencial, existiría más financiamiento privado (unos 2 mil 955 millones) que público (1 mil 644 millones). Si este escenario se confirma, no es que el Tribunal Electoral pueda anular las elecciones, es que tiene la obligación constitucional de hacerlo.

La mera celebración de votaciones no basta para dar validez a la elección de representantes públicos. La democracia es el gobierno del pueblo y las reglas que impone ese pueblo para que el gobierno pueda ser obedecido se expresan en la Constitución. Si en México no se respetan los principios constitucionales básicos, entonces no existe democracia. La desobediencia civil está, por lo tanto, a la vuelta de la esquina.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia