¿Qué hacer con los recibos “locos” de consumo?

La Jornada.
Antonio Gershenson
Miércoles 28 de diciembre de 2011

Las tarifas de energía eléctrica no se resuelven sólo modificando el montón de tarifas existente. Hay cambios, de un bimestre a otro, que pueden aumentar cinco o 10 veces. La cantidad de personas afectadas por este problema es enorme. Va más allá de lo racional.

La persona que atiende al público, simplemente exige que se pague (tenga el consumidor ese dinero, o no), y si no, se corta la luz. También es irracional. Ya ha habido colonias enteras que se sublevan contra del intento de cortar.

Mientras no haya de plano un cambio de gobierno, la solución racional (en tiempo de Luz y Fuerza del Centro había que hacer colas y demás, pero se iba armando una solución a los recibos “locos”) debe incluir personal externo a esas “órdenes de arriba” y con instrucciones muy diferentes de las actuales. Este personal diferente del actual debe tener los conocimientos necesarios.

En primer lugar, se deben analizar los recibos sucesivos, a ver si tenían un secuela lógica de un bimestre al otro. Por supuesto que si ahí está la solución, se resuelve.

En segundo lugar, se rastrean los recibos y se ve de dónde vino el error, para corregirlo de raíz. El sistema de cómputo también puede tener errores.

Hay que liquidar el sistema “automático” operado por una empresa privada, y donde ya se haya instalado, retirarlo e instalar un medidor nuevo, pero no “automático”. Este tipo de medidor hace mucho más difícil, si no es que imposible, lograr soluciones como las que proponemos.

Se deben ir registrando todos los errores registrados. A partir de esto, se deben identificar los errores de gran escala, para eliminarlos.

Es posible que los “errores” sean deliberados, pues no ocurren a favor del consumidor, sino siempre en su contra.

Una vez que se vayan detectando los “errores”, hay que identificar de quién o de quiénes vinieron, pues es muy posible que el dinero extra vaya a bolsillos selectos.

Además del problema de los recibos “locos”, se debe cambiar la estructura de las tarifas. En primer lugar, está la DAC, Doméstica de Alto Consumo. El cobro, ya con IVA, es de más de 4 pesos por kilovatio hora (kWh en el recibo). La tarifa doméstica normal cambia mucho, pero un caso intermedio costará poco más de un peso por kWh, así que la diferencia es enorme. Esto facilita el que haya saltos en los recibos, de un bimestre a otro.

No se trata sólo de que sea cara. Es fija, o sea que una residencia de superlujo paga lo mismo por kWh que alguien a quien le colaron, o se le coló, la DAC. Esta tarifa debe ser eliminada, y usar otra forma, escalonada y no fija, de cobrar a los de verdaderamente alto consumo.

Además de este caso, se debe simplificar la estructura de tarifas en general. Y revisar posibles tarifas de privilegio.

Las tarifas también deben cumplir la función de garantizar un importante ingreso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y para que alcance, es preciso que se vayan eliminando, o se eliminen, los gigantescos pagos que esta entidad hace a empresas privadas a cambio de la electricidad generada con gas.

También se debe ir eliminando el contratismo para todo, que es muchísimo más caro que cuando la CFE llevaba a cabo las obras y otros trabajos con su propio personal. El costo de los contratos y de las obras será más caro aquí que en otro país, porque aquí incluye mordidas y similares.

La corrupción ha, también, propiciado que se compre a las trasnacionales electricidad a costa del uso racional del agua de las presas para generar electricidad, y a costa de generar inundaciones.

Es mucho lo que hay que cambiar, pero por lo pronto señalamos elementos muy nocivos que no deben permanecer.

antonio.gershenson@gmail.com

Hasta la victoria Compeñeros !!!!!!!!

Mensaje de Martín Esparza Flores, Secretario General del SME. 23 diciembre 2011

Más de 13 mil quejas contra la CFE

Siguen los cobros locos en recibos de la Comisión Federal de Electricidad. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que la mayoría de inconformidades se refieren a la negativa de la paraestatal a corregir errores de cálculo. Por ejemplo, el consumo mensual de Lourdes Guillén Flor pasó de 250 a 3 mil pesos. A Sara Sánchez Galván (en la imagen) le exigen cubrir 36 mil pesos por cuatro meses .

José Antonio López

Represión: fracaso del Estado

La Jornada.
Adolfo Sánchez Rebolledo
Jueves 15 de diciembre de 2011

Cuando un gobierno es incapaz de atender las demandas de un pequeño sector de la población sin recurrir a la represión, estamos en el deber y en la obligación de señalar el fracaso del Estado para cumplir con el cometido que el siglo XXI le asigna. Cada vez que la fuerza pública sacrifica la vida de un ciudadano cuyo delito no es sino el de requerir, con tino o sin él, el cumplimiento de sus derechos, México retrocede al abismo y algo muy importante se quebranta en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Hubo un tiempo en que, para imponerse como poder autónomo, el Estado ejerció sin contemplaciones la violencia legítima” con el objetivo inmediato de suprimir las oposiciones, es decir, todos aquellos conflictos que a juicio de los gobernantes ponían en riesgo la estabilidad nacional. Mientras, la autoridad fomentaba las reformas que, en teoría, debían mejorar la situación de las clases desposeídas y repartir los manes del desarrollo. Esa era la esencia del viejo presidencialismo revolucionario, la raíz de su condición a la vez paternalista y autoritaria que, dicho sea de paso, impidió crear una sociedad y una cultura más igualitaria.

El movimiento estudiantil de 1968 puso a prueba el principio de autoridad y la validez de ese arreglo, y por ello fue aplastado sin misericordia, pero ya nada sería igual para el Estado de la Revolución institucional. El movimiento actualizó el tema de la democracia y si bien se iniciaba un nuevo ciclo histórico, tuvieron que pasar años y grandes sacrificios para alcanzar algunas metas democráticas, logradas tan despacio –y tan a modo de los intereses privilegiados– que la transición se pierde en el tiempo, como algo inacabable, que se despliega al modo larvario, dentro del cascarón autoritario donde se incuba y a veces es devorada.

La constitución de un nuevo sujeto, es decir de ciudadanos, partidos, instituciones, aunados por una misma cultura política fundada en el respeto mutuo y la tolerancia sin desmedro de la pluralidad, se llevó a cabo sin un gran acuerdo nacional, arrancando paso a paso los pequeños avances legales y dejando islotes intocados del viejo autoritarismo. Poco a poco se acepta la igualdad en las formas, pero a cambio se profundiza la desigualdad real en la sociedad. En vez de la vieja ideología en crisis, se construye una visión donde se sacraliza la ilusión modernizante, las fantasías de una clase dirigente volcada a servir como peón de brega en el tablero general de la globalización.

A la naciente democracia se le recortan las alas populares; se le impone la camisa de fuerza de una reforma del Estado excluyente que cede la iniciativa a las elites, se observa como un contrasentido la expresión directa de las mayorías, cuyos intereses quedan a la deriva, sin representación directa, mientras se estigmatiza el conflicto entre “la calle” y el Congreso, pero a pesar de todo ya no se puede matar estudiantes impunemente en nombre de la paz pública: casi no queda espacio político y moral para la coartada que suele lanzar contra las víctimas el peso de la prueba, la asunción de la responsabilidad final resumida en el inmisericorde “ellos se lo buscaron” que puebla la mente estrecha de una franja que, en nombre de la seudomodernidad, demuestra su cínica sensibilidad y pide mano dura.

Al colapsarse los instrumentos de la mediación y la ley para resolver los problemas entramos –o no dejamos de estar– en los territorios próximos a la barbarie. Tal vez en otro país tal afirmación pudiera parecer aventurada, pero en México, con 50 mil muertos sin rostro y sin nombre, no podemos darnos el lujo de hacer como si el asesinato de estudiantes a manos de policías fuese un dato más en la ignominiosa estadística de la vergüenza. Si es insostenible la represión como recurso para “solucionar” un conflicto educativo como el planteado por los normalistas de Ayotzinapa, más lo es cuando la autoridad confunde la protesta social con los hechos delictivos y, por tanto, merece un trato semejante o peor al que se le da a la delincuencia. Podrán decir lo que quieran; que si hubo una provocación, que si la responsabilidad directa es de esta o aquella policía, pero lo cierto es que hubo ineptitud para controlar la situación. Y ahora, no obstante la ausencia de profesionalismo demostrada, lo estamos viendo, habría que añadir el oportunismo ilimitado que ya busca hacer de la tragedia un elemento activo de la campaña presidencial, sin respeto alguno por las víctimas.

El fracaso del Estado mexicano (no de un gobierno o de un partido) en este punto se puede medir también por la incapacidad que se ha probado con creces para enfrentar la cuestión de fondo que subyace en esta tragedia: la pobreza, el atraso secular de una región que ve pasar programas de ayuda sin que se produzca el cambio estructural que los aleje de la violencia en cualquiera de sus formas. En lugar de ajustar a las necesidades del desarrollo humano actual las normales rurales, creadas por Cárdenas para servir de palancas del progreso social en regiones rurales olvidadas, la autoridad, alentada por la indigna dirigente del magisterio, procura asfixiarlas. ¿Porqué en lugar de gastar ingentes recursos en ayudas focalizadas no se ha desplegado en La Montaña el plan integral con el que soñaron Othón Salazar y otros luchadores sociales guerrerenses, es decir, un proyecto que de veras multiplique y potencie los esfuerzos de las comunidades para mejorar productiva y socialmente, dándole a la educación el sitio que merece y hoy, por desgracia, no tiene? ¿Por qué, pese a la atención federal Guerrero no se transforma y, por el contrario, se convierte en botín de los productores de amapola y otros cultivos ilícitos? ¿Por qué satanizar en ese contexto la abandonada enseñanza normalista rural sin ofrecerle la oportunidad de servir aprovechando lo que les queda de la tradición originaria: la fidelidad al pueblo del que surgen? Detrás de las balas asesinas está el desprecio clasista, la inquina discriminatoria, la cultura autoritaria que subyace bajo la máscara democrática. Eso es lo que debe cambiar. Pero se olvidan de la historia.

Marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas ¡ HASTA LA VICTORIA COMPAÑEROS !

INFORME DEL SRIO. GRAL MARTÍN ESPARZA FLORES EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN 14-12-2011.

SME Marcha 97 aniversario 14dic11

¡¡¡ 97 AÑOS DE LUCHA !!!

Luto en la Normal Rural de Ayotzinapa

Alumnos normalistas, líderes magisteriales y miembros de organizaciones de derechos humanos de Guerrero realizaron una marcha silenciosa por Chilpancingo, que incluyó una parada en el palacio de gobierno, en repudio del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes. Los manifestantes demandaron castigo para los responsables.

Foto Pedro Pardo

¡¡NO FALTES!!

“Muchachos acusadores...”

La jornada
Jorge Camil
 Diciembre de 2011

Así les llamó Gerardo Laveaga, defensor de Felipe Calderón en la demanda entablada por 23 mil 700 personas (hoy 27 mil) ante la Corte Penal Internacional. Reconoció que si Calderón quisiera llevar su infundada reconvención a los tribunales mexicanos el tema no sería penal sino civil. Con eso descartó a la PGR, el espantapájaros utilizado para amedrentar a los denunciantes, como en los mejores tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. (Surgieron en esa amenaza reminiscencias de Lecumberri” y del “Campo Militar Número Uno”: subterráneos de terror donde confinaban a los “muchachos” del 68, aunque algunos, como Heberto Castillo, ya no fuesen tan “muchachos”. Ese es el caso de los 23 mil denunciantes, menospreciados por Javier Lozano como “abajo firmantes”, aunque incluyan a un ex procurador general de la República y a un ex ministro de la Suprema Corte.)

Laveaga, abogado del establishment, califica a los activistas sociales como “muchachos”. Más comedido que el monstruo de Tlatelolco, que se refería a ellos en privado como “hijos de la chingada, parásitos chupasangre, pedigüeños, cínicos, ¡carroña!”. Con igual vehemencia Lozano calificó a quienes ejercieron un legítimo derecho como “ruines, ignorantes y oportunistas”. Se incorporó sin más a la defensa como abogado oficioso de Calderón, promoviéndose como “buen abogado... para responderles como merecen”. Es escalofriante comprobar que en esta desahuciada administración se están reviviendo fantasmas autoritarios del pasado.

Lo inaudito vendría después. Durante una reunión de las comisiones que dictaminan la miscelánea penal, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, propuso un nuevo capítulo sobre terrorismo que se le escapó a Díaz Ordaz. Su proyecto pretende castigar con penas de 40 años a quienes “presionen a la autoridad (…) para tomar una determinación” (bit.ly/vwcq65). Con esa indignante y burda medida convertía a los “muchachos acusadores” en “terroristas”. Algunos analistas salieron en defensa de Calderón. Afirmaron que no era asesino ni violador de derechos humanos. Él no mató ni torturó; no ordenó secuestros, ni violaciones, ni desapariciones. Afectados de memoria selectiva olvidaron que es comandante en jefe del Ejército, y pretendieron aliviarlo totalmente de culpa afirmando que los militares intervinieron “a petición de las autoridades locales”. Eso coincide curiosamente con la defensa que había comenzado a montar Alejandro Poiré: ¡ustedes pidieron al Ejército!

En aras de una campaña “amistosa”, Enrique Peña Nieto, hoy contrito lector de la Biblia, opinó que la denuncia no tenía “sustento” alguno, porque el mandatario tiene obligación “irrenunciable” de enfrentar al crimen organizado, y ésta “no se puede inhibir o coartar con denuncias” (bit.ly/vqvWoP).

En este galimatías de memoria selectiva todos olvidan que se le advirtió a Calderón oportunamente el peligro de sacar a los militares a la calle. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch explicaron el riesgo que corrían los derechos humanos, y mencionaron ejemplos palpables de otros países. Algunos analistas, como el que escribe, definimos la guerra de Calderón en 2010 como “guerra civil”, cuando se contaban únicamente 15 mil muertos: bit.ly/nU9aAy. Hoy llevamos 50 mil. Alguien debe detener la barbarie.

El lamentable percance en el que perdió la vida José Francisco Blake Mora impidió comentar con detalle el devastador reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado dos días antes. El título mismo es una acusación inequívoca contra la estrategia de Calderón. No deja lugar a dudas: “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Dibuja el desaliento que se ha adueñado del país. Después de los 50 mil muertos, y de la entrega a pedazos de nuestra soberanía, uno de los más prestigiados organismos internacionales nos viene a recordar lo que nos negábamos a reconocer. Que nos hemos quedado sin nada: sin seguridad y sin protección a los derechos humanos.

No logramos detener la violencia, ni el trasiego de drogas, ni la importación de armas de alto poder. Se fomentó la militarización. Tampoco detuvimos el narcomenudeo, así que las drogas llegaron a nuestros hijos. El ominoso subtítulo del reporte, “Ejecuciones, desapariciones y tortura”, nos recuerda que ese es el legado de la “guerra de Calderón”, como HRW la llama invariablemente entre comillas.

Una de las conclusiones es alarmante: reconoce que existe una política de seguridad pública, pero que fracasa seriamente en dos aspectos. No ha logrado reducir la violencia y ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos. La consecuencia es inevitable: “en vez de fortalecer la seguridad pública, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

Las instrucciones en 2006 parecen haber sido: “fuego a discreción”. Sin objetivos, sin control de las fuerzas federales y sin clara estrategia de salida.

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Misa en el Auditorio del SME 12 Diciembre 2011

SME-SEGOB

Renuncias Voluntarias son Trampas Jurídicas para los Trabajadores

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PROPUESTA DE REINSERCIÓN LABORAL DEL 30/NOV./2011 DE GOBERNACIÓN

México, 5 años con Calderón: más pobreza, desempleo y crimen

Peligroso, un político que no sepa qué hacer si gana: Beltrones

Son tan peligrosos como los medios de comunicación sin control, afirma el senador

Políticos sin ideas ponen en riesgo la democracia: Beltrones

Advierte Woldenberg sobre las presiones de los poderes fácticos ante posibles nuevas reformas

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 5

El senador priísta Manlio Fabio Beltrones en el segundo Foro sobre la Democracia LatinoamericanaFoto Luis Humberto González

En un sistema democrático es tan peligroso que haya medios de comunicación sin control y sin ideas, como que haya políticos sin idea de qué hacer cuando ganen las elecciones, sostuvo Manlio Fabio Beltrones, ex aspirante presidencial del PRI, en el segundo Foro sobre la Democracia Latinoamericana.

Defendió los alcances de la reforma electoral que delineó un nuevo esquema de comunicación política al restringir la compra de espacios en radio y televisión, y advirtió que de la experiencia de los comicios de 2012 se desprenderán cambios en un esquema que para el proceso actual difundirá 43 millones de mensajes.

Beltrones se refirió a la inacción del Congreso en cuanto a las reformas sobre radio y televisión. Subrayó que se ha impulsado el fortalecimiento de los órganos reguladores que deben ser verdaderamente independientes, instrumentando un mecanismo de designación transexenal para romper con la posible injerencia indebida en su operación. Insistió en la necesidad de dar uso inteligente a los espots en radio y televisión, aunque reconoció la necesidad de revisar este esquema para no depender tanto de esos mensajes.

El senador consideró naturales las reticencias sobre el esquema de comunicación política en algunos sectores, aunque reivindicó el modelo, el cual puede perfeccionarse después de 2012.

Señaló la necesidad de reformar el esquema de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, confiriéndole un carácter autónomo del Ejecutivo federal, así como para fortalecer su actuación. Sostuvo que este es un tema en que el Ejecutivo siempre se ha opuesto.

Además, Beltrones habló de las reformas necesarias para consolidar la democracia mexicana; enfatizó que en algunos temas, como el de los millones de espots, se ha reconocido la necesidad de modificar el esquema, pero el IFE, para no poner en riesgo la elección, optó por aplicar el mismo modelo.

Durante el foro organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), la Organización de Estados Americanos y la Universidad Nacional Autónoma de México, el ex presidente del instituto José Woldenberg cuestionó las virtudes de una reforma que permite controlar la influencia del dinero pero introduce distorsiones, como reducir los planteamientos políticos a mensajes de 30 segundos.

Advirtió sobre las presiones de los poderes fácticos contra un modelo que modificó el gasto de los partidos en las contiendas, desde que se aprobó la reforma que desató una reacción intensa de los medios de comunicación.

Woldenberg dijo que esta postura no obedeció a la reforma que prohibió la compra de espacios en radio y televisión, sino a la posible derivación en nuevas modificaciones a la ley respectiva motivadas por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada ley Televisa.

Sin embargo, agregó, han pasado cuatro años desde aquella decisión sin que el Congreso haya cambiado la legislación de acuerdo con los criterios de los ministros. El dilema es si los poderes constitucionales van a poder controlar a los fácticos o si éstos incidirán en los poderes constitucionales.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, alertó sobre la caída de credibilidad en los sistemas democráticos latinoamericanos, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2011. En ese documento se advierte sobre la concepción ciudadana de que la democracia está incompleta, es incapaz de generar más justicia social o de reducir la corrupción de los gobiernos; “es cierto que las democracias no son perfectas, pero sí perfectibles”.

En la mesa sobre el papel del dinero y la captura del Estado, donde los ponentes cuestionaron la debilidad de la fiscalización, Ernesto Cordero, aspirante presidencial del PAN, elogió la política fiscal de la actual administración y sus fortalezas que, dijo, le permitieron sortear la crisis de 2008 con políticas contracíclicas.

Casa sobre la Roca en Gobernación

La Jornada
Bernardo Barranco V.
Miércoles 7 de diciembre de 2011

Existe una seria preocupación entre sectores protestantes por la designación de Obdulio Ávila como subsecretario en la Secretaría de Gobernación (SG). La razón es delicada, me señalaban, ya que al parecer pertenece a Casa sobre la Roca y tiene lazos muy estrechos con sus dirigentes fundadores: el matrimonio Orozco. En términos formales, nada impide a Obdulio Ávila, ahora número dos de la SG, que en términos de sus creencias pueda ejercer dicho cargo de gran responsabilidad. El Estado laico le garantiza el pleno goce de sus derechos, independientemente de que pueda ser católico, adherente a Casa sobre la Roca y rendir cualquier otro culto.

Sin embargo, hay una línea inquietante muy delgada por la simiente que porta Casa sobre la Roca como organización político-religiosa, o religiosa parapolítica. Es decir, hablamos de un movimiento cívico religioso ultraconservador de derecha radical, cuyos nexos e intereses pueden tener consecuencias graves en el manejo de la política interior del país en los momentos de por sí graves que vivimos. La preocupación también alcanza a sectores de la jerarquía católica, que a veces no alcanza a entender las señales del presidente Calderón, quien se dice y reafirma “católico” dispuesto a recibir al papa Benedicto XVI en la próxima primavera y, al mismo tiempo, estrecha aún más sus lazos políticos con la ultraderecha neopentecostal que Rodolfo Montes ha evidenciado en su libro La cruzada de Calderón. Ahí se señalan acciones claras que ponen de relieve los privilegios y arropamientos que su administración ha ofrecido generosamente al matrimonio de Alejandro y Rosi Orozco y su movimiento. La siguiente duda es si nuevamente el presidente Felipe Calderón está provocando los principios y fundamentos laicos del Estado moderno, que debe estar absolutamente ajeno a todo tipo de inclinación político religiosa. Y esta señal debe empezar por los funcionarios claves en su gobierno que deben tutelar dichos principios históricos.

A lo largo de la investigación en torno a la Casa sobre la Roca que editorial Grijalbo me encomendó para hacer la introducción del libro mencionado, encontré repetidas menciones e intercambios que pudieran indicar vínculos entre Ávila y, especialmente, Rosi Orozco. Obdulio Ávila, cercano a Calderón, califica a Rosi de su amiga y “heroína” en Twitter; Rosi Orozco, a su vez, lo califica de “gran líder” y “ejemplo de los jóvenes”, exaltación que recuerda los halagos del Vaticano a Marcial Maciel.

Entre otros muchos cruces, el libro de Rodolfo Montes detalla el reclamo de militantes panistas que se sentían agraviados por la dirigencia panista del DF, encabezada entonces por el actual secretario de Gobernación, por las excesivas concesiones. “Que quede claro ante la opinión pública –decía en abril de este año Pacheco López, ex consejero nacional– que el tema de los panistas de Gustavo A. Madero no es la labor legislativa de Rosi Orozco, sino el trato preferencial que ha recibido ella y su agrupación. Le pedimos que explique en qué consiste el acoso”, en referencia esto último a la victimización que hizo Rosi ante las pantallas de Televisa contra el periódico Reforma.

Quien piense que la ultraderecha sigue siendo primitiva y corta de argumentos, se equivoca. Se ha deshermeneutizado. Ya no son los grupos cerrados, recalcitrantes y secretistas; ahora utilizan el discurso de la democracia moderna, usan con soltura los términos y técnicas de las grandes empresas; sin empacho parafrasean los conceptos de la sicología moderna y de la superación personal. Los nuevos grupos conservadores tampoco son monopolio de los católicos; en América Latina se han extendido con fuerza en América Central, Brasil y en Colombia, de donde se inspira Casa sobre la Roca; recomiendan a sus adherentes que se introduzcan en el servicio público, escalen puestos y cargos en gobiernos e incidan en las políticas públicas. Que se posicionen en agrupaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, en organismos de asistencia social, de filantropía y en los medios de comunicación.

La secularización y la globalización en términos de la cultura han tocado las puertas de los nuevos grupos conservadores. El discurso social y político se está reconstruyendo; por ello la distinción ahora es más sutil para diferenciar a las derechas. Sin embargo, la esencia se mantiene, aunque las imposturas modernizantes son nuevas, así como las apariencias para ganar espacios, legitimidad y hasta plausibilidad. La agenda moral conservadora es la nueva expresión del terreno de combate político e ideológico.

Casa sobre la Roca invita a repensar clichés que tenemos sobre los movimientos conservadores. Primero, no todos los grupos de conservadores son católicos ni todos los católicos son conservadores. Sin embargo, históricamente la referencia a este binomio en México ha sido inseparable. El matrimonio Orozco nos conduce a los laberintos evangélicos como un nuevo actor en la construcción de nuevos grupos conservadores en el país. La tentación religiosa totalizante de los nuevos grupos conservadores subsiste bajo posturas y formulaciones distintas que reafirman la necesaria incidencia en las políticas del Estado para defender la familia monogámica, heterosexual con precepto reproductivo único, por tanto están contra los matrimonios de personas del mismo sexo, contra los diferentes métodos anticonceptivos. Su noción de sexualidad es la misma del Yunque. Enfrentan con furia la despenalización del aborto y rechazan la educación sexual en las escuelas.

Esta derecha modernizada tiene intensos vínculos y enlaces internacionales de apoyo financiero e ideológico y conforman redes de complicidad. Por ello, Obdulio Ávila debe dar una explicación convincente que aclare sus ligas con dicha agrupación o desmienta los crecientes rumores que recorren y se acrecientan en los pasillos de las iglesias tanto evangélica como católica

El SME y la propuesta de Poiré

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¡¡ TRABAJO Y LIBERTAD !!

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Resistencia Eléctrica

SME Martin Esparza informe asamblea general 2dic11.wmv

SME Humberto Montes de Oca informe asamblea general 2dic11.wmv

Discute hoy SME en asamblea propuesta de SG

De entrada, la dirigencia del SME advirtió que el planteamiento es inviable y "una provocación”.

La Jornada.
Fabiola Martínez
Publicado: 02/12/2011 11:17

México, DF. Esta tarde, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizará su asamblea general para discutir la propuesta del gobierno federal para los 16 mil 599 miembros de esta organización que permanecen en resistencia, a 25 meses del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

De entrada, la dirigencia del SME advirtió que el planteamiento, recibido el miércoles pasado en la Secretaría de Gobernación (SG), es inviable y tras el primer análisis con sus asesores y la Comisión de Trabajo del SME, se concluyó que la oferta para integrarse como prestadores de servicios “es una provocación”.

El objetivo del sindicato, subrayó su secretario general, Martín Esparza, es la reinstalación de todos los que continúan en resistencia y, en especial, recibir una respuesta del gobierno relacionada al documento que presentó el sindicato en semanas anteriores, sobre un plan de atención para capital del país y áreas aledañas en materia de suministro de energía eléctrica.

El gobierno les propuso integrarse en pequeñas empresas y con base en ello acceder a contratos de servicios en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en 12 dependencias gubernamentales.

Espera SME que Gobernación modifique propuesta de reinserción laboral

Notimex
jue 1 dic 2011

México, 1 Dic. (Notimex).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) espera que la Secretaría de Gobernación modifique la oferta que les presentó el pasado miércoles en materia de reinserción laboral, pues considera que es la misma que les hizo cuando inició el conflicto por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca, consideró inaceptable la oferta de crear empresas prestadoras de servicios a dependencias federales a cambio de que acepten la liquidación de esa paraestatal, que ya habían rechazado antes porque no resuelve el problema de fondo.

"Esa propuesta ya nos la habían presentado cuando el titular de Gobernación era el señor Fernando Gómez Mont y no la aceptamos, pues ya vimos lo que sucedió con los compañeros que sí se liquidaron; crearon sus empresas y luego no les cumplieron con darles los contratos", refirió.

El dirigente sindical detalló que en la mesa de negociación con el actual titular de la Segob, Alejandro Poiré, se acordó dejar las cosas como están en este momento hasta la reunión que se llevará a cabo el próximo jueves.

"Lo anterior quiere decir que nos mantenemos en resistencia pacífica y de momento sin movilizaciones, marchas o mítines, para tratar de acercar las posiciones de las partes la próxima semana", expuso.

Montes de Oca Luna consideró que la trágica muerte del ex secretario de Gobernación Francisco Blake Mora sí afectó el desarrollo de los acuerdos para resolver este conflicto, pues se había avanzado significativamente con él y ahora se regresa al principio.

NTX/APM/HTV

Más de 200 detonaciones de `mufas´ en el DF

Acotan senadores el fuero a integrantes de los tres poderes

Sólo tendrán inmunidad para no ser sujetos de represalias o presiones políticas

Podrán ser procesados sin perder la libertad, pero cumplirían condena al final de su encargo

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 2 de diciembre de 2011, p. 5

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer reformas constitucionales que limitan el fuero pero mantienen la inmunidad de los integrantes de los tres poderes, incluido el presidente de la República, con el propósito de que no sean sujetos de represalias o presiones políticas.

Legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte e integrantes de organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo. Sólo cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad.

Sin necesidad de realizar un juicio de procedencia, ese órgano del Congreso decidirá y en caso de no aceptar la petición judicial el servidor público seguirá en su encargo y al concluir el mismo cumplirá la condena.

La reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Carta Magna fue aprobada con 81 votos en favor y ninguno en contra.

Freno a la impunidad

En tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, y uno de los autores de las dos iniciativas aprobadas, el perredista Pablo Gómez, destacaron que las reformas tienen como propósito atacar una de las causas fundamentales del deterioro social: la impunidad.

Gómez Álvarez explicó que los integrantes de cualquiera de los tres poderes podrán acudir a la Suprema Corte cuando consideren que el proceso penal que se les sigue no está fundado y que son víctimas de acusaciones por motivos políticos.

Joaquín Coldwell resaltó que la reforma “ataca frontalmente la impunidad que lastima más a nuestra gente: la impunidad de los políticos”, mediante un procedimiento inteligente, ya que al mismo tiempo salvaguarda la inmunidad no sólo de los legisladores, sino de todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Gómez Álvarez se congratuló por que se votara la reforma a los artículos 111 y 112, que presentó hace cuatro años y medio, con la cual se limita el fuero y todo servidor público deberá hacer frente a procesos judiciales, como cualquier ciudadano, pero pierde la inmunidad hasta que se demuestre su culpabilidad.

Sostuvo que esas reformas a la Carta Magna son indispensables, porque son preceptos “antediluvianos”, y explicó que se trata de proteger los poderes públicos y su funcionamiento, y evitar que los servidores públicos sean sujetos de procesos no por motivos de justicia, sino por represalias políticas: “Ni inmunidad, ni impunidad”’.

El priísta Jesús Murillo Karam señaló que con las modificaciones el proceso sobre la inmunidad de legisladores y funcionarios se torna “mucho más democrático, más moderno y civilizado”, y al mismo tiempo se garantiza que quienes hacen las leyes no serán presionados con un proceso que después, como ya ha sucedido, derive en un “usted disculpe”.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores aprobó, entre otros temas, acotar el fuero a integrantes de los tres poderesFoto Marco Peláez

La reforma elimina el juicio de procedencia y establece que la Cámara de Diputados o, en caso de receso, la Comisión Permanente, decidirá por mayoría absoluta, dentro de los 10 días siguientes y por solicitud del juez, si retira la inmunidad al funcionario sentenciado por alguna causa penal.

La Cámara de Diputados podrá negarse a retirarle la inmunidad y en ese caso se ejecutará la sentencia hasta que concluya el cargo del servidor público.

Gómez Álvarez explicó que la Cámara de Diputados deberá adoptar una decisión política, porque se requiere quitar el cargo a personas que tienen una determinada investidura y mandato. “De todas formas, a fin de cuentas, si no se entrega el reo a las autoridades, éste tendrá que cumplir al final la sentencia, por lo que no hay impunidad.”

En el caso del presidente de la República, el procedimiento es más complejo e interviene el Congreso en conjunto. La Cámara de Diputados actuará como instructora ante el Senado, y éste dispondrá de un plazo de 10 días, a partir de recibido el proyecto, para decidir por mayoría calificada –con las dos terceras partes de los presentes– el retiro de la inmunidad al jefe del Ejecutivo.

En cuanto a gobernadores, diputados locales, magistrados e integrantes de cuerpos de dirección de organismos electorales estatales, la Cámara de Diputados resolverá quitarles la inmunidad constitucional y lo comunicará a la legislatura local.

La reforma incluye modificaciones al artículo 61 constitucional, con base en una iniciativa presentada por el senador Guillermo Tamborrell, del PAN, para reforzar que ningún legislador podrá ser reconvenido, procesado ni juzgado por las opiniones que emita durante el ejercicio de su cargo.

El panista consideró que es necesario dar esa certeza a los legisladores para “que queden protegidos de la tentación del poderoso de pretender impedir la expresión de un legislador”.

Gómez Álvarez explicó que se agregaron unas palabras a ese “texto histórico de la Constitución”, en el artículo 61, para precisar que la inmunidad total de los legisladores respecto de sus opiniones estará vigente durante el tiempo que desempeñen el cargo.

Aseguró que lo anterior se fundamenta en tesis recientes de la Suprema Corte, que señalan que la inviolabilidad de sus opiniones aplica sólo cuando hablen en tribuna. “¿Qué pasa –dijo– cuando hacen declaraciones? No tenemos doble personalidad; un senador es un senador en cualquier parte” y no podrá ser reconvenido por lo que exprese.

La minuta pasó a la Cámara de Diputados.

Calderón es el Presidente de la violencia, terco, incapaz de brindar seguridad: investigador

Balance de un lustro

En el propio PAN se reconoce el desgaste de la figura del titular del Ejecutivo

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
1º de diciembre de 2011, p. 14

El primero de diciembre de 2006 Felipe Calderón rindió protesta como presidente en medio del escándalo. Pretendía, al contrario de Vicente Fox, iniciar con poco margen y terminar con amplia gobernabilidadFoto José Antonio López

Artífice junto con Maximiliano Cortázar de confeccionar la imagen presidencial, Alejandra Sota aseguraba al principio del sexenio que la figura de Felipe Calderón era fuerte en términos mediáticos y por tanto debía concentrar los reflectores. Concluía 2007 y en Los Pinos estaban convencidos de que la guerra anticrimen y otras políticas permitirían, como alguna vez confió el mandatario a reporteros, seguir el camino inverso al de Vicente Fox, iniciar con poco margen y terminar con amplia gobernabilidad.

Esta política de comunicación dejó casi solo al Presidente en su lucha contra la percepción pública, y hoy, al

cumplir cinco años en el gobierno, en los equipos de campaña del Partido Acción Nacional (PAN) se reconoce el desgaste de su figura y hasta se contabiliza como factor en contra para las elecciones presidenciales de 2012 aunado a la poca popularidad de los aspirantes del blanquiazul.

Hace un año el mismo mandatario admitió que la comunicación –en la que ha gastado casi 19 mil millones de pesos, según la Cuenta Pública– “no ha sido propiamente lo fuerte” y ofreció “enderezar el barco”. Cortázar había dejado el cargo y Sota cumplía semanas como relevo. Sin embargo, este intento fue tardío y fallido, evalúan expertos en comunicación. La postura de la vocera está ausente de este análisis, porque no quiso dar entrevista a este diario y otros funcionarios cancelaron a último momento.

Hoy su “imagen es la del Presidente de la violencia, de los 50 mil muertos, de la guerra fallida, terco, incapaz de concebir una estrategia para garantizar condiciones de seguridad o la perspectiva de una victoria al ciudadano ordinario”, evalúa Octavio Islas, investigador del Tecnológico de Monterrey y director del Proyecto Internet-Cátedra de Comunicación Digital.

El principal error, plantea, es que antes de declarar la guerra no hubo ninguna estrategia para sensibilizar al ciudadano sobre su necesidad, y el Ejército también se equivocó al creer que la lucha iba a ser rápida y terminante. “El Presidente procedió como cualquier gobernante priísta autoritario que asume la sensibilidad nacional, la sintetiza y obra en consecuencia: no le preguntó a los mexicanos si estábamos de acuerdo con su estrategia, si valdría la pena pagar los costos”.

Falta estrategia

Liébano Sáenz, secretario particular y una de las figuras y operadores más poderosos de Ernesto Zedillo, cree que esta administración “inició con cuestionamientos a su legitimidad y cierto déficit de credibilidad, debido a lo cerrada que fue la elección y a las denuncias de fraude por parte de la izquierda. De alguna manera, añade, eso contribuyó a que el Presidente haya requerido refrendar su posición de manera constante, a través de una participación más intensa en las funciones de comunicación social”.

Aunque “transitar por un proceso de legitimación no pasa por vestirse de militar ni por decir cuántos narcotraficantes se han atrapado cuando ha costado mucha sangre, sino de crear otro tipo de relación con la ciudadanía”, considera Claudia Benassini, comunicóloga por la Universidad Iberoamericana y quien ve a Calderón como un Presidente “solo, poco asesorado o que no se dejó ayudar”.

Islas y Benassini coinciden en que hubo improvisación y poco trabajo profesional en la arquitectura de la imagen del Ejecutivo. “Se dejó a los medios semantizarlo y de hecho, desde el inicio del operativo en Michoacán, donde aparece ataviado con un uniforme militar que le queda muy grande, es caricaturizado, y eso habla de un trabajo nulo en términos de imagen”, explica el investigador. Añade: el haber dejado en manos de Cortázar y de Sota, con escasa experiencia en la relación con la prensa, muestra que el Presidente no midió el momento histórico y la importancia de blindar su política. Eso –acota– sólo podían hacerlo profesionales, no los “amigos” por más leales que fueran.

Sobrexposición

Otro hierro, apuntan, fue la sobrexposición presidencial en los medios de comunicación, y aunque se intentó corregir con los nombramientos de Alejandro Poiré y Sota como voceros de seguridad, fue a destiempo.

“La centralización de la comunicación social que se tuvo desde la Presidencia colocó al Ejecutivo como receptor de todos los problemas, no tuvo figuras relevantes de apoyo que le quitaran esa presión. Esta estrategia tuvo aciertos y áreas de oportunidad”, explica Liébano Sáenz, quien reconoce como virtud que prevaleció la libertad de expresión.

Otra equivocación, dice Benassini, fue centrar el discurso en la inseguridad. “El país es mucho más y sin duda hubo logros, pero están poco presentes”. Además, el Ejecutivo reprochó a los medios la abundancia de noticias sobre la violencia cuando él mismo la colocó como eje de la agenda.

En círculos cercanos al Presidente argumentan que los voceros recibieron asesoría permanente de especialistas, pero les tocó enfrentar problemas muy difíciles como la epidemia de la influenza, la muerte de dos secretarios de Gobernación y las crisis económicas internacionales.

La película del Royal Tour, donde el Presidente actúa como guía de turismo de aventura, es otro ejemplo, dice Islas, de una decisión desatinada. El error consiste en mostrar al mandatario indolente hacia las víctimas que no se divierten en ese México en paz.

Burbuja de seguridad

A medida que transcurrió el sexenio y se extendió la lucha contra el narcotráfico la burbuja de seguridad alrededor de Calderón se reforzó tanto que su proximidad a la gente, incluida la prensa, se redujo. Los reporteros que cubrían sus actividades cotidianas fueron mantenidos en cercos, distantes, en los últimos tiempos con escasas posibilidades de formular preguntas y con poca interlocución con Los Pinos. Dicha función se delegó a funcionarios de tercer nivel.

Es comprensible que el tema de la seguridad personal del titular de Los Pinos sea relevante, explica Benassini, pero parece que el criterio del Estado Mayor Presidencial se impuso en la agenda de comunicación.

Al Presidente se le percibe como un político de corbata, lejano de la ciudadanía, acartonado y hace un parangón con Carlos Salinas de Gortari que debió diseñar una política de mayor cercanía con la gente al llegar también con dudas sobre su legitimidad y acusaciones de haber cometido fraude.

Apreciado por sus dotes de orador cuando fue legislador, el presidente Calderón tampoco tuvo mucha oportunidad de explotar esa ventaja y de hecho en varias ocasiones se quejó de las limitaciones impuestas por su equipo, que inclusive lo criticó por utilizar expresiones como el “fua” frente a atletas de los Juegos Panamericanos.

Sin control de daños

No hubo control de daños, refiere Islas. Algunos estudios demuestran, según Benassini, que el peor momento de la imagen presidencial se dio con el incendio de la guardería ABC, porque no acudió a Hermosillo a ver a los padres de los 49 niños muertos. Después viajó a Monterrey, a Ciudad Juárez, tuvo el diálogo con Javier Sicilia y otras víctimas de la violencia, pero antes mostró indife- rencia y calificó a las bajas civiles de “daños colaterales”.

Otro aspecto que reflejó un pobre control de daños, explica Islas, ocurrió cuando la periodista Carmen Aristegui fue sancionada en MVS por preguntar sobre el supuesto alcoholismo del Presidente y a los pocos días Roberto Gil Zuarth declaró que el mandatario gozaba de “buen estado de salud”.

“Todo esto ha propiciado una imagen de un Presidente que desprecia a muchos medios y en consecuencia a su público, porque además sólo da entrevistas a algunos, con excesos en su forma de beber, e incidentes como la detención y liberación de Jorge Hank Rhon lo hacen quedar en ridículo como si no tuviera estrategia”, explica.

Sobre CFE y el 'Conformismo Mexicano

Carolina Quintana

@KroQN
vie 2 dic 2011

El sexenio calderonista comenzó con uno de los mayores fraudes electorales de la historia de México; sin duda el más grande desde aquella 'caída' del sistema de 1988, que con el mismo descaro permitió a Carlos Salinas de Gortari subir a la presidencia sobre el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del Frente Democrático Nacional. En el 2006, el descontentó fue aún mayor pues varias encuestas de salida, como la de Televisa, daban por ganador al candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el resultado electoral declarado por el IFE daría por ganador al derechista Felipe Calderón por un supuesto margen de 0.58%. Con ello se consumaba el primer fraude del sexenio en curso, pues el proceso no resultaba solamente dudoso, sino que además el margen se mostraba claramente cerrado como para poder declarar a un ganador.

Pero como característica de los mexicanos, rápidamente olvidamos este suceso pues el 11 de octubre de 2009 se nos vino el segundo fraude calderonista, en esta ocasión contra la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyF), la cual de un día al otro dejó de existir por decreto presidencial, dejando sin empleo a más de diez mil trabajadores y una deuda por liquidación cercana a los veinte mil millones de pesos (Suficiente para comprar más de tres mil iPad's de Josefina).

Y nuevamente este fraude quedó en el olvido pues la malaventurada 'Guerra contra el narco' ha acaparado la atención pública; y cómo no lo iba a hacer, si se cuentan más de 50,000 los muertos.

Pero la razón de esta nota es resaltar el modus operandi del gobierno federal, que a sabiendas del conformismo mexicano, ha optado por seguir adelante con sus proyectos fascistas.

Durante el último mes, el reemplazo de LyF, la Compañía Federal de Electricidad (CFE), que cabe destacar era quien le vendía energía a LyF a costos sumamente elevados, ha estado realizando obras de mantenimiento a sus instalaciones en la zona de las colonias Narvarte y Del Valle.

Sin duda, los 'trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras al servicio eléctrico' son fundamentales para un correcto funcionamiento de la red y del servicio a nosotros, los usuarios y clientes. Incluso puedo comprender cuando es necesaria la interrupción, por un corto lapso de tiempo, del suministro para llevar a cabo el llamado 'switcheo' de las líneas antiguas a las nuevas.

Sin embargo, cuando estos cortes duran cerca de doce horas, resulta cuestionable la metodología seguida por la CFE, quedando en entredicho su planeación para estas obras. A mi entender, para sustituir cualquier red eléctrica, ya sea en una casa o en una ciudad, si lo que interesa es molestar lo menos posible a sus usuarios, lo más prudente es tender primero la nueva línea antes de quitar la antigua. Con ello, el tiempo de cambio o 'switcheo' no debería ser mayor a diez minutos.

Pero lo que en realidad ha ocasionado mi malestar es ver como, por un lado, la cuenta de Twitter de CFE (@CFEmx) está más preocupada por ‘palerear’ los logros de Calderón que en responder las quejas de sus usuarios, y como por el otro, los propios usuarios muestran esta actitud conformista que desgraciadamente caracteriza a la mayoría de los mexicanos, justificando que los cortes son necesarios.

En efecto y como lo expuse anteriormente; los cortes son necesarios para completar los trabajos de mantenimiento, pero su duración me ha parecido excesiva, además de que la mayoría de las ocasiones, no han dado aviso a las zonas afectadas.

Así es que invito a todos los mexicanos a dejar a un lado el olvido que nos ha llevado de 70 años de imperialismo priista a 12 años de fascismo panista y exijamos tener los servicios que merecemos, no sólo en cuestión de suministro eléctrico, sino por parte de todas las instituciones a todos los niveles de gobierno, que parecen respaldarse en nuestro conformismo para seguir sin realizar su trabajo como se debe.

CAPITALISMO.GLOBALIZACIÓN.EL ORDEN CRIMINAL DEL MUNDO - Jean Ziegler - E...

Rechaza SME propuesta de inserción laboral del gobierno

El proyecto ya demostró su fracaso, aseguró Martín Esparza

Sugieren integrarse a empresas prestadoras de servicios para la CFE


Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 19

El gobierno federal entregó anoche al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) una propuesta de reinserción laboral que, de entrada, fue calificada por la dirigencia de esta organización como “no viable”.

El SME aspira a regresar a trabajar al sector eléctrico y el planteamiento gubernamental se limita a que los electricistas, ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que no han aceptado su liquidación, se integren en empresas prestadores de servicios para la Comisión Federal de Electricidad y 12 dependencias públicas más.

“De entrada observamos que esa propuesta no es viable para el sindicato. Entonces, el secretario de Gobernación ofreció continuar con una siguiente reunión la próxima semana; analizar la forma de acercar las dos posiciones, tanto sindicato como gobierno”, dijo Martín Esparza, al término de una reunión de más de dos horas en la Secretaría de Gobernación (SG), encabezada por el titular de esta dependencia, Alejandro Poiré.

Los dirigentes sindicales advirtieron que la propuesta recibida este miércoles ya ha demostrado su fracaso con los trabajadores que aceptaron su liquidación y se “embarcaron” en la creación de pequeñas empresas que, finalmente, no prosperaron ni significaron una alternativa viable para la sobrevivencia y ocupación de los electricistas.

Pese al nulo avance en esta parte de la negociación, el SME dijo que por el momento no tiene un “plan de actividades o movilizaciones”, aunque sí deberán llevar este planteamiento a su comisión de trabajo, comité central y asamblea general.

En la reunión estuvieron también presentes el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, así como enviados de las secretarías de Hacienda, Energía y Trabajo, además de los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.

El único avance fue que el gobierno federal y el IMSS se comprometieron a que continuará el servicio médico para los 16 mil 599 electricistas que no han cobrado su liquidación. Es decir, se prorroga el servicio, aunque no se detalló el periodo de este beneficio.

Esta cita ocurre al término del plazo que ambas partes fijaron el 13 de septiembre pasado como vía para que el SME levantara el plantón que mantuvo por seis meses en el Zócalo capitalino.

La minuta firmada con el entonces secretario José Francisco Blake y Marcelo Ebrard señalaba que a más tardar el 30 de noviembre habrían de hallar una solución para el conflicto derivado del decreto de extinción de LFC.

Sin embargo, la fecha llegó y lo único que se logró fue el compromiso de continuar en el diálogo. El SME subrayó en el encuentro que la propuesta vinculada a la creación de micros y pequeñas empresas que serían contratistas del gobierno no corresponde a la propuesta que en octubre presentó este sindicato relacionada con la reinserción laboral de al menos 10 mil electricistas que permanecen en resistencia, en el servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, actualmente a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Se reúnen Ebrard y SME con Poiré

Fuente: Reforma

Según Esparza el Gobierno federal no entregó una propuesta viable por lo que se reunirán de nuevo el próximo jueves.

El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sostuvieron una reunión con el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Martín Esparza, para avanzar en las negociaciones de una posible reincorporación de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro a la industria eléctrica.

Según Esparza, el Gobierno federal no entregó una propuesta viable, por lo que las partes acordaron reunirse de nueva cuenta el próximo jueves en el Palacio de Covián.

"Esta propuesta no es viable para el sindicato, entonces el Secretario de Gobernación ofreció continuar con una siguiente reunión la próxima semana y analizar la forma de acercar las dos posiciones", dijo Esparza.

El líder de los electricistas señaló, además, que se mantendrá el seguro social para los miembros del SME que siguen en resistencia.

Al encuentro acudió el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter.

SME Martin Esparza reunion jubilados 30nov11.wmv

SME Humberto Montes de Oca reunion jubilados 30nov11.wmv

Apagon 30N.wmv

Pablo Gómez habla sobre posible juicio a Felipe Calderón

El Congreso debe legislar la facultad interpretativa del Poder Judicial

La Jornada.
César Garizurieta
Miércoles 30 de noviembre de 2011

El Congreso tiene que legislar sobre dos temas: la interpretación de la ley y la responsabilidad de los jueces. No se ha hecho y, conforme al sistema actual, con esgrimir cualquier argumento, aunque sea un verdadero sofisma, se puede incluso derogar la Constitución.

El ministro Zaldívar, en su proyecto (que terminó aprobado con la honrosa excepción del ministro Ortiz Mayagoitia) dice que lo anima la defensa de la libertad de expresión como herramienta de la democracia. Sin embargo, mediante argumentos, a mi juicio sofistas, termina legitimando la calumnia. Pero eso no es lo peor; pone de manifiesto cómo es factible que un órgano de gobierno, por la voluntad de unos cuantos, derogue el artículo 6° constitucional cuando establece que la libertad de expresión debe ejercerse respetando los derechos de terceros.

Rousseau, Montesquieu y hasta el perverso de Locke vieron en la división de poderes la mejor herramienta para salvaguardar la democracia. Conforme a ella, el órgano legislativo debe hacer las leyes y el judicial, aplicarlas; pero si se permite que un juez abuse de la interpretación al grado de derogar la Constitución o, incluso, una ley, entonces la función judicial invade la legislativa ¿Qué puede ser más antidemocrático? ¿Qué puede resultar más contradictorio a la división de poderes?

No es la primera vez que la Corte, en un exceso interpretativo, deroga preceptos de la Constitución; por ejemplo, el artículo 107 estableció que en el juicio de amparo debería suplirse la deficiencia en que incurran los gobernados al demandar el respeto a sus garantías individuales; la Corte (gracias a un texto desafortunado de la Ley de Amparo) interpretó exactamente lo contrario y convirtió al juicio de garantías en el más técnico y difícil, por lo que hoy el amparo sólo puede demandarlo un especialista. A pesar de los perjuicios que nos han arrogado los tratados internacionales, la Corte los considera jerárquicamente superiores a nuestras leyes y no tarda en colocarlos al parejo de la Constitución. En el asunto Hernández Haddad contra la SRE, consideraron que el Presidente podía remover a un cónsul verbalmente, sin hacerlo por escrito, a pesar de que el artículo 16 constitucional exige este requisito.

No debe creerse que el problema sea, simplemente, del ministro Zaldívar; el asunto obedece a intereses extranjeros; va mucho más allá. El objetivo es evidente: lograr que en las decisiones que afectan al interés nacional intervengan el menor número de personas: se requiere, aproximadamente, del voto de 419 miembros del Congreso para asegurar una modificación constitucional, en cambio para que se interprete la propia ley fundamental en algún sentido se necesita el voto de sólo ocho ministros ¿Cree el amable lector que si estuvieran en manos de unos cuantos las modificaciones constitucionales que permitieran la explotación de los trabajadores o del petróleo por empresas extranjeras no se hubieran modificado ya? Pues de eso se trata.

Por ello urge que el Congreso legisle para que la facultad interpretativa del Poder Judicial se ciña al espíritu de nuestra Constitución, que no es otro más que la defensa de los que menos tienen, y que legisle también para que los jueces sean sujetos del juicio político cuando dicten sentencias que se aparten notoriamente del texto constitucional. De otra forma, ya lo verá el lector, adiós petróleo, adiós 123.

garizurieta@gmail.com

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México bárbaro

La Jornada
Luis Martínez
Martes 29 de noviembre de 2011

Este año se cumplen 100 años de que fue escrito este libro por John Kenneth Turner. Retrata la vida de los mexicanos en el siglo XIX, la forma de vida, la miseria, la opresión. La mayor parte de los mexicanos no sabían leer ni escribir, los trabajadores no tenían derechos; no existían sindicatos; las huelgas estaban prohibidas, incluso se castigaba el intento de pedir aumento de sueldo. Turner hizo dos profecías: México iniciaría una revolución en favor de la democracia y Estados Unidos intervendría para proteger sus intereses. Cuando se escribió este libro había cerca de 30 mil soldados estadunidenses que patrullaban la frontera mexicana y barcos de guerra navegaban en la cercanía de nuestros puertos.

La movilización de tropas fue ordenada por el presidente Taft, al margen del pueblo estadunidense, sosteniendo que no había ninguna violación al derecho internacional. Decía Turner que el objetivo de escribir este libro era alertar a los estadunidenses de que la revolución que se gestaba en México obedecía a causas profundas y evitar que hombres buenos, trabajadores y valientes tuvieran derecho a vivir en libertad; pero, sobre todo, impedir una intervención contra una revolución cuya justicia era indiscutible.

“¿Qué es México?”, se preguntaba Turner. “Llamamos a México nuestra república hermana, la describimos vagamente como una república muy parecida a la nuestra, habitada por gente un poco diferente en temperamento, un poco más pobre, que disfrutaba de leyes republicanas; en síntesis, un pueblo libre en el sentido en que nosotros somos libres.” Pero la gran sorpresa la encontró el escritor cuando descubrió que el verdadero México era “un país con una Constitución y leyes escritas y democráticas como las nuestras”, pero ni la Constitución ni las leyes se cumplían. Han pasado cien años y, toda proporción guardada, hay una distancia brutal entre el país legal y el país real. “En mi primer viaje”, escribe Turner, “fui acompañado por Gutiérrez de Lara, quien me advirtió que en México existía la esclavitud. Tomé mis precauciones para conocer la realidad con mis propios ojos y escucharla con mis propios oídos. Gracias al señor de Gutiérrez de Lara estuve en condiciones de observar y oír cosas que eran inaccesibles para el investigador ordinario. Pude comprobar que sí existía esclavitud en México, la encontré primeramente en Yucatán.

“Los reyes del henequén sostienen que cuanto más barato es el peón mayores son las utilidades para todos. De esta manera el peón se convierte en esclavo. También me explicaron que este sistema no lo llamaban de esclavitud, sino lo denominaban servicio forzoso de deudas, porque la esclavitud es contraria a la ley; por eso le damos otro nombre que no sea contrario a la Constitución. Este negocio, me explicaron”, dice Turner, “llámese como se llame es legal. También me dijeron que era necesario pegarles a los peones, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere, si no los golpeamos no harían nada. A las mujeres se les obligaba a arrodillarse para azotarlas. Se golpea tanto a los hombres como a las mujeres. No recuerdo haber visitado un solo henequenal en que no haya visto esta práctica de utilizar un pesado bastón para picar, hostigar y golpear continuamente a la gente.”

Resulta muy ilustrativa en el presente la relación tan entrañable que se da entre los presidentes mexicanos y los medios de comunicación estadunidenses; por eso es tan útil volver a la lectura de México bárbaro. Conocer las cabriolas publicistas de William Randolph Hearst, propietario de The Cosmopolitan Magazine. Conocer los negocios de la Standard Oil mexicana, que era dueña de terrenos petrolíferos, tenía en sus manos el mercado de distribución y la venta del petróleo de México.

Este 20 de noviembre recordamos el 101 aniversario de la Revolución Mexicana, escenificado por el Ejército Mexicano. Fruto de una revolución vigente, y nos vemos obligados a recordar la advertencia de Jesús Reyes Heroles de que hay un México profundo, que hay un México bronco. La pobreza y la desigualdad están presentes. La riqueza concentrada por el abuso, acaparada sin ningún miramiento con monopolios vigentes que todos conocemos.

El año entrante tendremos elecciones y no habrá bono democrático, sino lo que encontraremos será la desesperanza y la pobreza que agobia a 52 millones de mexicanos, de los cuales 12 viven en la miseria. La pobreza ha sido un mal endémico del país. ¿Qué hacemos con los pobres? La pregunta de Ignacio Ramírez, El Nigromante, que retoma Julieta Campos en su esplendido libro y que no hemos podido exterminar, ¿qué haremos con los pobres hoy?, sigue siendo una denuncia y una deuda moral. Quien gane la Presidencia el próximo año tendrá que enfrentar bajo la frialdad de los números un gran drama humano, que nos obligará por igual a todos los mexicanos.

Matan a activista del Movimiento por la Paz

Moreno indagaba desaparición de 5 jóvenes, uno de ellos su hijo; había pedido protección a Calderón

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2011, p. 14
Ulises Gutiérrez y Alonso Urrutia
Corresponsal y reportero

Integrantes del Movimiento por la Paz protestaron ayer en la representación del gobierno de Sonora, en el Distrito Federal, por el asesinato a balazos del activista Nepomuceno Moreno MuñozFoto Notimex

El activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, quien había pasado cinco años en la cárcel, fue asesinado este lunes en la colonia Centenario, en la zona centro de Hermosillo, por hombres no identificados que viajaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Moreno Muñoz, de 56 años, se había convertido durante el último año en activista social y había participado en protestas frente al palacio de gobierno estatal en Hermosillo para denunciar la desaparición de varios jóvenes en Ciudad Obregón, presuntamente a manos de autoridades e integrantes del crimen organizado.

El también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) participó en octubre pasado en el último diálogo público que tuvo la organización con el presidente Felipe Calderón, a quien solicitó formalmente que se le otorgaran medidas cautelares por las amenazas que había tenido. Calderón instruyó al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, a garantizarle la seguridad, pero hoy Nepomuceno Moreno Muñoz está muerto.

Pietro Ameglio, del MPJD, lamentó el asesinato y destacó que el activista siguió no sólo el caso de su hijo, en el que testificó contra algunos involucrados en el caso para evitar la impunidad, sino también otros casos de la organización. “Si el gobierno es incapaz de garantizar seguridad a quienes tratan de evitar la impunidad de los delitos, denunciando a los involucrados, cómo esperar justicia”, dijo.

El MPJD se plantó en la sede de la representación del gobierno de Sonora para exigir seguridad para la familia y durante el entierro de Moreno Muñoz que se efectuará este martes en la entidad. El activista sonorense participó en el movimiento desde la marcha de Cuernavaca a la ciudad de México, además de acudir a las dos caravanas realizadas por esa organización.

Segundo integrante del MPJD ejecutado en poco más de un mes

Moreno Muñoz es el segundo activista del MPJD ejecutado en poco más de un mes. El 7 de octubre fue asesinado Pedro Leyva, de la comunidad indígena michoacana de Ostula, quien era un participante activo en la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, considerado por el MPJD como una de las experiencias de autoprotección ciudadana más exitosa. En su momento denunciaron la gravedad del hecho, porque se trataba de intimidar a la comunidad indígena. En el caso de Moreno, el MPJD se puso en contacto con Pro Víictima para que coadyuva- ra en el otorgamiento de las medidas cautelares para la familia.

El 5 de septiembre, durante su participación en varias protestas en Hermosillo, Moreno Muñoz junto con otros padres de familia denunció que autoridades de la propia procuraduría estatal y de la policía municipal de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, participaron en la desaparición de cinco jóvenes, entre ellos su hijo Jorge Mario Moreno León, el primero de julio de 2010.

Nepomuceno Moreno fue asesinado este lunes a las 12:15 horas cuando conducía una camioneta pick up modelo 1997 en la colonia Centenario, a seis cuadras del centro histórico de Hermosillo. En el lugar quedaron siete casquillos percutidos calibre 40 milímetros.

En septiembre, durante una protesta frente al palacio estatal en Hermosillo, señaló que su hijo y otros cuatro jóvenes acudieron el 1º de julio de 2010 a una fiesta de graduación en Ciudad Obregón, donde fueron secuetsrados por policías municipales y al menos uno de ellos fue asesinado y del resto se desconoce el paradero.

En esa ocasión expuso que tras constatar la inmovilidad de las autoridades se puso a investigar por su cuenta y encontró pruebas de que los jóvenes fueron secuestrados por policías, quienes incluso siguieron hasta otro municipio aledaño (Vícam), a su hijo Jorge Mario, luego de que éste había logrado escapar de sus captores minutos antes.

Según contó en esa ocasión, en una tienda Oxxo se escondía el joven luego de escapar de sus captores, pero hasta ahí llegaron los “agentes de la ley” para llevarse a su hijo. Ahí también varios testigos anotaron los números de las patrullas que participaban en la “detención”, dijo.

Indicó que contaba con registros telefónicos que demostraban que desde oficinas de la propia procuraduría se realizaron llamadas el mismo primero de julio del 2010, para negociar la liberación de su hijo, en ese momento el desconocía que las llamadas procedían de ese sitio.

Gabino Palomares.El Son del Obrero.

SME HASTA LA VICTORIA.....SIEMPRE